Escrito por Gregorio Morán.Diciembre 21. Tomado de Contra Punto.
Las autoridades de seguridad pública quieren que haya una población desarmada porque, al fin de cuentas las armas solo sirven para matar. Muchos de los que se defienden con una de ésas solo esperan tres posibles resultados; mueren en el intento, matan al agresor o terminan en un hospital.
SAN SALVADOR - Las autoridades responsables de la seguridad pública en el país tienen puesto el ojo en un punto clave en el combate de la criminalidad: el desarme de la sociedad.
Para la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Aída Santos de Escobar, sacar de circulación las armas del ambiente público sería como “un punto de honor” en las actuales circunstancias de violencia que afligen a los salvadoreños.
“Yo le aseguro que desarmamos a la población y los niveles de violencia van a bajar”, dice a ContraPunto. Las estadísticas actuales son el sustento de sus afirmaciones.
No a las armas
El Instituto de Medicina Legal de San Salvador ha verificado que la mayoría de los homicidios que se dan en el país son provocados con armas de fuego. El jefe de Estadísticas de Medicina Legal, Fabio Molina, dice que entre enero y noviembre de 2009, hubo 3,998 asesinatos y de ese total 3,033, equivalente al 76.1 por ciento, fueron atacadas con arma de fuego.
Además, en el país circularían al menos 215,000 armas de fuego de forma legal, según datos del ministerio de Defensa y las autoridades competentes sigue matriculando armas.
Santos de Escobar piensa que en El Salvador se debería al menos pensarse seriamente en que las reformas a las leyes prohíban la portación de armas en lugares públicos. Porque aquí, “la gente está pensando en cómo armarse más”, reclama. De hecho, Defensa corrobora tal apreciación de Santos de Escobar cuando confirma que solo este año, se han matriculado 3 mil 415 armas de fuego.
Pero un número similar a las que circulan legalmente, se encuentran ilegalmente en manos de los delincuentes.
Tras declarase enemiga de las armas, la presidenta del CNSP dice que lo más viable para motivar la tranquilidad de los salvadoreños en términos de seguridad pública y ciudadana, es derogar la Ley de Portación y Tenencia de Armas.
No obstante, tal medida debería ser progresiva, dice. “Deroguemos ahorita la portación” y que quede vigente la tenencia pero solamente en las casas para resguardarse.
El director de investigaciones de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, está en esa misma sintonía y dice que desarmar a la sociedad salvadoreña “sería una de las mejores cosas que nos pudiera suceder. Siempre lo he sostenido desde que soy policía”, dice a ContraPunto.
Esta medida no es una cosa fácil, no es algo que se dará el próximo mes o año, pero como “aspiración estratégica”, el desarme tiene validez, agrega Cotto, quien además considera necesario regular la venta de alcohol, cuyo consumo degenera en hechos violentos.
De hecho, la Política de Seguridad Pública que el actual gobierno quiere impulsar ya contiene regulaciones legales en el tema de bebidas alcohólicas, y tanto Santos de Escobar como Cotto creen que se está avanzando por el camino del desarme.
Santos de Escobar, una férrea crítica del “manodurismo” impulsado por las administraciones de Francisco Flores y Antonio Saca, retoma tal término pero enfatizando en que “si se necesita mano dura en materia de seguridad, es en el tema de desarmamentización”, además en el control de las distribuidoras de armas en el país.
Este paso hacia el desarme debe ser inmediato, ahora que se tienen hasta 12 muertos diarios. La necesidad de controlar este aspecto no es algo nuevo.
El Estudio “Armas de fuego y violencia” editado por el Instituto de Opinión Pública de la UCA, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también ha motivado el desarme cuando expresa que “sociedades con fuertes restricciones legales y sociales a la difusión de armas de fuego, suelen presentar también bajos índices de violencia”.
Ya no más cultura violenta
Pero el desarme no es suficiente.
La cultura de la violencia en el día a día de las y los salvadoreños debe necesariamente de tomar otro rumbo, según la funcionaria.
Por ello cree que la intolerancia de la mayoría de la población hacia actitudes que muchas veces no merecen una respuesta; por ejemplo a la infracción de normas, como las de tránsito, que son más comunes, o el irrespeto al peatón, las diferencias entre vecinos que generan resentimientos y tantas otras actitudes, también deben ser tomadas en cuenta a la hora de plantear soluciones de seguridad.
Esta cultura de violencia ha permanecido arraigada en el “sistema de valores”, antes, durante y después de la guerra civil que vivió El Salvador, tal como lo señalaba hace más de 10 años un documento de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, bajo el auspicio de la Red de Centros de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo.
Pero desde entonces esta cultura no ha tenido la atención de las administraciones gubernamentales.
Ahora, dice Aída Santos, se debe trabajar en acciones de corto, mediano y largo plazo, porque no será fácil minimizar la cultura de violencia.
Howard Cotto, por su parte, avala la posición de la presidenta del CNSP, argumentando que la concepción de cómo enfrentar la vida plantea soluciones de conflicto que rayan con la violencia, incluso con miembros de nuestra misma familia.
De manera que la solución inmediata de muchos problemas tan simples como el de reclamar un parqueo se soluciona con violencia verbal y, si es posible con un arma de fuego o de otro tipo.
Por ello ambos funcionarios ven el desarme y la minimización de la cultura de violencia, un buen comienzo para asegurar la tranquilidad y la paz pública.
En desacuerdo
Pero la idea del desarme inmediato no es apoyada por el diputado Antonio Almedáriz, del Partido de Conciliación Nacional, quien además es miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso.
A su juicio, el desarme podría darse toda vez que la Policía Nacional Civil tenga la capacidad de garantizar la seguridad a los ciudadanos.
“El día que la PNC garantice la seguridad, ese día estaríamos de acuerdo (con el desarme de la sociedad)”, señala Almendáriz. Advierte que si se desarma en este momento a la gente, se la dejaría “a merced de los delincuentes”.
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