Escrito por Ricardo Chacón.30 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.
Hace unos días, los alumnos de una escuela primaria del Centro de San Salvador paralizaron labores, los cabecillas de la revuelta se taparon el rostro con camisetas y pañuelos y gritaban todo tipo de consignas, incluso en un momento se tornaron violentos y daban puntapiés a los portones.
El motivo de la protesta: no estaban de acuerdo con la directora provisional, quien había tomado las riendas de la institución mientras se nombra, como manda la ley, al sustituto.
No entraré en detalles sobre las motivaciones de los estudiantes para manifestarse, mucho menos opinar si tenían o no razón, pues resulta irrelevante hacerlo; lo importante, y por eso traigo el tema a este espacio, es que las nuevas generaciones, y estos niños son un ejemplo de ello, están aprendiendo a resolver sus diferencias y sus problemas con medidas de hecho, empleando presión y violencia.
Sin duda alguna los jóvenes, por supuesto no todos, pareciera que han dejado de lado el diálogo y la negociación y hacen caso omiso a los caminos propios de toda institución, que contempla el manejo de las divergencias y diferencias por medios racionales.
Si se trata de echar culpa a alguien, estos jóvenes no son culpables, ellos simplemente imitan lo que ven a su alrededor. El contexto social está plagado de ejemplos que nos muestran que la "fuerza y la presión" parecieran ser la única forma de alcanzar los objetivos deseados.
Basta ver las cada vez más frecuentes tomas de calles, en distintas zonas del país, para darnos cuenta de que las cosas no van bien. Pobladores sin agua cierran una calle para demandar el suministro; otros, porque no les han dado uniformes en su escuela; otros más, los motoristas de buses, porque asesinan a sus colegas, mientras otros buseros demandan la condonación de las multas de tránsito.
La lista de demandas continúa, como continúan las protestas que afectan directamente al usuario, al transeúnte común y corriente cuyo pecado ha sido circular durante la hora y el lugar inoportunos.
Sin duda alguna no sólo hay derecho sino incluso, es una obligación ciudadana protestar cuando los derechos de la comunidad o de un individuo son mancillados y no se vea interés por reconocerlos, sin embargo esto no debe implicar el desconocimiento de los derechos de terceros, por lo general, víctimas inocentes; todavía peor, minar aún más, las débiles instituciones con que contamos.
Lo ideal es que si hay problemas de agua, sea ANDA la que los resuelva, sin necesidad de presión o violencia; la vida de los buseros debe ser garantizada por los cuerpos de seguridad y las multas de tránsito, luego de apelar, si el caso lo amerita, deben de ser canceladas.
Sin duda esto requiere de al menos dos cuestiones: uno, respeto al derecho de los demás y ajustarse a los procedimientos; y, dos, instituciones fuertes, sólidas, eficientes, capaces de satisfacer al usuario no atendido.
En sociedades democráticas, mucho más maduras que la nuestra, las instituciones funcionan y los usuarios son atendidos. Si surge un problema no sólo puedo quejarme sino también soy atendido y, una vez resuelto el problema, si hay delito, la justicia es implacable y en un santiamén el culpable va a la cárcel o es objeto de un castigo ejemplar.
¡Qué lejos estamos de alcanzar esa madurez! Mientras tanto, en nuestro El Salvador, si no cortamos esta dinámica perversa, propia de una sociedad incivilizada, tendremos que soportar a adultos, jóvenes y niños imponiéndose por la fuerza para lograr sus propósitos.
Las protestas deben ser canalizadas adecuadamente, lo cual significa respetar al otro, a los otros, a los demás.
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