LPG-Los jueces no están en una campana de cristal

 Y la sociedad no puede quedar al margen de los gravísimos peligros que la amenazan y la atacan, en homenaje a “la dignidad” de un asesino que no es “víctima” de los medios, sino victimario que debe ser rehabilitado haciéndole sentir la disciplina de la ley.

Escrito por Editorial. 07 de mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.

 

En una sociedad democrática, toda actividad que derive de la función pública está sometida al escrutinio ciudadano, que se manifiesta de distintas formas; una de ellas, la que ejercen los medios de comunicación de manera cotidiana. Precisamente una de las más grandes ganancias del proceso que vivimos desde que el país pasó a esta etapa de democratización real, luego del fin del conflicto armado, es que se viene haciendo una apertura creciente de todo el hacer público, que antes estaba envuelto en una especie de densa penumbra muy favorable para la impunidad de todo tipo.

La administración de la justicia no es un mundo cerrado, en el que todo se vale, al amparo de la independencia judicial. Ésta constituye desde luego un factor fundamental para que el sistema funcione como debe ser; pero independencia significa responsabilidad estricta, no facultad de hacer cualquier cosa. Cuando se tiene en la mano el poder que representa aplicar la ley a los casos concretos, es aún más vital que esa mano sea guiada por el buen juicio, por el equilibrio de las emociones, por la lógica bien asimilada y por el entendimiento suficiente de la ley, no sólo en su letra, sino también en su espíritu. Por todo ello, no cualquiera puede asumir el rol de juzgador.

A raíz del caso del menor que asesinó a otro estudiante a plena luz del día y en plena calle, sin el menor escrúpulo de ser identificado, se han puesto a prueba pública dos responsabilidades: la de los informadores y la de los juzgadores. Son responsabilidades concordantes, no excluyentes, y entenderlo puede dejar sanas lecciones del caso. Los jueces no tienen por qué sentirse ofendidos de que se juzguen sus actuaciones.

La sociedad tiene derechos

La Cámara de Menores, al resolver que el menor imputado no esté presente en la audiencia correspondiente, argumenta que lo hace para “evitar que se siga manejando pública y caprichosamente la información sobre el proceso”. Y al hacer referencia a capricho parece haber precisamente una especie de acto fallido. Por otra parte, la resolución “advierte” que “la connotación pública que este caso ha tenido en los medios de comunicación” (…) “lejos de beneficiar las resultas del proceso y respetar los derechos del joven” (…) “afecta en gran manera su dignidad, su seguridad personal y su garantía de presunción de inocencia”.

De estos términos puede advertirse sin dificultad que hay un criterio de absolutización de la función judicial, como si estuviera por encima de todo otro interés y derecho, aun de los de la sociedad como tal. Para el caso, la presunción de inocencia, que es clave para la seguridad jurídica, no puede implicar que se niegue un testimonio gráfico vivo, como la secuencia de puñaladas que cortaron la vida de la víctima, ante el ojo de la cámara.

El hechor no es culpable judicialmente en tanto no haya resolución al respecto, pero en los hechos grabados su acción criminal es inocultable. Y la sociedad no puede quedar al margen de los gravísimos peligros que la amenazan y la atacan, en homenaje a “la dignidad” de un asesino que no es “víctima” de los medios, sino victimario que debe ser rehabilitado haciéndole sentir la disciplina de la ley.

Los jueces no están en una campana de cristal