El procurador de derechos humanos cree que hay tanta información que pone en entredicho la labor del español Carlos Castresana, que vale la pena investigar su trabajo.
29 de Noviembre. Tomado de El Faro.
Guatemala, noviembre 27. El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, pidió este sábado a la comisión antimafias de Naciones Unidas instalada en este país que investigue al español Carlos Castresana, quien hasta junio dirigió dicha entidad.
"Estamos solicitando una investigación dada la gravedad de las informaciones que han sido publicadas y comentadas", dijo Morales a periodistas, refiriéndose a supuestas anomalías en procesos judiciales pero sin especificar casos.
Morales envió la solicitud al actual jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el costarricense Francisco Dall'Anese. Sin embargo, el vocero de la comisión, Diego Álvarez, dijo que aún no la reciben.
La CICIG pasa por uno de los momentos más complicados desde su instalación en septiembre de 2007. La comisión es patrocinada por la comunidad internacional y es la ONU el organismo que nombra al comisionado.
Desde su instalación y aún antes, la CICIG ha enfrentado una férrea resistencia de un amplio abanico de sectores. Desde el crimen organizado, que amenazó de muerte a Castresana, y notables juristas, que cuestionan su constitucionalidad, hasta empresarios que han dicho que está fuera de control luego de la captura del empresario y ex ministro de gobernación Carlos Vielmann en España.
A Vielmann se le acusa de haber ordenado ejecuciones extrajudiciales de 10 reos mientras era ministro. Él niega los señalamientos. Y en una investigación que CICIG realizó entre 2007 y 2009, pero que la misma CICIG nunca oficializó, Vielmann aparece como parte de una red de crimen organizado que dio muerte a los tres diputados salvadoreños al Parlacen y su motorista en 2007.
El caso ha estado rodeado de polémica. Esta semana un juez español dejó libre a Vielmann luego que Guatemala no envió la documentación a España para justificar su extradición.
Por aparte, Gisele Rivera, fiscal costarricense y empleada por dos años en la CICIG, afirmó que Castresana ocultó información de casos relevantes, retrasó investigaciones y acusó a personas sin pruebas concretas.
Contra Rivera se emitió una orden de captura en Guatemala ya que la fiscalía especial que coordina con CICIG la acusa de entorpecer una investigación sobre la ejecución de los 10 reos, donde además de Vielmann es acusada la cúpula de seguridad del gobierno de Oscar Berger (2004-2008).
Castresana dirigió la CICIG desde septiembre del 2007 hasta junio del 2010 cuando renunció después de quejarse del poco apoyo del Estado de Guatemala en su trabajo para combatir la impunidad.
La CICIG fue creada a solicitud del estado guatemalteco en el 2007 para investigar y desbaratar las mafias que facilitan impunidad a las organizaciones criminales, además de fortalecer las unidades de investigación de Guatemala. La comisión es financiada por ayuda de la comunidad internacional.
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