Un aproximado de 40 a 50 empleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) fueron cesados en junio pasado. Una docena de ellos, los que tenían más de 10 años, han acudido a diversas instancias para reclamar su indemnización. No han obtenido nada. No hay registros de ellos.
Escrito por Equipo de Nación.28 de Diciembre.Tomado de La Prensa Grafica.
La norma en el ambiente de inteligencia es el sigilo. Las personas que trabajan en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) no usan sus verdaderos nombres cuando se comunican entre ellos.
Las labores están compartimentadas, es decir, lo que hace un departamento no lo conoce otro. Los sueldos son en efectivo y no hay pagos a las AFP, Seguro Social o descuentos de Renta.
Todo es para proteger la identidad y seguridad de este grupo tan peculiar de trabajadores públicos.
A finales de junio, un aproximado de 40 a 50 empleados del OIE, una institución surgida de los Acuerdos de Paz, fueron cesados. Para ellos era un paso lógico, pues habían laborado con cuatro gobiernos de ARENA y desde que estuvo clara la victoria del FMLN sabían que su período en “la oficina” había terminado. Lo que no se esperaban era que no les pagarían indemnización.
Lorena Iraheta, el nombre en clave de Daysi Infantozzi, jefa de Recursos Humanos del OIE, llamó al grupo de empleados y les pidió firmar una “carta de retiro”, según consta en la denuncia que un grupo de trabajadores interpuso ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH).
Los despedidos aseguran que eran conminados a firmar. Dos hombres de seguridad se ponían a diestra y siniestra y luego los acompañaban hasta la salida. No podían regresar a sus escritorios a traer sus artículos personales.
Cuando reclamaron sus indemnizaciones, se les dijo que no había nada para ellos.
Un largo peregrinar
LA PRENSA GRÁFICA habló con tres de los despedidos, bajo la condición de no revelar sus nombres. Ellos contaron los problemas que han tenido desde que fueron cesados.
Cuentan que la Procuraduría General de la República (PGR) les facilitó un abogado para acudir ante el Tribunal del Servicio Civil para poder pelear la indemnización, mientras que en la PDDH se abrió un expediente.
Sin embargo, fue en el Tribunal del Servicio Civil donde se dieron cuenta que todas las medidas que se tomaron para proteger sus identidades se habían vuelto en su contra.
El 20 de octubre, el Tribunal declaró “inepta” la demanda “en vista que no existe un vínculo laboral entre el Organismo de Inteligencia del Estado con la parte demandante que pueda demostrar que se encuentra dentro de la carrera administrativa”.
Por “inepta” se entiende que el Tribunal no encontró un contrato de trabajo que atara a los demandados con el OIE.
De hecho, en la misma sentencia se expone la versión de Eduardo Linares, el director del OIE: “Según consta en la información brindada por el director del Organismo de Inteligencia del Estado, el cual expone que no existe ninguna documentación que compruebe y haga constar que existió una relación con el señor (…) con dicha institución”.
Además, Linares dice en el proceso, de acuerdo con el acta, que “no existe constancia de que el demandante haya recibido algún tipo de remuneración en dinero como contraprestación directa de un servicio brindado a la mencionada institución”.
Linares no estuvo disponible para hacer comentarios a LA PRENSA GRÁFICA. En el acta del Tribunal del Servicio Civil se hace constar que no estuvo presente. Que un abogado, Gilberto Canjura Velásquez, actuó como apoderado general judicial.
Óscar Luna, el procurador de Derechos Humanos, asegura que al abrir un expediente al OIE por los despidos también intentó contactar a Linares y se encontró con la misma respuesta que tuvo el Tribunal del Servicio Civil.
“Se libró un oficio al director del organismo. Con él se habló más de una vez para pedirle una audiencia, una reunión, pero nunca se pudo concretar. Luego, se le pidió un informe. Lo que tenemos de respuesta es que ellos no aparecen en el registro”, revela Luna.
El procurador sospecha que la práctica de utilizar seudónimos en el OIE pueda estar obstaculizando la identificación de los trabajadores porque, para él, “se entiende que ellos sí trabajaron ahí”.
En la carta que le enviaron los cesados a Luna se hace una mención especial del desmantelamiento del departamento de Contra Inteligencia (CI) y de la base ubicada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Luna tiene duras palabras por la obstaculización que ha tenido del OIE, especialmente en la jornada del viernes 24 de julio, cuando un grupo protestó frente a la fachada de la sede del organismo.
“No se permitió el ingreso de miembros de la Procuraduría a las oficinas de ese organismo. Eso es violatorio a las mismas leyes de la Procuraduría. No sé qué es lo que puede esconder una organización de este tipo”, apunta el funcionario.
Curioso este caso... se me hace de que en este orgnanismo trabajaban muchos gusanos. Interesante.. a ver que pasa.
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