Además de quejarse por el exceso de información que pretende tener Hacienda con las declaraciones anuales de patrimonio, políticos y empresarios piden mantener las garantías de un procedimiento administrativo que, según ellos, se violentará con la aprobación de las reformas al Código Penal propuestas en el paquete fiscal.
Escrito por Estela Henríquez/Lourdes Quintanilla/ Sigfredo Ramírez. 05 de Diciembre. Tomado de La Prensa Grafica.
Discrecionalidad, chantaje y corrupción son peligros que diputados de ARENA señalan al evaluar las reformas solicitadas por el Ejecutivo para el control de los contribuyentes y la aplicación de las reformas solicitadas al Código Penal. En la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) insisten que con estas medidas se lesionará la seguridad jurídica.
Las principales críticas están en la intención de eliminar la vía administrativa para la investigación de un delito fiscal.
El diputado arenero Guillermo Ávila Quehl planteó que este tema puede derivar en acoso fiscal. “Antes, para procesar a alguien por evasión de impuestos había que agotar la vía administrativa y ahora ya no la hay. Si un auditor dice que alguien está evadiendo, ¡lo manda a la Fiscalía!”, advirtió.
Con este proyecto, aún no aprobado, la fracción de ARENA estudia una contrapropuesta: “Vamos a solicitar que cuando los funcionarios de la administración pública revelen información de algún contribuyente vayan también a la cárcel”.
Otros temores
Raúl Melara, director ejecutivo de la ANEP, comparte la misma preocupación de parte de los empresarios.
“Hay algunas propuestas de reformas al Código Penal donde estamos convencidos que pueden darse discrecionalidades y arbitrariedades por parte de los funcionarios”, indicó.
Melara se refería a la propuesta del Ejecutivo para eliminar la vía administrativa de investigación sobre sospechas de delitos fiscales y optar por tribunales.
Con el cambio propuesto, la Administración Tributaria podrá elaborar los informes en cuanto a la investigación de una posible evasión o elusión y enviarlos, tal cuales, a la Fiscalía.
“Al eliminar la vía administrativa y dar esto pie a que se pueda iniciar un proceso penal puede ser mal utilizado por algunos funcionarios de turno. Creemos que no es conveniente”, advirtió Melara.
Varias gremiales integradas en la ANEP señalaron también esta reforma como la más objetable del proyecto, en materia penal.
El proyecto de decreto para reformas al Código Penal, que ya está en estudio de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, consta de nueve artículos en los que se regula con más precisión y claridad el aprovechamiento indebido de un agente de retención de devoluciones, reintegros, compensaciones, acreditamientos, subsidios, incentivos o estímulos fiscales.
En la redacción del objeto de esta reforma reza: “El fenómeno de la defraudación al fisco ha evolucionado, desplegando múltiples conductas reprochables por el perjuicio causado a la sociedad salvadoreña”. El ministro de Hacienda explicó, al presentar esta reforma, que con estas medidas se combatirá con más eficiencia la evasión fiscal que se ha generado en los últimos años.
Principales temores
Además de las medidas de aumento de multas por infracciones tributarias, a políticos de oposición les preocupa la discrecionalidad que entregan las reformas penales y el poco tiempo que tienen para objetarlas.
En la actualidad De las nueve conductas que constituyen el delito de evasión de impuesto, tres de ellas presentan como necesario en el procedimiento concluir un proceso administrativo antes del conocimiento penal.
Sugerencia de ANEP La empresa privada pidió, en la consulta que Hacienda realizó, que no se eliminara el proceso administrativo en casos regulados en el Art. 250-A del Código Penal considerando que no ameritan trato judicial.
Conductas del Art. 250-A -Utilizar documentos falsos o que previamente hayan sido utilizados para generar beneficios fiscales. -Omitir declarar ingresos; declarar valores provenientes de operaciones inexistentes, entre otros.
Hacienda no aceptóLa propuesta de la ANEP no fue aceptada y Hacienda mantiene que por una declaración falsa se suspende la vía administrativa y el caso debe ser enviado directamente a la Fiscalía general de la República.
Las excepciones No declarar operaciones gravadas y declarar costos, gastos o créditos fiscales que no existen no son excepciones que Hacienda considera se deben mantener. Por lo que decide también eliminarlas.
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