El Ejecutivo propuso que la Ley de Acceso a la Información tenga cláusulas de reserva, los cuales son considerados por algunos sectores como contraproducentes, ya que limitaría el acceso de los ciudadanos a las informaciones públicas.
Por Magdalena Flores. 28 de Mayo. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR – La propuesta del Ejecutivo de aplicar criterios de confidencialidad en el anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información ha generado polémica debido a que tales planteamientos prácticamente bloquearían el acceso a la información misma.
Es decir, una ley que por un lado pretende abrir la información pública a la sociedad, y por otro pone la tranca, la reserva, en algunos aspectos de la normativa, que se debate actualmente en el Congreso.
“Por lo poco que se ha conocido hasta ahora, hay una intención del Ejecutivo de dar una Ley de Acceso a la Información pública pero no en la dimensión que la población necesita”, dijo a ContraPunto el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Rafael Domínguez.
Las tres trancas
Esencialmente el Ejecutivo propone incluir en la normativa tres criterios de reserva existentes ya en la Ley Interamericana sobre Acceso a la Información, de la Organización de los Estado Americanos (OEA).
Dichos criterios se aplicarán cuando la información sobre manejo de la economía pueda provocar inestabilidad y especulación. También cuando se hagan consultas de políticas públicas esa información no deber ser de conocimiento general para evitar que determinado grupo de interés comience a ejercer algún tipo de presión, señaló el Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, en un foro público montado para anunciar las propuestas oficiales en torno a la ley.
La reserva también busca aplicarse a las partidas secretas, que son esos fondos de los que dispone el Presidente para gastar discrecionalmente.
De ser aprobado el anteproyecto de ley con todas las recomendaciones que da el Ejecutivo, estaría dando paso a que las partidas secretas se sigan usando sin ningún control ni auditoría, lo cual ha llevado a abusos en la utilización de los fondos públicos.
Se sabe que el ex presidente Elías Antonio Saca se hizo de unos $200 millones de dólares que sobraron de los presupuestos de varias carteras del Estado y los utilizó discrecionalmente como parte de la partida secreta.
Los fondos reservados discrecionalmente al Presidente u otros funcionarios, o partidas secretas, son también confidenciales en otros países desarrollados, pero la diferencia es que la confidencialidad es limitada: no es pública, pero sí hay comités, generalmente en el Congreso, que auditan el uso de los fondos, y el Presidente debe rendirles informes regularmente sobre el uso del dinero.
Pero en El Salvador las partidas secretas han sido usadas como un abultado cheque para gastar a mansalva, sin ninguna regulación.
De acuerdo Jaime López, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), los gastos reservados pueden ser una institución legítima si cuenta con mecanismos reguladores, estos se pueden utilizar para operaciones incubiertas, o para la protección de testigos.
Sin embargo reconoce “que no se puede aceptar que los gastos reservados se sigan manejando como hasta ahora, de forma totalmente arbitraria”.
Acceso a información, una ilusión
Rafael Domínguez sostiene que si la ley se llegará aprobar con estas limitantes a la población, entonces prácticamente se convertiría en una “ley tibia, tapa bocas, como quien dice se aprueba la ley; pero no para lo fines y la amplitud como la población la está exigiendo”.
Señaló que dichos criterios de reserva al final le darán al Estado demasiadas oportunidades para que niegue la información. “Aunque usted la pida, tenga un proceso para pedirla y aunque el Estado esté entre comillas obligado a dársela, al final la puede negar”, sentenció.
De ser así, el país seguirá bajo el mismo esquema de años anteriores, dónde información en poder del Estado, que atañe a la sociedad en su conjunto, simplemente se mantiene escondida porque a un funcionario equis se le ocurre que no hay que hacerla pública, como ha sido la pauta hasta ahora.
Ante este panorama Claudia Umaña, directora del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), señaló que está en total desacuerdo con todo el nivel de “arbitrariedades” discrecionales que se le ha metido a la ley.
Por su parte, el director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta, señaló a ContraPunto que no ve “un posicionamiento muy claro respecto a lo que está clasificado como información confidencial en el anteproyecto único”, nombre que se le da al anteproyecto que surgió de la fusión de la propuesta del FMLN presentada en octubre de 2008 y la de Fusades presentada en junio de 2009.
Pero las autoridades en el foro explicaron que aunque exista la confidencialidad en casos de investigaciones por ejemplo de corrupción, sí se puede intercambiar información entre instituciones, aunque esa no será pública.
Para Villalta el asunto de la información confidencial en el país no funciona debido a que si una persona está involucrada en actos de corrupción y se requiere investigar su historial de cuentas bancarias “probablemente podrá invocar al derecho de la confidencialidad que la misma ley va a dejar al secreto bancario, fiscal y comercial”.
Añadió que “esto para nosotros es muy preocupante. Que haya información manejada desde el sector privado que también puede llegar a tener el carácter de información de interés general cuando se trata fundamentalmente de hechos en los que se hayan visto involucrados los dineros del Estado”.
Sin embargo López sostiene que las excepciones planteadas por el Ejecutivo si se toman tal como están en la OEA y se desarrollan no habría ningún problema.
“Eso implica tomar el estándar tal y como es; pero si no se precisa de manera clara cuáles son los detalles y las condiciones de esas excepciones de igual forma se pueden prestar para abusos”, reconoció.
Propuestas del Ejecutivo
Básicamente el Ejecutivo hace diez recomendaciones a la propuesta de ley que está siendo estudiada en la Asamblea Legislativa, la cual surgió del anteproyecto de ley presentado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en octubre de 2008, y el realizado en junio de 2009 por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y Iniciativa Social para la Democracia (ISD).
Entre las recomendaciones resalta que la Ley de Acceso a la Información y la de Ética Gubernamental deben contar con una misma entidad garante, llamada Comisión de Ética y Acceso a la Información de Interés General. Eso es totalmente rechazado por Umaña y Domínguez ya que sostienen que son dos cosas totalmente diferentes.
Además el subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, señaló que la entidad garante de ambas leyes deberá contar con un titular o un máximo de tres. Entidad que además tendría que ser orientada por un Consejo Asesor compuesto por 10 representantes de distintos sectores de la sociedad y el Estado; entre otras recomendaciones.
“Realmente la propuesta que hace no llena las características que nosotros buscamos de independencia, especialidad, simplificación de trámites para el ciudadano”, dijo Umaña.
Es indispensable, dicen los críticos, que se apruebe la ley, porque hasta el momento las instituciones funcionan de manera cerrada, las decisiones se toman a espaldas de la gente, y tampoco el Estado cumple con su función informativa con respecto a la sociedad, sentenció López.
Pero, añaden, que sea una ley sin medias tintas que deje agujeros por donde se filtren de nuevo las viejas mañas del secreto, que dan pie a los abusos y corrupción.
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