Contra Punto-Integridad, transparencia y seguridad pública en El Salvador

Escrito por Jaime López. 30 de Diciembre. Tomado de Contra Punto.

En El Salvador todavía es poco lo que hacemos por preservar y blindar esa integridad. El enfoque de control es todavía tradicional, es decir con un carácter punitivo sobre los actores directos de hechos impropios, que trata de enfrentarlos a un sistema en el que es fácil trabar o evadir la aplicación de la ley

SAN SALVADOR - Una política eficaz de seguridad y prevención de la violencia requiere un nivel adecuado de integridad en las instituciones públicas. De hecho, alcanzar estándares aceptables de control de la corrupción, manejo de conflictos de intereses, transparencia y buen uso de recursos, entre otras medidas, no sólo tiene un efecto de contención contra la criminalidad, en especial la organizada, sino que además alimenta la confianza y el interés de los ciudadanos por preservar la convivencia pacífica y sus espacios públicos.
Sin duda, los problemas de la criminalidad y la violencia son fenómenos complejos. En lo nacional estamos cerrando la etapa de la “mano dura”, que además de no poder contrarrestar la violencia atribuida a las pandillas, azuzó más su peligrosidad. Todavía no es claro cuál es el enfoque alternativo de seguridad pública. Las autoridades gustan usar la palabra “integral” al hablar del necesario complemento entre medidas preventivas y coercitivas, siendo difícil apreciar cómo o con qué recursos ese binomio puede realizarse. Pero a pesar de todo es claro un mayor entendimiento de que el uso de la fuerza por si sola poco sirve.
En lo regional, somos parte de la lucha contra la narcoactividad. En teoría la ecuación es sencilla: hay que combatir el suministro de drogas, que incluye su producción y tráfico, y desalentar el consumo. Pero igual, en la práctica la captura de narcos y los decomisos importantes de drogas, no parecen ser señales suficientes de que esa guerra la estamos ganando. Inclusive, hay indicadores en dirección opuesta. Un informe de la contraloría estadounidense reveló que a pesar de la inversión de 6,000 millones de dólares en el Plan Colombia, entre 2000 y 2006 en el país suramericano la producción de coca creció 15% y la de cocaína 4%[1].[2]
No es difícil encontrar ejemplos sobre la forma en que el crimen organizado transnacional puede penetrar a las instituciones públicas. En el operativo de diciembre de 2009 que concluyó con la muerte del narcotraficante mexicano Arturo Beltrán Leyva,  llamado el “jefe de jefes”, salieron revelaciones e hipótesis sobre la protección que recibía. Se mencionó que el capo tenía informantes en el ejército, las policías municipal y ministerial, así como sicarios que recorrían la ciudad de Cuernavaca. Eso explicaría porque fue una unidad élite de la marina mexicana la que llevó a cabo el operativo sin depender o buscar el apoyo de las otras autoridades que tenían jurisdicción en la zona.[3]
La criminalidad y la violencia es un enmarañado tejido en el que se cruzan fenómenos como el narcotráfico, el mercado de armas, el blanqueo de activos, la evasión de impuestos, el sicariato, la trata de personas y otros. No se trata sólo de un problema penal, menos de un fenómenos focalizado en estratos bajos de la población, como son los jóvenes que habitan los cordones urbanos.  Es toda una economía paralela a la legal, que genera flujos importantes de dinero con sus propias características y efectos distributivos.
La respuesta del Estado frente a estos fenómenos conlleva un esfuerzo por preservar la integridad de sus funcionarios e instituciones. Desde luego, esto no asegura el éxito pero es una condición necesaria. De otra forma, el aparato de seguridad estaría minado en sus cimientos, corriendo el riesgo no sólo de fracasar, sino de quedar, en el caso más extremo, al servicio de los grupos criminales.
Al respecto, en El Salvador todavía es poco lo que hacemos por preservar y blindar esa integridad. El enfoque de control es todavía tradicional, es decir con un carácter punitivo sobre los actores directos de hechos impropios, que trata de enfrentarlos a un sistema en el que es fácil trabar o evadir la aplicación de la ley. No es que dicho control no deba mantenerse y fortalecerse, pero requiere ser complementado con abordajes por un lado más preventivos y por el otro más inteligentes, orientados a cortar las rutas de dinero y bienes ilícitos y a atribuir la responsabilidad en los más altos niveles.
En lo preventivo, los funcionarios y empleados públicos cuentan con libertades casi iguales a las de cualquier otro ciudadano para involucrarse en negocios o participar en actividades que representan conflictos de intereses. Las declaraciones de patrimonio que presentan a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia poca utilidad tienen, porque no hay un proceso sistemático de monitoreo e investigación. Además, no incluyen la parte de intereses, los que eventualmente se transforman en intercambio de favores aprovechando los cargos públicos.
En seguridad las actividades secretas son necesarias pero necesitan estar reguladas. Casos que son admisibles son las operaciones encubiertas y la protección de testigos, siempre y cuando existan limites y obligación de rendir cuentas. Pero en la práctica no solo hay un exceso de secretividad, sino también un manejo arbitrario de las decisiones. Por ejemplo, hay un grupo de despedidos de la Oficina de Inteligencia del Estado que están reclamando indemnización, pero el titular de esa dependencia argumenta que los afectados no aparecen en las planillas o registros de personal de esa entidad.[4]
En lo que tiene que ver con el manejo de información personal de los particulares, igual se encuentra un vacío o amplios márgenes de discrecionalidad. Por un lado se requiere que el Estado establezca, alimente y cruce bases de datos sobre actividades que los particulares hacen que puedan ser consideradas sospechosas. Y por el otro se necesita que esa información sea usada sólo en fines legítimos y con las debidas garantías. Hay un trabajo fino de regulación y de desarrollo de capacidades en esta materia pendiente de ser realizado. Vale mencionar que pareciera ser que la criminalidad es la que usa información personal de forma eficaz, que aprovecha para extorsionar a los particulares.
Entre otros aspectos, hay un rango amplio de responsabilidad diluida. Ante la pregunta de qué pasa cuando una operación policial fracasa por mala planificación, negligencia, fuga de información o pobre evaluación de los riesgos, la respuesta no es clara, y mucho menos lo son el o los responsables. La responsabilidad disciplinaria o penal es el extremo, y tendría que ser la excepción. Por eso hace falta otro tipo de responsabilidad más de carácter ejecutivo o por resultados que nos permitan saber y corregir oportunamente cuando las decisiones no sean las adecuadas.
Estos y otros asuntos hacen dudar sobre la integridad de las instituciones y representan vulnerabilidades que son aprovechadas por la criminalidad. Llama la atención, por ejemplo, que las y los salvadoreños muestran más confianza en la Fuerza Armada que en la Policía Nacional Civil. En un sondeo de opinión realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el 39.5% de los encuestados dijo tener mucha confianza en la Fuerza Armada, mientras que el 20.7% dijeron lo mismo por la Policía Nacional Civil[5]. Aunque no se puede hacer una relación directa, esa cifra nos estaría indicando en algún grado que puede haber una mejor percepción sobre la integridad del ejército con respecto a la del cuerpo policial.  Cabe decir que los niveles de confianza son todavía más bajos para la Corte Suprema de Justicia (11.7%) y la Fiscalía General de la República (11.1%).
Hay esfuerzos y señales positivas con las nuevas autoridades. Y eso la población lo reconoce. El mismo sondeo citado en el párrafo anterior da cuenta que el 81.2% de los encuestados opinó que la situación de la seguridad va a mejorar en el 2010. Esas son perspectivas muy favorables y representan un voto de confianza en las autoridades encargadas de la seguridad. Querer responder a esas expectativas es motivo suficiente para tomar medidas que fortalezcan la integridad de los servidores públicos.

NE: Artículo hecho especialmente para el Suplemento de Inseguridad Corrupción Periodismo de ContraPunto

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[1]    GAO – U.S. Government Accountability Office. Plan Colombia: Drug Reduction Goals Were Not Fully Met, but Security Has Improved; U.S. Agencies Need More Detailed Plans for Reducing Assistance. 6 de octubre de 2008. gao.gov/products/GAO-09-71

[2]    El lector no debería de formarse un juicio a sólo a partir de los datos citados como ejemplo en este artículo. De igual forma se pueden encontrar datos que sostengan argumentos en snetido contrario. Por ejemplo en el Reporte Mundial sobre Drogas 2009, que produce la Oficina sobre Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, se reportó que la extensión de los cultivos de coca había disminuido en Colombia unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2009.html). En lo que si parece haber acuerdo es en los efectos negativos de la narcoactividad y otras formas de crimen organizado y la retroacción que existe frente a la integridad en el servicio público.

[3]    BBC Mundo. México: la "mafia" detrás de Beltrán Leyva. 20 de diciembre de 2009. bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/12/091220_1940_mexico_mafia_gm.shtml

[4]    La Prensa Gráfica. Los despedidos invisibles. 28 de diciembre de 2009. laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/82349-los-despedidos-invisibles.html

[5]    Instituto Universitario de Opinión Pública. Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a finales de 2009. Boletín de prensa año XXIV, No. 6. uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2009/boletin6_2009.pdf

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