La cámara tenía previsto realizar hoy la audiencia por la apelación de una multa, pero el abogado del periódico considera que no hay garantías para resolver el caso con objetividad e imparcialidad.
Escrito por Efren Lemus/Amadeo Cabrera.07 de mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
Ambas magistradas (de la Cámara de Menores) no están en condiciones de actuar con objetividad e imparcialidad en el presente caso.”
Arístides Perla, abogado de LA PRENSA GRÁFICA
El abogado de LA PRENSA GRÁFICA, Arístides Perla, presentó ayer por la tarde una recusación contra tres magistradas de la Cámara de Menores de San Salvador, por considerar que adelantaron criterio sobre la multa impuesta contra este periódico por publicar la identidad y las fotografías de un menor procesado por homicidio.
“Creemos que la magistrada presidente de esta Cámara, Doris Rivas Galindo, se debe de apartar de conocer del recurso de apelación por haber sido organizadora de la V Convención Judicial Nacional que se llevó a cabo el día 19 de abril y haber participado en la mesa donde se divulgó una encuesta donde se considera que los medios de comunicación amenazan la independencia judicial.”
Durante la convención judicial, varios de los participantes dieron su apoyo a la jueza Segunda de Menores, María Isabel Ponce, quien condenó a LPG a una multa por violar la intimidad de Jonathan D. El menor fue fotografiado al momento en que apuñalaba a Carlos Garay, estudiante del INFRAMEN, por robarle una camisa.
Los jueces hasta proponían que la convención fuera bautizada con el nombre de la jueza Ponce; sin embargo, la propuesta no contó con respaldo. En la reunión, los organizadores presentaron una encuesta donde el 77% de los jueces entrevistados decía que la mayor amenaza para la independencia judicial era la presión o influencia de los grandes medios de comunicación.
Perla asegura, en el escrito, que la magistrada recibió una “lluvia de información y propuestas de apoyo” sobre la jueza Ponce: “Presentar el apoyo público a la señora Jueza Segundo de Menores, significa que están avalando el actuar, pero no solo eso, sino que están de acuerdo con la resolución que emitió, la cual convierte a la señora Magistrada en una Juzgadora con cierto grado de prejuicio en contra de los medios de comunicación, en especial en contra de LA PRENSA GRÁFICA, por participación y omisión adelantando criterio”.
El abogado reconoce que el plazo para recusar a un magistrado ya venció –se debe realizar cuando se emplaza el recurso–; pero dice que las mismas disposiciones legales establecen que se le debe dar trámite cuando sea “por una causa producida o conocida después de los plazos señalados, podrá deducirse dentro de las veinticuatro horas a contar de la producción o del conocimiento”.
Perla dice que se enteró de que Rivas Galindo era organizadora de la convención judicial hasta el día de ayer, por medio de publicaciones periodísticas. “Este Abogado, no tenía la obligación de saber quiénes eran los organizadores, ponentes, propuestas, contenido de la V Convención Judicial que se desarrolló el día 19 de abril”, justifica.
El documento también pide que otras dos magistradas de la misma cámara, María Edith Rivas de Ávalos y Sandra Elizabeth Chorro, se separen del caso.
Chorro es la suplente de cámara. Cuando LPG presentó una revocatoria para frenar la audiencia que pretendía enfrentar al representante de este periódico con el menor procesado, Rivas Galindo estaba fuera del país y fue la suplente quien conoció el caso. En esa resolución, la cámara desiste de citar al menor y, al mismo tiempo, recrimina que los medios de comunicación han manejado la información del caso “caprichosamente” y dañan la imagen del menor Jonathan D.
“Ambas magistradas no están en condiciones de actuar con objetividad e imparcialidad en el presente caso”, reitera Perla.
El abogado también anexa como pruebas publicaciones de El Diario de Hoy, en las cuales la madre de la víctima, Silvia Granados, denuncia: “Tanto la jueza segundo de menores como las magistradas de Cámara, no tendrían que estar abogando a toda costa por Jonathan D., sino su defensor, pues los tribunales no deben inclinarse por nadie”.
Granados había solicitado autorización para un querellante (abogado particular para acusar al menor), pero el juzgado rechazó la solicitud. El abogado Óscar Vega, entonces, presentó un recurso de apelación, pero la cámara no lo aceptó porque, dicen, no fue presentado en los plazos legales establecidos.
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