Manuel Hinds.28 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.
El gobierno ha pasado ya cerca de un año tratando de escribir un plan de gobierno que, según anuncia, será de 500 páginas. El problema, sin embargo, no es no tener un documento así de grande sino uno muy pequeño, de unos cuantos párrafos, en los que se definan los objetivos y las prioridades principales del gobierno, para que todos en la administración sepan hacia dónde deben orientar sus actividades. Si las prioridades se ajustan a lo que la población desea, deberían incluir no más de tres actividades: recuperar el crecimiento económico, reducir la criminalidad, y hacer que las instituciones funcionen. Con sólo lograr estos tres objetivos el presidente Funes tendría un gobierno exitoso.
Como muchos ciudadanos hemos notado desde hace mucho tiempo, la recuperación de la inversión requiere de una reafirmación de los principios democráticos de nuestro país, que debe realizarse no con más discursos —ya hemos tenido muchos de ellos sin ningún resultado—, sino con hechos que solidifiquen la institucionalidad democrática del país. Esto implica resolver la contradicción que existe entre el presidente Funes y el resto del FMLN en términos de la adopción del Socialismo del Siglo XXI, y resolverla en el sentido de que quede claro que el presidente no sólo dice que lo no adoptará sino que también demuestre que su gobierno no está dedicado a adoptarlo sino a impulsar el desarrollo del país dentro del marco de la democracia.
Para recuperar la inversión y la actividad económica, el presidente tiene que desenredarse de los mensajes en contra de los inversionistas que constantemente tejen alrededor de él los miembros de su propio partido. Esto implica una de dos: o el FMLN renuncia al objetivo de introducir el Socialismo del Siglo XXI, o el FMLN se va del gobierno del todo y se perfecciona el divorcio entre el presidente Funes y ese partido. Como sería ingenuo creer que el liderato del FMLN renunciaría a entregar el país a Cuba y Venezuela, entonces queda sólo una opción: apartar al FMLN de los focos del poder gubernamental. El equivalente de esto fue lo que hicieron los líderes social demócratas que modernizaron la izquierda en las últimas décadas y aseguraron su continua participación en el gobierno de los países desarrollados.
Felipe González, Ricardo Lagos, Tony Blair y últimamente Lula, lograron gobernar estable y progresivamente precisamente porque, viniendo de la izquierda, apartaron a los extremistas del poder en su propio partido y gobierno y los sustituyeron con moderados. El presidente Funes no tiene el control de su propio partido que estos líderes tenían, pero sí tiene legalmente el control de la rama Ejecutiva. Él puede sustituir a los radicales del FMLN con profesionales competentes y moderados, que inmediatamente daría la confianza necesaria para que la economía despegue.
Muchos dirán que ninguna de estas posibilidades es factible políticamente, que habrá que buscar una solución intermedia. Pero cualquier solución de este tipo no va a despejar las dudas de la ciudadanía. Todas las decisiones tienen costos. Si el presidente no puede excluir a los radicales anti-inversión de su propio gobierno, no habrá ni inversión ni recuperación económica. La gente no es tonta. Nadie invierte si en el gobierno hay miembros del partido que amenazan continuamente con expropiar a los que inviertan. Para entender esto no es necesario un alto grado universitario en economía; basta con una dosis de sentido común.
La decisión sobre su gabinete también tiene implicaciones para las decisiones que el presidente tiene que tomar en los otros dos temas: la seguridad ciudadana y el funcionamiento de las instituciones. Hasta ahora el gobierno no ha logrado revertir el crecimiento de la criminalidad en el país. La velocidad del deterioro es tal que este problema se ha convertido en un obstáculo de primera magnitud a la actividad económica y en el mayor azote a la calidad de vida de los ciudadanos. Todavía no hay una estrategia para combatir este problema. No son 500 páginas las que se requieren, sino una idea clara de lo que se quiere hacer. Y personas que estén dispuestas a resolver el problema y cuenten con la competencia necesaria para hacerlo. El nombramiento de los funcionarios actuales se basó en razones ideológicas y políticas; el nombramiento de los nuevos debe basarse en competencia.
El tercer tema es muy importante. El pueblo entero paga impuestos para tener servicios públicos y el gobierno no los entrega con la calidad debida: la educación pública es deficiente, la salud pública ya no digamos, la policía es inefectiva, etc., etc. Los políticos tienden a entusiasmarse con proyectos nuevos y a aburrirse con hacer funcionar los que ya existen. Para el pueblo lo segundo es la base de todo, lo importante es la calidad de los servicios, que una vez alcanzada puede entonces reproducirse. Como en el tema de seguridad, los funcionarios que manejan las instituciones del Estado ahora fueron nombrados por razones ideológicas y políticas. Ellos son los menos adecuados para mejorar los servicios porque creen fanáticamente que el país no mejorará sino se aniquila a los inversionistas y a las instituciones democráticas. ¿Para qué entonces tratar de mejorar estas instituciones? Para ellos lo que hay que hacer es destruirlas, junto con los inversionistas. Estos funcionarios son lo contrario de lo que se necesita.
Estos son los retos principales que tiene el presidente Funes. Hasta ahora no ha podido superarlos porque hacerlo implica deshacer el pacto que lo llevó al poder. El problema es que si no lo deshace el país seguirá cayendo económica, social y políticamente. Todavía está a tiempo de revertir esta tendencia.
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