La temporada de lluvias apenas comenzó y El Salvador está en caos. No se trata de un invierno excepcional. Ya los expertos en clima explican que incluso precipitaciones promedio pueden provocar desastres, debido a que el suelo es incapaz de absorber el agua, por el alto grado de erosión que hay.
Escrito por Luis Laínez.30 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.Por eso es que varias horas de lluvia intermitente pueden poner a esta sociedad en jaque. Si a eso se le suma la mala planificación urbana, una deficiente respuesta del Estado a las emergencias –recuérdese cómo la Procuraduría de los Derechos Humanos condenó la reacción tardía del Estado ante la tormenta Ida, apenas hace seis meses– y controles inexistentes el resultado son inundaciones, víctimas y damnificados.
La incipiente democracia salvadoreña no ha podido fortalecer las instituciones. La vulnerabilidad del territorio (el peligro de los ciudadanos a padecer por deslizamientos, derrumbes, inundaciones o correntías) tiene hundidas sus raíces en la debilidad de las instituciones. Si la sociedad no puede lograr que ellas funcionen, estamos a merced de los fenómenos naturales (y de los corruptos, del crimen organizado, de las pandillas y de un largo etcétera).
Esto tiene muchos ángulos, desde la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (por citar una zona) que autoriza proyectos en áreas de recarga acuífera, hasta la Fiscalía que no persigue a los que no respetan las leyes medioambientales... todas las instituciones fallan.
Y esto va más allá del funcionamiento de los procesos de prevención de desastres. La justicia tampoco funciona como debería, sobre todo para exigir el cumplimiento de los derechos ciudadanos. Año con año, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que hay corrupción dentro del Órgano Judicial. El más reciente reclamo sucedió este jueves, cuando el demócrata Patrick Leahy, miembro del Senado de Estados Unidos, aseguró durante una sesión plenaria que no se traga la versión de la Fiscalía que el activista ecologista Marcelo Rivera fue asesinado porque conocía a pandilleros. El senador estadounidense aseguró que Rivera era un blanco político, por ser miembro de la directiva departamental de Cabañas del FMLN, líder de un movimiento antiminería en la zona y director de la Casa de la Cultura de San Isidro.
Sin embargo, ya en el pasado el llamado –y a veces regaño– internacional no ha bastado para que los funcionarios a cargo de las instituciones señaladas hagan algo por mejorar su desempeño.
¿Qué ha cambiado para que ahora la exhortación del senador Leahy surta efecto? Es cierto que hay un nuevo gobierno, el cual cumplirá un año dentro de dos días, pero en cuanto al fortalecimiento de las instituciones hemos visto muy poco.
En 12 meses hemos visto a funcionarios decir que se han pasado el tiempo en conocer el funcionamiento de sus carteras de Estado. La excusa recurrente y transversal –porque la hemos escuchado de una variedad de burócratas– es que todo es culpa de la administración pasada, así sean 300 toneladas de medicinas enterradas o la paralización del bacheo (porque se comprometieron los ingresos del FOVIAL para pagar préstamos de calles que nunca se realizaron o que quedaron a medias o que ya están dañadas).
La nueva institucionalidad no se ha cimentado (no hay Ley de Acceso a la Información y las quejas de los promotores del anteproyecto es que en cada revisión hay recortes y más restricciones, por citar un ejemplo) y la anterior sigue siendo difusa. Quedan cuatro años para poder cimentar la institucionalidad del Estado. Ese sería un buen cambio.
Al menos esa es la esperanza.
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