Y en tanto la legalidad y la ley continúen estando expuestas al vaivén de los intereses de turno, sean los que fueren, la inseguridad jurídica será el desagüe por el que se irán muchas de las más valiosas energías nacionales.
Escrito por Editorial.27 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
En nuestro país, la cultura de la legalidad está todavía en pañales. Lo vemos a diario, y no sólo en el ámbito ciudadano, sino también en los distintos campos de la institucionalidad. Y es que la cultura aún imperante en muchos sentidos ha sido aquélla que considera la legalidad casi como un estorbo para la salvaguarda de intereses personales, de grupo o de sector, en detrimento de eso que la Constitución establece de manera tan tajante: “El interés público tiene primacía sobre el interés privado”.
Las instituciones, aun las que son consideradas rectoras del hacer gubernamental, como son los llamados por la misma Constitución de la República Órganos fundamentales del Gobierno –Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, han dado reiteradas muestras de tener poco aprecio por un estricto apego a la legalidad en todos los campos, circunstancias y cuestiones. Para sólo citar un ejemplo muy específico: en la Asamblea Legislativa, se hace uso discrecional del mecanismo de dispensa de trámites cuando el interés político coyuntural impone la urgencia, y en contraste las iniciativas duermen el sueño de los justos cuando el interés político así lo determina.
Lo que en realidad necesitamos, como proceso democratizador y como sociedad que busca progreso con estabilidad, es que la ley sea la norma de comportamiento inexcusable para todos, absolutamente para todos. Esto siempre se dice, pero nunca se ha cumplido a plenitud. Y en tanto la legalidad y la ley continúen estando expuestas al vaivén de los intereses de turno, sean los que fueren, la inseguridad jurídica será el desagüe por el que se irán muchas de las más valiosas energías nacionales.
Más seguridad jurídica
La situación crítica por la que continúa pasando el país ha puesto a la seguridad en el primer plano de los requerimientos nacionales básicos. Debido a la ola delincuencial que nos abate, la demanda por más seguridad ciudadana es apremiante; pero, aunque tenga menos dramatismo, igualmente apremiante es la demanda por seguridad jurídica, debido sobre todo a los trastornos que se dan en el plano económico. En realidad, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana tienen un mismo tronco: la necesidad del compromiso claro y efectivo del Estado por hacer que la ley funcione de veras como el ordenador superior e insoslayable de la vida nacional en todos los órdenes.
La demanda por más seguridad jurídica viene, por diversos motivos, desde distintos sectores. Los empresarios la reclaman para invertir confiablemente de cara al futuro; los trabajadores la exigen para proteger logros y potenciar aspiraciones; la ciudadanía en general la clama para tener garantizados todos sus derechos. Y los políticos, que tienden a padecer sordera selectiva, es decir, oír sólo aquello que quieren oír, tienen cada vez menos margen para escapar a esos reclamos, exigencias y clamores. Ese es un claro signo de que nuestra democratización, pese a todo, avanza.
La incertidumbre sobre las intenciones partidarias en el ejercicio del poder es, sin duda, una amenaza de alto riesgo para la seguridad jurídica. Por eso, en tanto los partidos no generen claridad confiable sobre sus líneas y propósitos de acción, estaremos en el limbo.
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