Escrito por Luis Armando González. 29 de Diciembre. Tomado de Contra Punto.
Casi nadie ha denunciado esos atropellos al derecho al trabajo, así como tampoco se ha destacado su impacto negativo en la economía
SAN SALVADOR - El año 2009 está a punto de terminar y lo menos que puede decirse que se trata de un fin de año problemático, en muchos sentidos. Las fiestas de navidad no sólo fueron empañadas por los efectos de la crisis económica, sino también por la tensión generada por los despidos en el sector público que se suscitaron durante el último mes del año.
Sobre los despidos se tienen que puntualizar algunas cosas, para no caer en simplismos fáciles. Y lo primero que se tiene que decir es que la empresa privada –incluidas algunas empresas de comunicación que se han rasgado las vestiduras por lo sucedido en algunas instituciones estatales en diciembre— ha venido realizando recortes masivos en su personal, tanto en el marco de la crisis como antes de la misma, una vez que ARENA fue desplazado del Ejecutivo.
Casi nadie ha denunciado esos atropellos al derecho al trabajo, así como tampoco se ha destacado su impacto negativo en la economía. Más aun, algunas de esas empresas –concretamente, de la prensa escrita— presionaron porque en instituciones como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizaran despidos masivos en su personal. Ahora esas mismas empresas no ocultan su indignación porque la sombra del despido se hizo sentir en instituciones en las cuales creen contar con aliados provenientes de las filas de la derecha.
O sea, se está ante una abierta hipocresía en un tema tan delicado y difícil. Porque, ciertamente, con el trabajo de las personas no debería jugarse ni el mismo debería ser usado como bandera de demagogia barata. Quitar a alguien la fuente de su sustento es grave y no debería ser decidido a la ligera.
No obstante, hay cargos que por definición son temporales, pues son otorgados en función de la confianza que se deposita en quienes los ejercen o en función de los vínculos políticos que se han establecido en un momento determinado. Quienes detentan esos cargos deberían ser sabedores de su temporalidad y, cuando los asumen, deberían saber a qué atenerse, en el momento en el que se requieran otras lealtades o cambien las relaciones de poder en el ámbito político.
No todos los cargos en el sector público (de hecho, la mayoría) se caracterizan por ese doble condicionamiento, pero sí algunos de ellos. Y son estos los que con toda legitimidad pueden ser considerados como espacio de renovación inmediata cuando, por ejemplo, se produce un cambio de gobierno.
Ahora bien, mezclar este necesario recambio –el cual tiene que hacerse lo más pronto posible, una vez que un nuevo gobierno es electo— con despidos masivos, motivados por el afán de reducir costos o ahorrar recursos (o castigar decisiones tomadas por administraciones salientes) puede tener efectos sociales contraproducentes, especialmente en momentos en los cuales los agobios socio-económicos se han intensificado y el mercado laboral se ha contraído drásticamente.
En El Salvador esa mezcla se produjo en noviembre y diciembre. Y quienes han tenido que dejar los puestos de confianza que se les dieron cuando ARENA gobernaba, han visto entretejida su situación con la de quienes han perdido su empleo por otras razones (menos o más justificadas, dependiendo de cada caso). Nada bueno puede vislumbrarse a partir de esta última dinámica. Es ella la que hace del cierre de 2009 algo problemático.
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