EDH-Reflexión sobre la encuesta de Seguridad Pública

 Escrito por Carlos Ponce.26 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.

Las cifras oficiales registradas por las instituciones del sistema de justicia penal salvadoreño y publicadas por los medios de comunicación nacionales, revelan una marcada tendencia ascendente en la incidencia de delitos graves. Las gráficas y números coinciden en ilustrar el mismo sombrío panorama: la criminalidad ha alcanzado niveles inaceptables.

Ineludiblemente, esto también se refleja en los resultados obtenidos a través de diversas encuestas de opinión sobre la percepción ciudadana en relación a la delincuencia y el aparato de seguridad gubernamental. La más reciente, cuyos hallazgos fueron dados a conocer este lunes por el presente rotativo, pinta un escenario sumamente complejo. Según dicho instrumento, el 71% de los salvadoreños considera que la seguridad ha empeorado y el 62% opina que la Policía no ha hecho su mejor esfuerzo para controlar la criminalidad. La mayoría, consecuentemente, piensa que la delincuencia ha recrudecido y que una las causas principales es el mal desempeño policial.

Investigaciones criminológicas realizadas en otros países establecen que una de las variables estrechamente asociadas con la disposición de una persona a denunciar un delito, es su percepción individual sobre la efectividad de la policía. Este hallazgo es congruente con la situación planteada por la encuesta antes mencionada, ya que la mayoría de la población, como se mencionó anteriormente, piensa que la Policía está haciendo un mal trabajo y el 60%, además, no tiene la confianza necesaria en las autoridades para denunciar cuando son víctimas de la criminalidad.

La desconfianza en la corporación policial es tan elevada entre los salvadoreños que no sólo ha afectado su disposición para denunciar, sino que además los ha llevado a pensar en un cuerpo estatal alterno que pueda sustituirla. Así lo sugieren los resultados de la medición que indican que el 95% está de acuerdo con que la Fuerza Armada se incorpore a la lucha contra la delincuencia y que el 86% exige que se les otorgue más atribuciones a los efectivos castrenses en el marco de sus tareas anti-delincuenciales. La población, por lo tanto, piensa que la Policía es incapaz de cumplir con su misión constitucional y que el personal militar tiene más probabilidades de atacar el problema de forma efectiva.

Esta percepción negativa del trabajo policial es una consecuencia directa de la preponderancia de los dogmas ideológicos dentro del aparato de seguridad del gobierno, que ingresó con la presente administración. Muchos profesionales del sistema de justicia penal aseguran que las actuales autoridades se preocupan más por atender asuntos de carácter político-partidario que por solucionar el problema delincuencial. Por ejemplo, como he mencionado en artículos anteriores, esto propició que personal con la experiencia y cualificaciones necesarias para su cargo fuera desplazado de posiciones claves y, en su lugar, fueran ubicados elementos sin el perfil adecuado, pero ideológicamente identificados con el partido oficial.

Otro ejemplo es la vigorosa persecución disciplinaria contra policías que provienen de la Fuerza Armada o que no comparten la ideología de izquierda extrema. Esto ha afectado la moral de los efectivos policiales y contribuido a crear una percepción negativa, ya que se han publicitado historias de corrupción muy elaboradas, pero los resultados arrojados por las dependencias responsables de la disciplina policial no han sido igual de contundentes.

La más insólita muestra del privilegiado puesto que se le ha otorgado a lo ideológico dentro del ramo de seguridad es el consentimiento del titular para la operación de un sindicato al interior de la Policía (en contra de la Constitución de la República), como publicó recientemente este periódico. El Presidente está a tiempo para rescatar el aparato de seguridad, designando a profesionales con las credenciales idóneas para realizar su trabajo de forma imparcial, técnica y efectiva.

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