Escrito por Gabriel Trillos.27 de Diciembre. Tomado de La Prensa Grafica.
La Corte Suprema de Justicia sentó un precedente al autorizar la extradición hacia Estados Unidos del salvadoreño José Marvin Hernández Martínez, acusado y condenado por violación. La decisión tomó varias jornadas de debate en Corte Plena, y no fue sino hasta contar con la presencia de algunos magistrados suplentes que llegó a una conclusión. Conclusión que inicia un camino por el cual veremos recorrer muchas otras peticiones similares tanto de Estados Unidos como de otros países. La decisión es una señal positiva para la justicia internacional y de reflexión para la justicia local.
Primero habrá que aplaudir la decisión porque este país no puede servir de refugio de delincuentes. Hernández debe pagar por su delito y no es justo que simplemente por haber regresado a El Salvador quedara en la impunidad. Es ilógico que la justicia tenga fronteras. Estados Unidos tiene una lista de salvadoreños que han retornado a nuestro país en busca de refugio. Estoy seguro de que es mucho más larga que entre doce y quince como dijeron hace poco.
Recuerdo al inicio de la década de 2000 cuando el detective Richard Pérez, de Virginia, Estados Unidos, vino al país para mostrar cómo se podía ubicar a un fugitivo de la justicia estadounidense y cómo ese fugitivo podía permanecer sin ningún problema en suelo salvadoreño con varios delitos a cuestas cometidos en suelo norteamericano. Impotencia de las autoridades y frustración de las víctimas o familiares de las víctimas de ese fugitivo.
Un equipo de esta redacción viajó a Washington, D.C., y Los Ángeles para corroborar cómo muchos nacionales habían cometido crímenes horrendos y con el solo hecho de viajar a El Salvador se mantenían en libertad. Tras la decisión de la Corte Suprema, seguramente la Fiscalía y muchas otras autoridades policiales de Estados Unidos en estos momentos están desempolvando expedientes.
Por otro lado, también hay que tomar en cuenta los argumentos planteados por los magistrados que objetaban la extradición, quienes advirtieron que habrá que analizar caso por caso las peticiones futuras. No puede ser este un precedente que concluya o se decida de forma automática para los casos subsiguientes, sino que se debe generar todo un análisis individual alrededor de lo que se pueda venir.
Además, como lo conversaba con uno de los jueces del máximo tribunal, habrá que pensar si esto significará también reabrir casos de situaciones registradas durante el conflicto armado salvadoreño, ya que la ley de amnistía tiene vigencia para la justicia salvadoreña. Se tiene un proceso abierto contra militares en un tribunal español por la muerte de sacerdotes jesuitas (1989). Estados Unidos tiene en su lista de pendientes el caso de los marines asesinados en la Zona Rosa (1985). Francia tiene el caso de la enfermera Madeleine Lagadec (1989). Y así podrá haber reclamos pendientes de otros países.
El caso de Hernández, hasta el momento, ha funcionado casi como un intercambio de reclusos con Estados Unidos, ya que esa nación envió en octubre pasado a Julio Villatoro Monteagudo, acusado de fraude financiero en El Salvador, y que tenía nacionalidad estadounidense. El envío de Villatoro trajo consigo una presión de la diplomacia estadounidense como no se había visto recientemente y ha terminado teniendo sus frutos. Estados Unidos sabe ahora que tiene una puerta abierta para los extraditables y El Salvador también puede proceder con otros casos, como por ejemplo Roberto Carlos Silva, el presunto narcotraficante salvadoreño que hasta el momento se mantiene en California. Ahora que la Fiscalía salvadoreña está perdiendo todos los casos contra Los Perrones no estaría de más que Estados Unidos mande a Silva con toda la información que sospecho les ha dado.
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