El general Ernesto Vargas y Salvador Samayoa defienden que ha permitido la convivencia en paz
Escrito por José Zometa. Domingo 6 de Diciembre. Tomado de El Diario de Hoy.
Ante las voces de sectores de izquierda de derogar la Ley de Amnistía que perdonó los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado de la Década de los 80, dos firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, externaron la inconveniencia para el país el de que se lleve a cabo ese intento.
Tanto el general Ernesto Vargas como el analista político Salvador Samayoa, quienes además de firmantes de la Paz estuvieron en los bandos enfrentados y formaron parte de las comisiones negociadoras del gobierno y de la ex guerrilla del FMLN, respectivamente, son de esa posición.
El reabrir la derogatoria de la Ley de Amnistía, suscrita en marzo de 1993, y de enjuiciar a los responsables de masacres y asesinatos tanto por parte de la Fuerza Armada como de la ex guerrilla ha vuelto al ámbito político, a raíz del proceso penal abierto por la Audiencia Nacional de España por el crimen de los sacerdotes Jesuitas durante la ofensiva guerrillera el 11 de noviembre de 1989.
Sin embargo, ambos son de la opinión de que no debe derogarse la citada ley que permitió en su momento, no solo poner fin a casi 12 años de guerra fratricida, si no que además, a los comandantes de la entonces guerrilla, insertarse a la vida política y a aspirar a la toma del poder a través de la vía democrática, como en efecto ocurrió con el arribo al Ejecutivo del partido de izquierda.
"No hay que pensar con el hígado si no que con la cabeza, hay que pensar con elementos básicos, ¿dónde estábamos y cómo estábamos (en aquel momento)?. Me parece muy temerario estar haciendo estos intentos", indicó el ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada.
"La amnistía no es un invento de tres o cuatro parroquianos que se sentaron y pensaron en defender la impunidad para encubrirla o mantenerla", planteó Vargas, quien recordó que el tema estuvo presente en el proceso de Contadora y en el documento final de Esquipulas, ambos, instrumentos para acercar a las partes en conflicto y poner fin a la guerra.
Al igual que el general Vargas, Samayoa recordó que en la implementación de la Ley de Amnistía, además de las partes en negociación, contó con la aprobación de la comunidad internacional y de los partidos políticos, lo que le da mayor fuerza y legitimidad a esa ley que ahora pretenden derogar sectores de izquierda.
Samayoa, incluso explicó que en 1995 el Estado salvadoreño ratificó el reconocimiento de la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se dejó plasmado que hechos cometidos en años anteriores a ese año de ratificación, no podrían ser ventilados por ese organismo, solo los cometidos posteriormente.
En ese sentido, cualquier intento de llevar casos de crímenes durante la guerra a la CIDH no es procedente jurídicamente, advirtió Samayoa.
Al ser consultado sobre la Ley de Amnistía, el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Castaneda, dijo que no podía emitir juicios porque en algún momento determinado podría llegar a conocer, si acaso es derogada por la Asamblea Legislativa y ante eso alguien presenta un recurso de inconstitucionalidad.
Lo que sí manifestó es que es un tema complejo para lo cual como Sala ya se están preparando. "Violación de derechos humanos hubo en ambos lados. Como bien dicen muchos políticos, abrir las heridas puede crear un ambiente bastante peligroso", advirtió.
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