El medicamento fue enterrado a principios del año y fortuitamente fue observado por autoridades y empleados de Salud, quienes al sacar el producto constataron que hay mucha más medicina desperdiciada.
Por Gregorio Morán.14 de Mayo. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR. Mientras pacientes de los hospitales públicos como el Rosales y el Benjamín Bloom viven en carne propia la falta de medicamentos, las autoridades del Ministerio de Salud sospechan que entre 200 y 300 toneladas de fármacos han sido enterradas en un predio ubicado en Soyapango.
El viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, dijo a ContraPunto que “aunque no se tiene con exactitud la dimensión del asunto”, se calcula que la cantidad de medicina enterrada ronda las 200 toneladas, porque “se han encontrado varias capas de medicinas”.
La punta del iceberg
La Prensa Gráfica (LPG) publicó este miércoles 12 que al menos 22 toneladas de medicinas vencidas se hallaron enterradas en el terreno del ministerio de Salud. Pero la cifra pudiera elevarse exponencialmente y tratarse en realidad de unas 200 toneladas, dijo el viceministro.
“Cuando vimos ese entierro, pensamos que podría tratarse de unas 10 ó 15 toneladas de medicinas”, pero después de verificar y desenterrarlo se constató que debajo de esta cantidad de producto, había otra capa de medicinas que fue enterrada con anterioridad, señaló el viceministro.
Más tarde, la ministra del ramo, María Isabel Rodríguez, subió la cifra a 300 toneladas.
El descubrimiento de la medicina enterrada se dio fortuitamente, pues empleados del almacén central del ministerio de Salud, ubicado en El Matazano, Soyapango, al oriente de San Salvador, observaron meses atrás a otros que enterraban la medicina.
La fecha de vencimiento de algunos de los medicamentos encontrados es de 1992, según la nota periodística de LPG. Habrá que esperar para constatar las fechas de vencimiento del resto de medicinas que aún se encuentran varios metros bajo tierra.
Las autoridades de Salud ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía para que se llegue al fondo del caso.
“Esta cuestión (el entierro de medicamentos) viene de años, no se ha hecho de un día para otro”, señaló el funcionario.
El ministerio como tal dará este jueves una conferencia de prensa en horas de la tarde en las instalaciones del almacén central, para dar a conocer detalles del hallazgo.
Se espera que la empresa especializada ofrezca detalles sobre el nivel de toxicidad del medicamento enterrado, la filtración y la posible contaminación de mantos acuíferos en la zona, según Espinoza.
Es obvio que hay personal del ministerio de Salud involucrado y por eso se espera la intervención de la fiscalía, dijo el viceministro.
LPG citó a trabajadores del ministerio diciendo que ellos recibían órdenes superiores para enterrar los fármacos, y que eso tendría como propósito beneficiar a algunas empresas farmacéuticas. Las medicinas llegaban a las bodegas del ministerio, explicaron, con solo tres meses para que caducaran, luego las enterraban. Un negocio redondo para las casas farmacéuticas.
“En un acto de esta naturaleza seguramente ha habido complicidad de algún personal, porque no se puede enterrar una cantidad de medicamentos como la encontrada ahí, sin que nadie del personal se diera cuenta”, reflexionó Espinoza.
Por eso mismo las autoridades de Salud Pública quieren que se investigue a profundidad el caso para deducir responsabilidad y ver si hay “funcionarios anteriores que autorizaron eso”.
Los empleados citados por el matutino señalaron que el enterramiento de medicamentos podría provenir desde hace unos 10 años. Incluso se habría sepultado otra carga el año pasado, a escasos meses de que llegaran las nuevas autoridades de Salud, con el arribo del nuevo gobierno, el 1 de junio del 2009.
ContraPunto intentó en varias ocasiones hablar telefónicamente con Guillermo Maza, el último ministro de Salud de la era de la ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Pero su asistente dijo que el galeno se encontraba ocupado. Más tarde dijo que no se encontraba.
¿Modus Operandi?
El primer caso de medicamentos vencidos y ocultados se registró el 13 de junio de 2009, cuando 145 toneladas de medicinas fueron encontradas en las bodegas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en San Salvador.
El lote incluía leche para bebe, antibióticos, sueros, analgésicos, antiácidos, relajantes musculares y otros.
El lote encontrado tenía un costo de 17 millones de dólares, pero el Estado debía invertir otros 100 mil dólares en el proceso de destrucción.
Lo encontrado en el ISSS y ahora en terrenos del ministerio de Salud podría dar la pauta para pensar que deshacerse de medicinas vencidas en gran escala era un patrón para beneficiar a poderosos grupos empresariales metidos en el negocio de las medicinas, que debían de proveer más ante la aparente “escasez”.
La danza de millones (de dólares)
El ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social gastan cada año 150 millones de dólares en la compra de medicinas. El viceministro Espinoza llama a eso “la danza de los millones”, de la cual se estarían beneficiando las compañías farmacéuticas proveedoras.
Pero el consumo de medicamentos de parte de la población hace elevar esa factura a 500 millones de dólares anuales, según su análisis.
“Ellos (los diputados de derecha) pueden tener diferencias en torno a quién gobierna o sobre cualquier otra cosa, pero en torno a los medicamentos han cerrado filas completamente”, dijo en una ponencia Espinoza, el pasado 6 de mayo, durante el foro “El Salvador: salud siglo XXI”.
El funcionario también hizo revelaciones importantes respecto de la compra de medicinas desde la esfera gubernamental durante las administraciones de ARENA.
Dijo que de acuerdo con un estudio realizado por las actuales autoridades de Salud en 2009, de todas las licitaciones que se habían adjudicado en los años previos a la llegada del nuevo gobierno, el 75% de los fondos disponibles del Ministerio para compra de medicamentos, estaban a favor de seis empresas “y estas empresas eran o de la familia Saca o de la familia Cristiani”.
Droguería Santa Lucía es la importadora de medicamentos propiedad del ex Presidente de la República Alfredo Cristiani, mientras que algunos miembros de la familia Saca son propietarios de laboratorios nacionales.
A esa familia pertenece otro ex Presidente de la República, Elías Antonio Saca. Fue el último de los mandatarios llevados al poder por ARENA, tras perder este partido las elecciones de marzo del 2009.
Espinoza reconoció en su ponencia que la adjudicación de las licitaciones “no era ilegal” porque se hacía mediante un proceso que cumplía con los requisitos, e incluso se licitaba con las empresas de las referidas familias, porque daban precios más bajos.
Lo irregular llegaba después. Tres o cuatro meses posteriores a la adjudicación de las licitaciones, las empresas favorecidas solicitaban un incremento del 15 ó 20 por ciento sobre el monto establecido en la adjudicación, argumentando una serie de situaciones como trámites aduanales.
El equipo encargado de verificar las licitaciones resolvía siempre a favor de ese incremento, “Así recibían un plus sobre los dos o menos centavos que dejaban de ganar” en la licitación inicial, dice el viceministro Espinoza.
El funcionario agregó: “Nosotros encontramos una red completamente infiltrada al interior del Ministerio de Salud Pública que estaba encargada de asignar las adjudicaciones y licitaciones. Hemos depurado esa red o cambiado y reestructurado”.
Esta red permitió, incluso, que los listados elaborados para cubrir la necesidad de Salud sobre la compra de medicamentos, fuera manipulada por la misma industria farmacéutica.
“Eliminaban esto, incluían aquello, los medicamentos que estaban a punto de vencerse; por eso fue que encontramos rastros, toneladas y toneladas de medicamentos vencidos en el interior de los almacenes del Ministerio de Salud. Eran medicamentos no necesarios o que existían en suficiente cantidad pero que se seguían comprando”, ilustró Espinoza.
No tienen remedio. Nuestra clase educada y "emprendedora" no tiene remedio. Son vivianes. Dinero es el principio de vida, cueste lo que cueste. Hay que investigar bien y juzgarles. NO hay de otra, no entenderan hasta que se les haga sentir el peso de nuestra malnutrida justicia. Con dialogo no cmabiaran. Hay que tomar medidas serias y constitucionales, pero no se puede dejar pasar estas cosas. Hay qeu entender que han estado haciendo dinero atravez de jugar directamente con parametros que afectan directamente a las grandes mayorias.
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