La Fiscalía General tiene 256 casos en investigación contra empleados públicos por diversos delitos de corrupción. En 2010, la Fiscalía llevó a tribunales 20 casos de corrupción de empleados públicos. Las instituciones más investigadas son alcaldías y PNC.
Escrito por Fernando Romero.27 de Diciembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Los empleados públicos deben ser transparentes, cuidar los bienes estatales. Queremos cero impunidad y colaboración de todos.”
María Cecilia Zepeda,subdirectora Intereses del Estado FGR
La Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado recupera millones de dólares al Estado. Generamos recuperación.”
María Cecilia Zepeda,subdirectora Intereses del Estado FGR
Los empleados públicos de los que sospecha la Fiscalía General de la República (FGR) que incurren en delitos relativos a la corrupción se han incrementado con los años, según la entidad fiscal.
Hasta la fecha, la FGR tiene en etapa de investigación un total de 256 casos de corrupción que se supone han cometido empleados públicos. Los delitos son varios y se desglosan así: 51 investigaciones por casos arbitrarios; 23 casos por cohecho; 15 por desobediencia; uno por enriquecimiento ilícito; dos por exacción; 24 casos por incumplimiento de deberes; 11 por infidelidad en la custodia de registro o documentos públicos; cuatro investigaciones por malversación de fondos; 17 por negociaciones ilícitas; y un total de 108 investigaciones por peculado.
La FGR se abstiene de detallar nombres y descripciones de los casos ya que estos se encuentran en etapa de investigación y es contra la ley brindar información en esta etapa.
Además, la subdirectora de la Unidad de Defensa de los Intereses del Estado de la FGR, María Cecilia Zepeda, aclaró en una entrevista con este periódico que las investigaciones abiertas no son contra funcionarios públicos, sino que contra empleados públicos y los agentes de la autoridad.
Zepeda aseguró que solo en 2010 un total de 20 casos fueron llevados a tribunales –en específico en el área de San Salvador– contra empleados públicos por diversos delitos.
La funcionaria detalló que se trata de delitos de peculado, estafa y cohecho propio que la Fiscalía acusa que empleados han cometido dentro de sus labores diarias.
Solo en la oficina central de San Salvador de la Unidad de Defensa de Intereses del Estado, hay 15 casos judicializados por peculado y estafa, así como cinco por cohecho propio. En total, son los empleados de nueve instituciones de gobierno los procesados.
Zepeda informó que hay dos casos del Ministerio de Educación en dos escuelas, con 14 imputados, por el delito de peculado. Cinco casos en alcaldías contra siete empleados por delitos de peculado. Tres procesos contra tres empleados de ANDA por peculado. Dos casos contra tres empleados del Ministerio de Salud por peculado. Cuatro procesos contra siete policías por cohecho propio. Un caso del Ministerio de Haciendo contra dos empleados por estafa y cohecho. Un caso del Ministerio de la Defensa contra un empleado por peculado. Un caso de la Dirección General de Correos contra un empleado por peculado. Y un caso del Ministerio de Obras Públicas contra un empleado por cohecho propio. Lo que hace un total de 20 casos en tribunales con 39 empleados públicos imputados.
Zepeda aseguró que varios de estos casos ya se resolvieron por la vía de la conciliación. Es decir, que los imputados han devuelto lo que sustrajeron de los dineros del Estado y se les han retirado los cargos. La Fiscalía desconoce si los empleados mantienen sus puestos en las instituciones.
A pesar de que no se pudieron conocer los casos de occidente y oriente. Zepeda señaló un caso ocurrido en Ahuachapán. La funcionaria manifestó que Carlos Julio Figueroa, contador vista de Aduanas, extendió una declaración de equipaje el 13 de diciembre pasado a dos comerciantes guatemaltecos que ingresaban mercadería al país. Los comerciantes entregaron a Figueroa la cantidad de $90 y 200 quetzales en efectivo en materia de costas aduanales. Sin embargo, el empleado público solo les dio la declaración de equipaje y le escribió encima: “Exento”.
Figueroa no les dio ningún recibo. En el camino a San Salvador, los comerciantes fueron detenidos por la Policía y al ver que no presentaron la documentación correspondiente, procedieron a detenerlos, pero fue la denuncia que hicieron contra Figueroa lo que permitió reencauzar la acusación.
Zepeda dijo que en lo que respecta a los 20 procesos penales abiertos en San Salvador, lo defraudado al Estado suma alrededor de $180,000.
La subdirectora de los Intereses del Estado de la Fiscalía enfatizó que esta sección fiscal, solo en 2010, recuperó al Estado más de $9 millones que habían sido defraudados a la hacienda pública por parte ciudadanos salvadoreños y otros extranjeros, por la comisión de varios delitos.
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