LPG-Sin mayores opciones

 Cuando la Sala de lo Constitucional falló en favor de las candidaturas independientes, tuve una doble reacción. Por una parte, pensé que con ello se daba otro paso importante hacia la consolidación de la democracia, al quitarle a las cúpulas de los partidos políticos el monopolio de decidir por los ciudadanos; por otra, anticipaba la dificultad de que sus dirigencias aceptaran de buena gana perder un espacio que desde siempre les ha redituado ganancias de todo tipo, a costa del desarrollo económico, social, cultural y de la misma democracia.

Escrito por Juan Héctor Vidal.27 de Diciembre. Tomado de La Prensa Gráfica. 

 

La filtración de la sentencia, el madrugón subsecuente para cambiar artículos de la Constitución y la creación de una comisión especial –no para desarrollar la nueva legislación a que obligaba el dictamen, sino para tratar de encontrar argumentos para demostrar que la sala se había excedido en sus funciones– ya constituían un anticipo de lo que vendría. Recordemos además, que no se había secado la tinta y ya algunos diputados amenazaban con pedir la destitución de los cuatro magistrados que se atrevieron a desafiar al sistema.

En este contexto, lo que aprobaron el jueves de la semana pasada los dos partidos mayoritarios representados en la Asamblea Legislativa –en una de esas raras coincidencias que se dan en un entorno político que nadie termina de entender, excepto por las canonjías, las arbitrariedades y los juegos truculentos de que hace gala la clase dirigente, sin ningún recato frente a una población que cada vez desconfía más de ella– pretende hacerse cargo de la sentencia de la sala, aunque no sea sino porque no tenían otra opción. Pero como se anticipaba, el decreto es tan limitativo y condicionante, que hace poco viable materializar el espíritu que llevó a esta instancia a pronunciarse en la forma que lo hizo en un campo literalmente minado, pero que igualmente exige apertura en la transición política que vivimos.

En los hechos, lo que observamos es la intención no disimulada de reducir las opciones al mínimo para las candidaturas independientes y las listas abiertas, con exigencias y requisitos que comparativamente son más drásticos que para los mismos partidos políticos. El ideal de igualdad ante la ley o el concepto de igualdad de oportunidades se desdibuja, no acudiendo a la ética política, sino a criterios de descalificación desprovistos de toda consideración axiológica.

Tal como se plantean las cosas, los legisladores trataron de hacer su tarea, pero bajo un manto de formalidad que hace virtualmente imposible o poco viable la participación buscada. El extremo se da en el punto que prácticamente viola los derechos fundamentales de los ciudadanos. Incluso, se podría aseverar que el decreto aludido es una invitación para que nuestro sistema electoral y político en general continúe sometido a los dictados de pequeños grupos de poder, alrededor de los cuales giran grandes intereses de uno y otro lado.

Hemos seguido de cerca el esfuerzo que, especialmente después del fallo de la Sala de lo Constitucional, ha realizado la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reforma Política, en pro de las candidaturas no partidarias y las listas abiertas. En este sentido, somos testigos de los numerosos foros, intervenciones en los medios de comunicación y sobre todo, de la elaboración de propuestas concretas que se hacen cargo, en buena medida, de la transformación que necesita el país en el ámbito político-electoral, para que la democracia se asiente como sistema y ya no siga aprisionada por unos pocos.

Voceros de esta Coalición han anticipado que acudirán a la CSJ para pedir la inconstitucionalidad del decreto aprobado, si el presidente Funes no lo veta. En lo personal, adherimos esta decisión. Talvez así, el tema en cuestión aglutina a todos los partidos para impulsar una reforma político-electoral profunda, en beneficio de una auténtica democracia.

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P. D. Feliz Año Nuevo para toda la familia salvadoreña.

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