LPG-La seguridad jurídica debe promoverse sin reservas

La suerte de nuestro proceso en general depende, en gran medida, de la calidad de nuestra seguridad jurídica. Garantizar dicha calidad es a la vez tarea de jueces y de ciudadanos.

Escrito por Editorial.29 de Diciembre. Tomado de La Prensa Grafica.

En el país, la legalidad siempre ha estado bajo amenaza de intereses de diversa índole; eso de seguro se da en todas partes, pero, en nuestro caso nacional, la situación al respecto ha venido siendo más delicada y peligrosa, porque la institucionalidad carece por desafortunada tradición de la fortaleza estructural que garantiza la sana vigencia del derecho. Estamos en un momento muy especial de nuestro proceso de evolución democrática, y las instituciones deben esmerarse más que nunca en cumplir sus respectivas misiones de una manera consistente y competente, para que el desenvolvimiento nacional se produzca de manera segura y sostenible.

El ámbito de la justicia es de los más necesitados de seguridad, aunque suene paradójico. Y generar confianza en ese campo es determinante para la salud del sistema de vida en general. En tal sentido, el rol de la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de lo Constitucional acaba de ser renovada en un 80%, se vuelve clave. Como hemos señalado cuantas veces ha sido oportuno, dicha Sala concentra un poder extraordinario, que debe ser ejercido con absoluta ecuanimidad, responsabilidad y apertura de criterio. En áreas como el amparo constitucional se redobla el imperativo de conocer y decidir con perspectiva jurídica de amplio alcance, más allá de cualquier encierro conceptual limitador.

Estamos en un momento en que el aseguramiento de los derechos debe hacerse efectivo haciendo posible la discusión profunda y desapasionada de los mismos. La suerte de nuestro proceso en general depende, en gran medida, de la calidad de nuestra seguridad jurídica. Garantizar dicha calidad es a la vez tarea de jueces y de ciudadanos.

ESTADO DE DERECHO EN CONSTRUCCIÓN

Insistimos en el rol que les corresponde tanto a la Corte Suprema de Justicia en general como a la Sala de lo Constitucional en particular porque estamos convencidos de que el ejemplo siempre fluye de arriba hacia abajo. La Sala de lo Constitucional tiene, ahora mismo, una responsabilidad histórica que subraya la que tuvo todo el tiempo. Su apertura al debate de altura de las ideas y los planteamientos jurídicos, tanto públicos como privados, debe hacer la diferencia. En el caso de la extradición de un salvadoreño hacia Estados Unidos, condenado allá por delitos sexuales, la Corte Suprema logró una resolución de avanzada; y ése debería ser el tono de todas las resoluciones en cartera, sean de naturaleza privada, pública o internacional.

En El Salvador se viene construyendo, especialmente desde que emprendimos la remodelación nacional de posguerra, un Estado de Derecho que merezca el nombre de tal. Y un Estado de Derecho de esa magnitud requiere un ejercicio judicial renovado en todos los órdenes y niveles.

Como decíamos, la seguridad jurídica se basa en el apego a la ley con espíritu abierto y voluntad armonizadora. Recuérdese que el Órgano Judicial, en la democracia, no es una fortaleza aislada, sino un ente participativo, que requiere, como todos, credibilidad y efectividad. La tarea, pues, va más allá de lo estrictamente jurídico, aunque lo jurídico debe ser potenciado y preservado en su integridad vigente y positiva.

La seguridad jurídica debe promoverse sin reservas