Esta tragedia, a todas luces evitable, debería al menos servir para hacer un replanteamiento de fondo sobre lo que son y sobre lo que deben ser las políticas de prisión y de internamiento.
Escrito por Editorial.12 de Noviembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
El pavoroso suceso que tuvo lugar en el Centro de Readaptación Intermedio de Ilobasco, al comienzo de la mañana del pasado miércoles, del cual resultaron ya 17 internos fallecidos y 21 lesionados, pone de nuevo un índice candente sobre las condiciones en que vive la población reclusa en el país, sea de menores o de mayores. Los hechos se hallan en vías de investigación, pero el resultado está ahí, con esa alarmante cantidad de internos asfixiados o quemados. Las escenas captadas por los medios a la hora de trasladar a los lesionados hacia los centros asistenciales son desgarradoras, y también lo son las que recogen el inmenso dolor de los familiares de los fallecidos. Nadie puede quedar impávido ante semejante tragedia.
El aludido Centro venía siendo escenario de serios conflictos internos, pues en él están recluidos pandilleros que fueron condenados siendo menores y hoy cumplen ahí sus condenas. Por eso, aunque la línea más fuerte de investigación apunta a que se trató de un cortocircuito por sobrecarga eléctrica debida a manipulaciones de los mismos internos para hacer conexiones prohibidas, no sería razonable descartar la existencia de algún tipo de responsabilidad, sobre todo en las causas directas de las muertes. En todo caso, esta situación tan lamentable está rodeada de muchas carencias, insuficiencias y deficiencias.
Es de evidencia indiscutible que dicho sistema ha sido sobrepasado en mucho por las galopantes condiciones de la realidad. La primera falla estructural decisiva es el hacinamiento, que ya se volvió una especie de vicio naturalmente aceptado, como si no tuviera consecuencias gravísimas. La criminalidad ha venido aumentando en forma constante, y esto agudiza el problema, que además se ve intensificado por una eventual mayor efectividad en la persecución del delito. Es incomprensible que, paralelamente, no haya un adecuado proyecto en marcha para atender como se debe a la creciente población de reclusos.
Así como se vienen dando las cosas, resulta prácticamente imposible desarrollar la función principal del encierro carcelario, que es la rehabilitación y la posterior reinserción efectivas. Si esto no se da, las cárceles inevitablemente se convierten en lo que ahora son: escuelas y refugios para más criminalidad. El sistema está notoriamente acorralado. En este caso, es penosísimo y revelador que el director del Centro de Ilobasco reconozca que la tragedia pudo deberse a un “cableado eléctrico hechizo” que pusieron los mismos reos para conectar televisores, equipos de sonido y una cocina eléctrica, a ciencia y paciencia de las autoridades, y que luego, cuando se trató de desmontar ese cableado prohibido, los reclusos lo impidieron a punta de amenazas. ¿Quién manda ahí, pues? Los internos, sin duda. Es el mundo patas arriba.
Esta tragedia, a todas luces evitable, debería al menos servir para hacer un replanteamiento de fondo sobre lo que son y sobre lo que deben ser las políticas de prisión y de internamiento. Hay que redefinir la misión del sistema, y actuar en consecuencia. Es indispensable reposicionar el tema de rehabilitación, pero en serio, sin prejuicios ni visiones reductivas. Se trata de una problemática que ya no se puede seguir viendo como una simple cuestión agregada. El sistema carcelario actual no es sólo es fallido en su función institucional, sino que es explosivo como factor de riesgo para el sistema nacional en su conjunto.
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