Óscar A. Fernández O. 26 de Diciembre. Tomado de Diario Co Latino.
El Neoliberalismo es un ataque directo a los mecanismos de redistribución de la riqueza
que ha entrado en una descomposición estructural a nivel mundial, pero que pese a ello se sigue imponiendo a sociedades secularmente empobrecidas como la nuestra. En palabras de Naomi Klein (2002), es una insurrección de las élites económicas contra los ciudadanos. La meta de esta ofensiva es clara, concentrar todavía más la riqueza en manos de unos pocos, y el principal obstáculo para conseguirlo son los Servicios Públicos, verdaderos pilares del Estado del Social.
Los Servicios Públicos no sólo garantizan a toda la ciudadanía unos mínimos materiales (educación, jubilación, desempleo) y la protección social más básica (sanidad, justicia, seguridad pública), sino que lo hacen al margen del mercado, anteponiendo criterios sociales (acceso universal y trato igualitario) a la obtención de beneficios, sin excluir a nadie de su utilización o consumo y mucho menos por su capacidad económica.
Sin duda la idea de desarrollar y ampliar los mercados cómo reflejo de sociedades educadas, justas y solidarias es provechoso y necesario, sobretodo para las naciones subdesarrolladas. Sin embargo, el problema comienza cuando la “pureza” teórica que está a la base se tropieza con la infausta realidad de las oligarquías políticas y económicas, como sucede más que todo del río Bravo hacia abajo. Así se desdibuja el concepto de justicia y desde luego la preeminencia de la dignidad humana, lo que el modelo neoliberal conservador asume como riesgos para su “sustentabilidad” política.
Esta realidad social y política de Latinoamérica conlleva a la erosión del consenso social (votos), conflictos por la distribución de la riqueza y la aparición de alternativas o movimientos contra reforma. En definitiva, un problema de legitimidad democrática y viabilidad política. La novedad estriba en que el Banco Mundial y el FMI, admiten hoy que los ajustes estructurales pueden tener efectos desfavorables en los pobres y, en general, en los trabajadores, provocando disminución del salario real, aumento del desempleo y crecimiento del sector informal. Aunque esto, aseguran, será momentáneo (sic!).
No obstante, la mejora social sigue postergándose y el deterioro se profundiza. Treinta años de intentos neoliberales en América Latina, permiten formular una hipótesis basada en la experiencia y no en dogmas. El retroceso social de nuestros países, es un impacto de largo plazo, no transitorio. Se trata entonces de un defecto genético, inherente del neoliberalismo.
Una importante estrategia del programa neocapitalista conservador, inimaginable hace dos décadas, es la privatización de los servicios públicos y el uso del capital social de los pueblos para paliar la vorágine de endeudamiento.
Los Servicios Públicos representan el mercado ideal desde la óptica capitalista. Hablamos de “mercados” de productos o servicios de primera necesidad para toda la población que, generalmente, se prestan de manera monopolista por estar basados en infraestructuras tan costosas que sólo el Estado, gracias a los impuestos de los ciudadanos, puede construir y mantener. De privatizarse, las empresas concesionarias de estos servicios obtendrían el control absoluto de estas infraestructuras y de los “mercados” que sustentan, con millones de consumidores cautivos. Este es el interés que demuestra el gran capital y sus politicastros de ultraderecha, por ejemplo, con respecto al puerto de La Unión.
El verbo privatizar se pone de moda en los últimos años. Desde la óptica de las fuerzas políticas ultraconservadoras se lo utiliza como sinónimo de modernizar, sanear y ser eficiente, lo cual solo es factible bajo las leyes del “libre mercado”. En este contexto, el Estado se convierte en una “burocracia de mercadeo”, definiendo su relación con la sociedad como un asunto de negocios.
Lo que no se dice es que más allá de la distorsionada intervención del Estado, lo esencial de la crisis fiscal en la mayoría de casos, es consecuencia del traslado a la sociedad de las crisis, corrupción e ineficiencia del sector privado y el poco desarrollo del mercado se debe al comportamiento oligárquico, altamente concentrador y especulador de los grandes empresarios.
También se omite que el poder económico ha utilizado al Estado para fijar salarios, tipos de cambio, tasas de interés, y finalmente en casos cómo El Salvador y Ecuador, para dolarizar. Por lo tanto, como se preguntan hoy los analistas argentinos, la verdadera cuestión es saber quién se apoderó del Estado y para qué.
No es difícil deducir que el objetivo del neoliberalismo conservador, consiste (desde siempre) en poner la fuerza y el poder del Estado en función del diseño de políticas económicas y sociales, que otorguen las mayores ventajas y los máximos beneficios a los sectores y grupos que constituyen el núcleo dominante. Al mismo tiempo, se trata de traspasar al sector privado las instituciones estatales en condiciones económico-financieras sumamente convenientes para dicho sector, pero perjudiciales para el patrimonio social. Se afirma que, cumplidos los objetivos neoliberales, estaremos en condiciones de aspirar al “torneo mundial de las empresas”.
Resulta paradójico que quienes piden “la reducción del Estado”, exigen y se aprovechan al máximo, de las facilidades y concesiones que éste les otorga, para enriquecerse de manera desmedida, cuidando que nada se les “rebalse”.
Ya advertía Hermann Heller, ideólogo socialdemócrata no marxista, en 1934: «El liberalismo, al llevar a cabo, en el máximo grado posible, la privatización de la economía, conduce, en último extremo, también, a la privatización del poder político. El dominio de clase, basado en lo económico privado, se extiende luego a todos los demás campos económicos y políticos. Su máxima perfección se alcanza en la dominación del capital financiero» (Hermann Heller, Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1955)
Años atrás Lenin explicaba: «Para que este soborno (se refiere a la compra de políticos y de dirigentes obreros) resulte posible en el aspecto económico, sea cual fuere la forma en que se realice, es necesario un elevado beneficio monopolista» (El imperialismo fase superior del capitalismo, p. 766).
Es urgente y necesario para El Salvador, que una visión alternativa del desarrollo se instale para superar la estrechez de la pretendida “humanización del ajuste”, pasando por una transición corta y eficaz que recupere junto al actual programa básico de gobierno, las garantías sociales de la Constitución, construyendo un nueva forma eficaz de administración del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como lo planteó en su iluminada tesis liberal, el asesinado presidente Abraham Lincoln.
En toda una gama de cuestiones, la soberanía nacional ha sido erosionada hasta un grado tal que subvierte la capacidad de los Estados para gobernar la vida interna de la sociedad y suplir las necesidades básicas de las que hemos hablado. Esta es la verdadera subversión, esta es la verdadera amenaza a la seguridad de la nación, en la que la ultraderecha arropada con una falsa bandera nacionalista, conspira contra El Salvador. En este contexto o “nuevo (des) orden internacional, son los agentes privados y los poderes de facto los que ostentan la mayor proporción de influencia decisiva en los países y globalmente.
Derrotamos a pulso a una de las dictaduras más brutales conocidas bajo la protección de las élites guerreristas del imperialismo; hace un año derrotamos a la ultraderecha que acaparaba la administración del Estado (o lo que quedaba de él), estamos impulsando un gobierno de cambios a favor del pueblo, pero tenemos pendiente aún nuestra cita con la historia, por que como dijo Lenin –y conviene no olvidar- es que los explotados no luchamos para cambiar de dueño, sino para acabar con toda forma de dominación. Tampoco olvidemos, que la oligarquía (una de las más voraces de América Latina) sigue detentando el poder económico y por lo tanto la capacidad de hacer prevalecer sus intereses.
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