Son casos de decisiones arbitrarias o políticamente motivadas. Son casos que socavan la estabilidad laboral de los servidores públicos. Son casos que se han manejado con poca o ninguna transparencia.
Escrito por Joaquín Samayoa.23 de Diciembre. Tomado de La Prensa Grafica.
Varios miles de familias salvadoreñas cierran el año cargando una pesada angustia. No podrán celebrar la Navidad como acostumbraban hacerlo. No saben si podrán hacer frente a las necesidades materiales de sus familias el próximo año. Muchos perdieron sus empleos hace ya varios meses, víctimas inocentes de la crisis económica o de la primera ola de despidos en el sector público; otros recién han recibido las malas noticias o temen recibirlas en los próximos días.
Sea por reducciones reales y drásticas en el ingreso familiar, sea por temor a quedar en la calle de la noche a la mañana, cabe esperar un comportamiento austero y prudente de los consumidores en esta época en la que normalmente todos nos permitimos algunas libertades y hacemos mejoras en la vivienda, cambiamos vehículo, celebramos con amigos, viajamos y hacemos obsequios a las personas más queridas.
Dejando a un lado las implicaciones negativas del consumismo que nos distrae del genuino espíritu de la época y nos impone, en cambio, el estrés de las aglomeraciones en las calles y centros comerciales, la actividad comercial de las semanas previas a la Navidad es un potente dinamizador de la economía y ayuda a los comerciantes a reponerse de los meses en los que han tenido que asumir pérdidas o lograron cubrir, a duras penas, la inversión y los costos.
Las cifras altas de desempleo provocan efectos directos e indirectos en sentido contrario: restringen el consumo, deprimen la economía, reducen la recaudación fiscal, socavan la confianza de empresarios y consumidores, limitan en cantidad y calidad la inversión pública, tienden a generar más desempleo. Un círculo vicioso muy difícil de romper, tanto más cuanto la economía nacional y familiar se ve asediada por costos adicionales en seguridad privada y por extorsiones de las que no se libran ni los negocios más pequeños ni los más grandes.
El presidente Funes sigue mereciendo excelentes calificaciones por su prestancia y por la defensa valiente de sus convicciones democráticas. Esas valoraciones que hace la población constituyen un factor de confianza y esperanza, que hasta ahora ha contribuido a evitar que la economía se deteriore aun más. Sin embargo, transcurridos ya casi siete meses de su gestión al frente del gobierno, sigue en deuda en lo concerniente a algunas de sus ofertas electorales más directamente relacionadas con la seguridad y el bienestar económico de la población.
No tenemos todavía una política viable y coherente de estímulo al empleo. Los periódicos de ayer nos dan la buena noticia de que está casi listo el borrador del plan quinquenal de desarrollo económico y social, en el que se destaca el estímulo a la inversión y a las exportaciones. Habría sido conveniente elaborar el presupuesto para el año 2010 en consonancia con las metas y estrategias de dicho plan, pero se disculpa el retraso si el tiempo ha servido para producir un plan más realista, mejor integrado y con mayor respaldo de empresarios y trabajadores.
De momento, sin embargo, lo que salta a la vista son acciones controversiales o llanamente negativas del gobierno en el tema del empleo. El gobierno del presidente Funes está dejando mucho que desear en su rol como empleador. Todos entendemos que un nuevo gobierno necesita reemplazar al estamento de funcionarios y empleados de mayor confianza. También tiene derecho a asignar las posiciones de mayor responsabilidad a personas que comparten la visión del gobernante y están dispuestos a impulsar su proyecto político. Desde luego, tiene no solo derecho sino obligación de eliminar plazas innecesarias y sustituir a los empleados ineptos o corruptos. El problema es que son ya muchos los empleados que han sido eliminados sin encajar en ninguna de esas categorías.
Por el contrario, se conoce de casos de personas competentes en posiciones técnicas, con trayectoria larga e impecable, sin agenda política, a quienes no se les ha renovado sus contratos o han sido despedidos sin haber sido evaluados y sin mediar una justificación razonable. Peor aún, muchos de esos empleados han sido sustituidos por otros de inferior formación, experiencia y capacidad. Son casos de decisiones arbitrarias o políticamente motivadas. Son casos que socavan la estabilidad laboral de los servidores públicos. Son casos que se han manejado con poca o ninguna transparencia. Son casos de flagrante injusticia laboral.
Un presidente de la república no puede estar encima de todas las decisiones que toman sus colaboradores; pero en este tema tan delicado, debiera pedir informes detallados, frenar con firmeza las arbitrariedades y restituir los derechos laborales que hayan sido violados.
Para los que consumimos sus lineas es necesario aclarar quienes son las victimas de la s medidas del gobierno. De lo contrario cae todo esto en un vacio razonable pues solo se hacen afirmaciones de hechos serios con graves consecuencias familiares. Es una pena si que a unos cuantos servidores publicos se les dedique articulo tras articulo y a cientos de miles de compatriotas obligados a abandonar el pais por falta de futuro solo se les refiera cuando se trta de enviar dinero, dinero dolido que es el que al fin y al cabo los ahora afectados en el sector publico devengan. Es una pena que este sr no les mencione pero tampoco sorprende.
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