En ambos casos como lo hemos señalado reiteradamente, la estrategia parece ser dilatar lo más posible las discusiones y consultas, para ir adelgazando los resultados legislativos eventuales, hasta hacerlos prácticamente irrelevantes.
Escrito por Editorial.26 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
La demanda por una transparencia real y efectiva en el ámbito estatal se ha venido intensificando a medida que avanza el proceso democratizador en el país, en medio de constantes dificultades y obstáculos. Esta, en realidad, es ya una necesidad impostergable del proceso mismo, pues no es posible hablar de democracia en términos estrictos si quedan aún tantas zonas vedadas al escrutinio ciudadano. Venimos de la total oscuridad, y por eso cuesta tanto ir abriendo espacios visibles; pues, además, la impunidad se vuelve inmediatamente adictiva entre los que van entrando al manejo de los asuntos públicos.
Desde hace algún tiempo, ruedan en la Asamblea Legislativa intentos de legislar sobre transparencia y acceso a la información, así como también los hay para contar con una normativa para el ordenamiento territorial. En ambos casos, como lo hemos señalado reiteradamente, la estrategia parece ser dilatar lo más posible las discusiones y consultas, para ir adelgazando los resultados legislativos eventuales, hasta hacerlos prácticamente irrelevantes. Es decir, tener legislación pero sin que ésta cambie de veras el estado de cosas.
Entre los vaivenes partidarios, esas iniciativas van padeciendo el desgaste progresivo. En lo referente a la transparencia, hoy, desde el Ejecutivo, se hacen propuestas que van en la línea de trivializar el esfuerzo: burocratización y ampliación de reservas de confidencialidad. Y es muy revelador que entre dichas reservas se incluya justamente la de los “gastos reservados”, que son un área indudablemente proclive al abuso y a la corrupción. De lo que se trata es de transparentar en serio, no de simular que se transparenta para bajarle presión a un tema vital para la democracia.
Ganar confianza ciudadana
El tema de la transparencia no es una cuestión colateral, que puede atenderse o no, según los giros de voluntad política que se van dando en la escena nacional. La transparencia constituye componente natural y esencial de la democracia. Es comprensible que para viabilizar los mecanismos de la transparencia debe crearse un orden procedimental; pero éste no debe servir para mantener áreas ocultas ni para dificultar los debidos accesos desde los distintos ángulos ciudadanos.
El Estado no sólo está necesitando transparencia, sino también sinceración. Muchos procedimientos y prácticas son herencias indeseables del pasado, lo cual reclama correcciones estructurales y mecánicas que instalen definitivamente la honradez en el centro vital de la gestión pública en todos sus órdenes y niveles, y que hagan posible vigilar y calibrar, desde afuera, lo que está pasando en la interioridad administrativa del Estado. La política nunca dejará de interferir, con su carga de intereses casi siempre parcializados; pero si hay normas y mecanismos que garanticen la corrección y la legalidad, la política también tendrá que someterse al orden establecido.
En tanto no haya transparencia suficiente, las tentaciones de salirse del marco legal seguirán multiplicándose, y la desconfianza ciudadana continuará incrementándose. Hay que mantener el dedo en el renglón en lo que al logro de una real transparencia se refiere, para asegurar el saneamiento del sistema.
A la izquierda le conviene implmentar estas medidas , antes de que ese grulla de viviancillos chupa hueso que se les ha pegado y la otra grulla de viejos militantes que solo esperaban la oportunidad para corromperse les pudran la institucion y reviertan el actual apoyo politico electoral del que gozan. Al parecer no lo entienden o es que en verdad piensan hacer politica a la manera de la derecha y nada mas?
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