Dos fallos emitidos por Derechos Humanos y una resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ sugieren restituir o indemnizar a 17 empleados despedidos e impone el pago de salario desde enero de 2010 al asesor de la Unidad de Asuntos Legales Internacionales de Fiscalía.
Escrito por Fernando Romero.27 de Diciembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
“Se violó la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, y debe restituirse. Recomendamos avenir a las partes a buscar arreglo.”
Óscar Humberto Luna,procurador Defensa de los Derechos Humanos
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió una resolución en noviembre pasado que condena al fiscal general de la República, Romeo Barahona, por los despidos ilegales de 17 empleados de esa institución que fueron removidos de sus puestos en diciembre de 2009.
La PDDH en su resolución, firmada por el procurador en funciones, Salvador Menéndez Leal, estableció una “violación del derecho al trabajo por actos ilegales o arbitrarios atentatorios contra la estabilidad laboral y al debido proceso, por inobservancia del derecho de audiencia y defensa, por parte del fiscal general de la República, Romeo Benjamín Barahona Meléndez”, en perjuicio de 17 empleados administrativos.
El procurador Óscar Luna, por su parte, dijo en declaraciones a este periódico que mantiene la recomendación a la FGR de que restituya o indemnice en todo caso a los empleados despedidos, ya que se les violentaron sus derechos humanos laborales.
“Se violó la estabilidad laboral, se violó el derecho al trabajo y debe restituirse. Nosotros recomendamos siempre avenir a las partes a buscar un arreglo”, dijo el procurador. Y añadió que los empleados pueden también acudir a una sede judicial para denunciar la violación de sus derechos.
La resolución de la PDDH tiene su origen en una denuncia que interpuso Carlos José Hurtado Flores, quien hizo del conocimiento a la procuraduría que laboraba en la FGR como auditor de sistemas desde enero de 2008. El 21 de diciembre de 2009, la directora de recursos humanos y administración de la FGR, Haydeé López Ventura, le notificó que su contrato de trabajo no sería renovado para 2010, por lo que era despedido después del 31 de diciembre.
Hurtado presentó dos días después de la notificación, el 23 de diciembre, una carta en la que expresó al fiscal general, Romeo Barahona, que él iba a continuar trabajando en la FGR ya que su despido era injustificado, según la normativa de la carrera fiscal.
El 4 de enero de 2010, el empleado cumplió su palabra y se presentó a trabajar en sede fiscal. Sin embargo, cuando intentó ingresar, el equipo de la vigilancia se lo impidió y le detalló que solo podía entrar ya como usuario.
Ese mismo día, Hurtado acudió a la PDDH a interponer su denuncia por despido ilegal.
Asimismo, otras 16 personas sufrieron situaciones similares de parte de la FGR y acudieron, después del 4 de enero de 2010, a denunciar la ilegalidad.
La PDDH pidió el 12 de enero al fiscal general la información respectiva al caso, así como un análisis que argumentara los despidos para verificar su legalidad.
El 18 de febrero, el fiscal de Derechos Humanos de la FGR, Francisco Guerrero Navarrete, en representación del fiscal general, envió información acerca de los casos y solicitó investigación de la gerente López Ventura. Ella argumentó, entre otras razones, que los empleados despedidos no eran “necesariamente indispensables de acuerdo al orden de importancia de sus servicios ni significaba un rubro clave para funcionar adecuadamente”.
Además, todo el personal de la FGR estaba vinculado a la institución por contratos de vigencia entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2009, por lo que el contrato está sujeto a la vigencia. Sin embargo, fuentes fiscales aseguran que la sujeción de los contratos es presupuestaria y no temporal. Eso significa que los contratos se celebran porque ya se pidió el presupuesto al Ministerio de Hacienda para abrir plazas.
López Ventura añadió que por no tener faltas disciplinarias no se les abrió ningún proceso sancionatorio, y ello explica la ausencia de esta etapa.
La PDDH, para su resolución, se basó en jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, y en resumen le reiteró al fiscal general que verifique la legalidad de los procedimientos y “analice la posibilidad de su recontratación o indemnización”.
La procuraduría recomendó también al fiscal general que para casos similares “respete los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras a su cargo y les dé cumplimiento a las garantías del debido proceso”.
Hasta la fecha, los empleados despedidos no han sido restituidos ni indemnizados. Luna recordó que fallos PDDH no son vinculantes.
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