La Corte cierra año con 75 investigaciones por corrupción contra jueces. Fiscalía indaga 80 casos contra funcionarios Ejecutivo y Judicial, la mayoría judiciales. Tres jueces con condenas.
Escrito por Fernando Romero.27 de Diciembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
“El crimen organizado: extorsión, homicidio, narcotráfico, lavado... todo está concatenado con la corrupción del Estado.”
Andrés Amaya,jefe fiscal Unidad Especializada Anticorrupción
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen, juntas, al menos 100 investigaciones abiertas contra funcionarios judiciales por presuntos delitos de corrupción cometidos por juzgadores en su ejercicio.
Solo en 2010, cuatro casos contra jueces se judicializaron por la FGR. De ellos, en tres se logró condenas. En el cuarto caso, contra el juez suplente de Paz José Próspero Arias Hernández, este fue procesado y liberado por el Juzgado de Paz de Ayutuxtepeque. La FGR lo acusó de introducir dos chips de teléfono celular en el penal de Mariona, de ese municipio.
Sin embargo, a pesar de que Arias Hernández fue liberado de cargos, fue destituido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El caso ocurrió en abril de 2010.
Los tres casos en que se lograron condenas fueron los del juez de Paz de Comasagua, Juan Ramón Osorio Durán, acusado y hallado culpable de concusión. Fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla a seis años de prisión por pedir a empleados del juzgado dinero de sus sueldos.
“Él (juez) toma los datos (de un estudiante a quien le dio empleo en el juzgado) y le crea la plaza por el término de prueba de tres meses y le dice que le va a entregar cierta cantidad de dinero de los cheques que cobre”, explicó Andrés Amaya, jefe de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Corrupción de la FGR. La víctima, según planilla, ganaba $430, de los que el juez solo se le daba $200. Además, Osorio Durán ofreció una plaza de ordenanza bajo los mismos términos. La condena fue impuesta el 28 de julio de 2010.
El segundo caso fue el del juez de Paz de Polorós, Héctor Ernesto Alvarado Espinal, acusado de concusión y falsedad documental agravada. Junto con él fueron imputados el secretario Manuel de Jesús Canales Alvarado, y el colaborador Jorge Alberto Escobar Bonilla. El juez fue condenado a tres años de prisión —los que fueron sustituidos por trabajos de utilidad pública— por cobrar el salario de una empleada que había emigrado a Estados Unidos. El ex secretario y el colaborador también fueron declarados culpables. El caso lo conoció el Juzgado de Sentencia de Santa Rosa de Lima.
Los funcionarios falsificaron documentos para cobrar $1,376 que correspondían al salario de Carolina Bonilla, quien en esa época no laboraba en el juzgado. Pero el tribunal consideró que era un encubrimiento y estableció pena mínima. La condena fue en junio.
En el último caso se halló culpable a Pablo Mejía Zapata, juez de Paz de San Luis La Reina. Fue condenado por haber favorecido en 2006 a una imputada al falsificar un acta que dejó en libertad a la mujer, acusada de tráfico ilícito de drogas. El caso lo llevó el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios, quien halló culpable al juez de falsedad documental agravada. Se le impuso una pena de tres años de prisión, sanción que, según la FGR, le fue sustituida por medidas alternas a la cárcel.
Además, la FGR ha solicitado a la CSJ un antejuicio para Óscar Mauricio Tejada Solito, juez de Instrucción de Ahuachapán. “Esperamos que lo desaforen. Cometió incumplimiento de deberes, prevaricato, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos”, explicó Amaya. “Él sustrajo el expediente de una sentencia. Declaró sin lugar la revisión de un caso, pero después llega otro abogado (defensor) a pedir lo mismo, y allí aprueba la revocatoria y deja en libertad a un imputado”, relató el fiscal.
Amaya aseguró que los delitos por los que son investigados otros funcionarios son malversación de fondos. “El delito más recurrente”, indicó, además de peculado, cohecho propio, actos arbitrarios, prevaricato, apropiaciones ilícitas y concusión, entre otros.
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