EDH-Crecen roces entre la Fuerza Armada y PNC

 La declaración de un militar pone en duda la actuación de los policías en un caso en Zacatraz

el Sargento Joaquín Antonio Zelaya Romero fue capturado, presentado y acusado por la Policía. Un tribunal de La Paz lo liberó de los cargos que le imputaban. FOTO EDH / ARCHIVO

 

31 de Diciembre. Tomado de El Diario de Hoy.

La captura y la exhibición pública de un sargento mayor, por parte de la Policía Nacional Civil, puso al descubierto las constantes diferencias y roces entre miembros de la Fuerza Armada y de las instituciones de seguridad.

Joaquín Antonio Zelaya fue detenido bajo cargos de intentar introducir el lunes un paquete de marihuana, dinero y un celular al Centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca. Sin embargo, el miércoles la Jueza Primera de Paz de esa jurisdicción, Teresa de Jesús Vásquez, lo liberó.

Según el jefe fiscal de la Unidad Antinarcotráfico, Jorge Cortez, la juez dio valor a la declaración de otro militar que calificó el procedimiento de la captura como "irregular".

Cortez detalló que la defensa ofreció la declaración de 15 soldados como testigos de los hechos, pero al final sólo declaró uno que dijo que los policías habían puesto los objetos ilícitos en las bolsas del militar. La Fiscalía no le cree.

Fuentes judiciales dijeron que para la jueza las dos versiones generaron duda y esto benefició al militar con la libertad.

Sin embargo, la culpabilidad o inocencia del sargento no es la manzana de la discordia, sino el hecho de que lo hayan presentado hasta uniformado a los medios de comunicación, a diferencia de los policías que cometen delitos, como el que mató a un pasajero en un autobús esta semana.

Los roces entre las dos instituciones no son nuevos, ya que durante las primeras semanas de la salida del Ejército a las calles para apoyar en las tareas de seguridad a la Policía se registraron una serie de problemas con las jefaturas policiales, quienes delimitaron a los soldados las zonas donde podían entrar a patrullar y los sectores donde no estaban autorizados para poder ingresar.

Los soldados confirmaron que en las zonas donde se les prohibió el ingreso era justamente donde había más grupos de pandilleros. Los roces se dieron en Lourdes, en La Libertad.

Las fuentes militares explicaron en su oportunidad que una de las dificultades con las que se enfrentaron los soldados era de no poder perseguir a un delincuente cuando traspasa las "zonas delimitadas".

Otro de los lugares donde también se generaron roces fue en La Campanera, en Soyapango.

El homicidio de una mujer y su hija en La Campanera, la madrugada de el lunes 7 de septiembre, también provocó diferencias y dejó un mal sabor para los vecinos por la "delimitación".

Vecinos de la comunidad declararon que en la madrugada de ese día, escucharon lamentos que provenían de la casa de las víctimas, por lo que fueron a avisar a los militares que se mantienen en la zona y éstos les dijeron que no podían actuar porque era una zona bajo control de la Policía.

Según los habitantes, los soldados optaron por llamar a la Policía. Los policías acudieron al lugar a las 6:00 a.m. y encontraron los cadáveres de las víctimas.

En mayo pasado los jefes de la Fuerza Armada propusieron al presidente Mauricio Funes que dejara el control de las cárceles en manos castrenses.

Las propuestas de los militares habrían generado fricciones con el gabinete de Seguridad, que trascendió que se opuso a esas iniciativas por considerarlas al margen de la ley, según fuentes policiales y militares.

De acuerdo con fuentes de este periódico, autoridades penitenciarias habrían manifestado una férrea oposición al control militar total del sistema, argumentando que se estaría violentando la Ley Penitenciaria, que define que los custodios son los únicos responsables de la seguridad en los reclusorios.

Otro factor que genera recelos es que la Policía se estaría agenciando como propios operaciones y logros de los militares, como en la lucha anticontrabando.

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