La actuación de una jueza y el tribunal de apelación que conocieron el caso del menor asesino, cuya foto fue valientemente publicada por LA PRENSA GRÁFICA, evidenció uno de los muchos malos manejos en el funcionamiento de la justicia en el país. Las juezas involucradas en la sentencia y en la apelación exhibieron más un apetito cargado de emoción por castigar a un medio que por el derecho de información de la sociedad.
Escrito por Rafael Castellanos.25 de Noviembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
“La demanda contencioso-administrativa a las juezas que fallaron, según los abogados ligeramente y con vicios en el proceso en contra de LPG, va más allá de ejercer su derecho, defiende la libertad de información de la sociedad.”
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El proceso, lleno de inconsistencias como muestran los abogados de LA PRENSA GRÁFICA, revelan una alta dosis de discrecionalidad y sesgo, en vez del espíritu de hacer justicia que corresponde, analizando toda la legislación y circunstancias, a quienes ocupan cargo de jueces, en que descansa mucho de la estabilidad de la sociedad.Algunos observadores que se alegraron quizá se dejaron llevar por el insano sentimiento de que se castigue a un grande, a un medio importante.
Hubo quienes disfrutaron la humillación que se intentó infringir al representante legal de la empresa, algo totalmente fuera de lugar, pues cualquier condena y multa debiera ser a la empresa, no a las personas. A esos se les invita a pensar fríamente y entender que aplicar mal la ley lesiona hoy a unos, mañana a otros, y la sociedad entera es la que se ve perjudicada.
La multa al representante legal no tiene importancia económica, es un asunto de principios. La sentencia fue dada sin audiencia probatoria, sin investigación fiscal, por supuestamente violar las garantías de protección de identidad de un menor (por unos días) asesino a sangre fría captado in fraganti, en plena calle, matando por un motivo tan baladí como una camisa para trofeo, disputa de supremacía territorial, tribal salvajismo en su expresión más cruda. ¿Qué derecho es mayor: el de la sociedad de estar informada de asuntos tan delicados o la protección de identidad de un asesino a sangre fría? La aplicación de las leyes por los buenos jueces toman en cuenta muchos factores, juzgan, en beneficio de la sociedad, al menos ese es su mandato.
La Sociedad Interamericana de Prensa conoció el caso y condenó la actuación de las juezas como atentatorias de la libertad de prensa, que lo es sin lugar a dudas. Desafortunadamente, la actuación de las funcionarias exhibe las graves falencias del sistema judicial del país, lo lejos que estamos del estado de derecho.
Estemos claros, no se defiende a una empresa grande. Se defiende el derecho de información de una sociedad, que es precisamente lo que las juezas confundieron en el sagrado ejercicio de su investidura.
Ahora LA PRENSA GRÁFICA emprende, en su legítimo derecho y el de la sociedad, su defensa entablando una demanda por actuación contencioso-administrativa a las juezas, el recurso de defensa de los ciudadanos comunes contra funcionarios que actúan mal, que se exceden infringiendo en el ejercicio de sus funciones y la aplicación del poder que el Estado les confiere, precisamente para actuar en beneficio de la ciudadanía y lo aplican mal, contenciosamente.
LA PRENSA GRÁFICA hace uso del derecho que la ley le confiere, pero, al mismo tiempo, defiende su compromiso con la sociedad, como debe actuar el periodismo responsable. El fallo de la jueza, lleno de ligerezas y aparentes prejuicios, el de la Cámara que falló sobre la apelación, en aparente solidaridad de colegas, sin razonar sustanciosamente, ambos condenables.
LA PRENSA GRÁFICA, al demandar responsablemente, bien documentada y razonadamente, es valiente, arriesga mucho, pero va en defensa de los principios a que se debe, que cuentan más en el largo plazo que las dificultades y contratiempos que pueda representar enfrentar a representantes del poder judicial y exponerse a actuaciones de solidarismo de gremio.
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