El Gobierno presentó a la Asamblea proyectos para que fueran avaladas a toda prisa, debido a los compromisos externos que apremiaban.Los diputados corrieron en los últimos meses del año con la aprobación de varias leyes, debido a los compromisos con entidades internacionales.
Katlen Urquilla.30 de Diciembre. Tomado de El Diario de Hoy.
Las prisas en los últimos meses del Gobierno y de la Asamblea Legislativa por aprobar varias leyes, incluso de madrugada, no eran más que por cumplir con las presiones de organismos internacionales que han puesto estrictos requisitos al país para continuar apoyándolo a nivel financiero y político.
Son tres leyes que han sido aprobadas bajo esas circunstancias y otras dos que han sido presentadas en el Congreso a última hora, cuyos contenidos serán analizados al volver de vacaciones de fin de año para su pronta aprobación.
Uno de los casos más emblemáticos sucedió justo en la última plenaria de 2010 del pasado 16 y 17 de diciembre, en la que eliminaron el incentivo del 6% a los exportadores, cuyo efecto se hará efectivo a partir del 1 de febrero de 2011.
¿Por qué la prisa?. Las carreras de los diputados en esa maratónica jornada fueron porque tenían sobre la espalda la presión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que exigía la eliminación de ese subsidio a los exportadores.
Eso consta en el decreto que aprobaron los legisladores en la madrugada del 17 de diciembre, donde se explica que existen compromisos con la OMC, "dentro de los cuales se encuentra el acuerdo relacionado a subvenciones y medidas compensatorias, por lo que en cumplimiento a dicho compromiso se hace necesario e indispensable la derogatoria de la referida ley".
El mismo viceministro de Economía, Roger Hernández, admitió sin tapujos el pasado 21 de diciembre de 2010 que la abolición del incentivo a los exportadores se dio por disposiciones de la OMC y justo ese mismo día presentó a la Asamblea un anteproyecto de la Ley de fomento a la productividad, la cual pretende crear un fondo de financiamiento con un capital semilla de $25 millones que es la cantidad que pagan en promedio cada año en concepto del 6% de devolución a los exportadores.
El analista Manuel Enrique Hinds, ex ministro de Hacienda, en su columna del pasado 13 de agosto de 2010, opinó que "no hay duda de que eventualmente tendrá que ser eliminado, ya que la Organización Mundial del Comercio se opone a los subsidios a las exportaciones".
Otro ejemplo ha sido la reciente aprobación de la "Ley especial integral para la vida libre de violencia contra las mujeres", la cual contó con el aval de 75 diputados el pasado 25 de noviembre, porque era un compromiso adquirido con la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el documento aprobado por los legisladores se detalla que el país había suscrito un acuerdo con el organismo internacional en 1995 y en razón de ello estaba pendiente la creación de una normativa legal en favor de las mujeres.
El acuerdo con la OEA está basado en la "Convención Belem do Pará" realizada en Brasil en junio de 1994 durante el vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.
"La cual establece la obligación a los Estados parte, de incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer", dice en el escrito avalado por los legisladores el 25 de noviembre.
Por eso es que sorpresivamente de un día para otro los diputados pactaron que en la sesión plenaria que coincidía con la celebración del Día internacional de la no violencia contra la mujer, aprobarían la ley cuya novedad será la definición de "feminicidio" (asesinato de mujeres) y el endurecimiento de penas a este delito en relación al homicidio simple que establece el Código Penal.
Esa ley tiene como objetivo establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, y da las herramientas legales para proteger y reparar a las víctimas de la violencia.
De igual forma, el Gobierno ha tenido que plantear un sistema para focalizar el subsidio al gas, el cual entrará en vigor, tras una prórroga del mismo Gobierno, a partir del 1 de febrero de 2011, debido a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo ha puesto de condición para seguir desembolsando fondos al país para diversos proyectos prometidos por el Ejecutivo.
A pesar de la claridad con la que representantes del organismo financiero han dicho que es una condicionante, en el Ministerio de Economía aseguraron el pasado 22 de octubre que la focalización del subsidio no se está realizando por presiones del FMI, sino que matizaron que es en cumplimiento a una promesa hecha por el presidente Mauricio Funes de beneficiar solo a las personas que más necesitan recursos.
No obstante, en diversas ocasiones los organismos multilaterales han insistido en que El Salvador debe focalizar de mejor manera no solo el subsidio al gas, sino al resto de subvenciones como: electricidad, transporte, agua y exportaciones. El propósito de los entes internacionales es que el país reduzca el déficit fiscal y sanee las finanzas públicas.
En abril de este año, por ejemplo, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como el Banco Mundial (BM) pidieron la focalización del subsidio al gas y poner en marcha un pacto fiscal, un asunto en el que el Gobierno ha insistido durante este año y el cual piensa impulsar de lleno el próximo año.
Esas fueron las dos condiciones principales que exigen los organismos para otorgarle al país más financiamientos.
Otra propuesta que llegó a la Asamblea Legislativa a toda prisa y se intentó aprobar en la última plenaria del año fue la fusión de las tres superintendencias del país: de Valores, Pensiones y Financiera, un requisito puesto por el FMI también para la aprobación de créditos, lo cual había acordado previamente con el actual Gobierno.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, explicó en su momento que esa exigencia quedaría sin efecto para soltar los fondos, debido a que el organismo aceptó que el proyecto de fusión de las entidades se pudiera convertir en un esfuerzo por separado. Sin embargo, el partido oficial, con el que se reunió Cáceres durante la última plenaria, trató de sacar un acuerdo esa noche, pero no resultó y quedaron en que será lo primero que discutan en enero.
Por otra parte, el Gobierno presentó en mayo y el FMLN en octubre una propuesta para la creación de la Ley del sistema salvadoreño para la calidad y la productividad, la cual es otra exigencia de la OMC, de acuerdo con algunos diputados.
La legisladora Ana Guadalupe Martínez, del PDC, explicó en noviembre que es un requisito impuesto por entes internacionales, aunque destacó que a la vez es necesaria para el país.
"Es que es un requisito puesto por alguno de los organismos financieros internacionales y por eso han salido corriendo a proponerlo, tanto el FMLN como el Ministerio de Economía", indicó Martínez, a quien le preocupa la concepción de competitividad y calidad que tiene el partido de izquierda. También el diputado Orestes Ortez, del FMLN, admitió que era un requisito de entidades externas.
elsalvador.com :.: Diputados legislan presionados por organismos internacionales
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