En las áreas institucionales más vulnerables, como serían la Policía Nacional Civil, el sistema carcelario, la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial, habría que estar más atentos que nunca a las infiltraciones del crimen.
Escrito por Editorial.28 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
Las redes del crimen organizado se expanden cada vez más en la zona, y esa alarmante realidad incide en prácticamente todo el quehacer nacional. La reciente captura en nuestra capital de un mexicano, dos guatemaltecos y dos salvadoreños vinculados con Los Zetas, organización de sicariato, vuelve a ponerlo en evidencia. Se ha capturado también a un ex agente de la DAN, por complicidad con el narcotráfico. Pero queda siempre la sensación de que estos son otros golpecitos periféricos, que no tocan, ni de lejos, las verdaderas estructuras criminales, que se mueven con impunidad casi plena. El crimen no sólo es eficiente para desarrollar su “negocio” siniestro, sino que cuenta de seguro con entronques profundos en las institucionalidades de nuestros países.
La lucha contra el crimen organizado ya no puede ser en ningún caso un desafío meramente local: se requiere integrar esfuerzos regionales efectivos, lo que, en los hechos, se mira color de hormiga, porque las instituciones responsables son, en todos nuestros países, demasiado débiles y frágiles para responder como se debe, y porque la Internacional del Crimen cuenta con vastos y crecientes recursos de toda índole.
¿Qué hacer al respecto? Lo primero sería no refugiarse en actitudes institucionales autodefensivas, que a más de inoportunas son inútiles. Y, para empezar, habría que sincerar las dimensiones de la lucha anticriminal que se requiere, tanto en el ámbito del país como en los espacios centroamericanos. El riesgo de llegar a la condición de Estado fallido en el tema del control de las conductas delincuenciales y antisociales es un verdadero reto de efectividad no resuelta. El nudo gordiano podría irse apretando cada vez más.
Una depuración permanente
Es claro que nuestra endeble institucionalidad es presa fácil de las amenazas, embates y tentaciones del crimen organizado. Éste se vuelve cada vez más sofisticado y audaz, y las respuestas institucionales tendrían que esforzarse al máximo para salirle al paso. Eso es lo que hasta ahora no ha ocurrido, y la acumulación de la inoperancia, que viene de lejos, se ha vuelto ya una emergencia nacional. La ciudadanía está crecientemente desesperada, como se trasluce en las encuestas de opinión, pero sobre todo como se percibe de manera elocuente en el vivir cotidiano.
En las áreas institucionales más vulnerables, como serían la Policía Nacional Civil, el sistema carcelario, la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial, habría que estar más atentos que nunca a las infiltraciones del crimen. Esto implica un dinamismo de depuración permanente, acompañado de las reformas estructurales que provean de más seguridad y estímulo a todos aquellos que laboran en dichas instituciones, y que prácticamente, dadas las condiciones actuales, se juegan la vida en el ejercicio de sus funciones.
Lo que ya no se puede admitir es esa especie de desconexión crónica entre la institucionalidad y la realidad, en lo que a toda esta complejísima temática se refiere. Decir: espérense, ya se verán los frutos, es inaceptable desde todo punto de vista. Cuando el ataque del crimen es hoy, la respuesta institucional debió haber sido ayer. Y esto vale para todas las expresiones de la peligrosa anormalidad que padecemos.
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