La lentitud con que marcha el sistema de justicia local se refleja en un caso de un vendedor que purgará 6 años de cárcel por 31 cajetillas de cigarros.La introducción de cigarrillos de diversas marcas a través del contrabando provoca pérdidas al Estado, que hace poco para contener a las bandas en las zonas fronterizas. De Honduras hay alto tráfico de mercancía.La introducción de cigarrillos de diversas marcas de contrabando provocan pérdidas al Estado.
Karla Argueta.28 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.
Hace tres años, la tenencia ilegal de 31 cajetillas de cigarrillos le costó a Manuel de Jesús Cruz, un vendedor informal del centro de San Salvador, una pena de cárcel de seis años y el pago de $115.15 como responsabilidad civil por el delito de contrabando de mercadería.
En diciembre de 2008, el condenado, por medio de su representante, solicitó a la Asamblea Legislativa el perdón de la pena; no obstante, ésta le fue negada debido a un fallo desfavorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyas máximas autoridades llevan casi un mes en un impasse que solo está abonando a la impunidad.
Con esta decisión, Cruz continuará engrosando el sobre saturado sistema penitenciario salvadoreño, que hasta la fecha tiene más de 23 mil internos en 19 cárceles, aunque la capacidad es para 8 mil.
Antes de conocer la resolución del Órgano Judicial, su petición había logrado dos cosas que en la Asamblea no se ven a menudo: un informe de buena conducta por parte del Consejo Criminológico y el acuerdo de todas las fracciones legislativas para otorgarle el beneficio al vendedor.
El Consejo Criminológico reportó que el interno, de 44 años, no contaba con faltas o sanciones en su expediente, posee un índice de agresividad bajo y participa de actividades productivas dentro del reclusorio.
Dentro del documento, la entidad también enumeró una serie de factores impulsores al delito, entre ellos su condición de pobreza y su escasa escolaridad. De acuerdo a la Ley de Ocursos de Gracia -que avala trámites de la amnistía, el indulto y la conmutación de penas-, son éstos elementos los que la CSJ debe priorizar antes de emitir su fallo, el cual debe ser positivo para que la Asamblea otorgue el indulto.
País "va al revés"
Empero, la Corte argumentó que "si bien es cierto que el Consejo Criminológico emitió un informe favorable al condenado Manuel de Jesús Cruz, también lo es que la buena conducta observada por el condenado no es por sí sola razón suficiente para otorgar la gracia invocada".
Para Ástor Escalante, ex viceministro de Seguridad, la permanencia de Cruz en la cárcel demuestra que "en el país el mundo funciona al revés", pues este tipo de internos no debería estar sobresaturando el sistema. Por otra parte señala que hay otro tipo de delincuentes a los que no se juzgan.
En una investigación realizada por El Diario de Hoy en enero de este año, fuentes revelaron que la Policía protege a grandes contrabandistas de cigarrillos que surten a minoristas de los alrededores Mercado Sagrado Corazón. Elementos de la División de Finanzas de la Policía Nacional Civil (PNC) facilitan el trabajo de estas personas informándoles cuándo habrá operativos, a cambio de grandes sumas de dinero, informaron fuentes de este Diario.
A Las Venadas, un par de famosas contrabandistas hondureñas, la Policía les incautó este año una cantidad considerable de cigarrillos extranjeros que eran transportados en un pick up. Sin embargo, ninguna de las dos mujeres fue arrestada ni procesada, según las indagaciones que hizo este periódico, porque un subinspector dijo que ambas eran sus informantes.
No obstante, fuentes dijeron en aquel momento, que este agente formaba parte del grupo de policías que recibían dádivas de las contrabandistas. Los volúmenes de mercadería que manejan estas personas superan decenas de miles de dólares, las 31 cajetillas que le decomisaron a Cruz estaban valoradas en $13.86.
En cinco periodos legislativos, según la diputada efemelenista, María Margarita Velado, y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia, se ha otorgado un tan solo indulto. Éste fue para Juan Carlos Amaya condenado en 2004 por facilitar locales para la venta de droga. Amaya tenía paraplejía, estaba postrado en cama y padecía de obesidad. En vista de que su enfermedad le impedía "readaptarse" le fue perdonada la pena de cárcel.
Para Velado "lo que la corte ha hecho es supeditar el aspecto de justicia y de equidad del indulto al aspecto legal. Nosotros creemos que es de justicia que a este señor le otorguen el indulto", dijo.
La diputada agregó que a pesar de que la comisión legislativa no puede obligar a la Corte, "sí consideramos que es nuestra obligación señalarle que no han obrado, a nuestro criterio, en base a la justicia. Nosotros sabemos de tantas personas que evaden, que cometen delitos graves y por ahí andan. Y este señor por 31 cajetillas obtuvo una pena de seis años, nos parece que es una cosa demasiado gruesa", reflexionó Velado.
Lo más risible: en seis años en la cárcel, el Estado gastará $6,600 en mantener a este preso.
Rodrigo Samayoa, del grupo legislativo Gana, enfatizó que en la situación actual de hacinamiento que se vive en los centros penales, no es posible que en el sistema existan personas con este tipo de delitos.
Los diputados solicitaron esta semana una reunión con el presidente de la CSJ, José Belarmino Jaime, y la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, Rosa María Fortín.
No obstante, ambos ratificaron a los diputados su decisión de negar el indulto a Cruz. Fortín aseguró que la negativa a esta petición provino de la razón por la que se solicitó el beneficio. El peticionario sostenía que el hecho tuvo que ser considerado como una infracción aduanera y no como un delito. "Error de calificación no hay, la descripción de los hechos que se estimaron como probados está dentro del hecho que se tipifica como delito", explicó Fortín.
La magistrada enfatizó que la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras en el artículo 15 define que la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin respaldo constituye delito sin importar la cantidad de producto, por lo que a la luz de una equivocación en la calificación del hecho no se puede otorgar la gracia. Aunque reconoció que "desde otras ópticas" podría considerarse la decisión de la Corte, pero solo si Cruz envía nuevamente una solicitud con otro argumento. De oficio, la instancia máxima de justicia no puede hacerlo, sostuvo.
En la Asamblea Legislativa la petición regresará a la comisión para su discusión. E inconforme con la respuesta de la Corte, Velado aseguró que esperarán a que el hombre solicite otro perdón de la pena para ver si los magistrados encuentran razones para favorecerlo.
Mientras, Cruz seguirá en Mariona, en donde un tan solo custodio debe vigilar a 80 reos y desde donde a diario se ordenan delitos.
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