LPG-Editorial-Una buena ley de partidos políticos es vital para la democracia

 Se trata, pues, de contar lo más pronto posible con un marco legal regulador tanto del comportamiento ético como del comportamiento político y orgánico.

Escrito por Editorial.29 de Noviembre. Tomado de La Prensa Gráfica. 

Hay temáticas nacionales que, por su trascendencia e incidencia en la buena marcha del proceso nacional, están requiriendo con urgencia de ordenamientos legales que respondan tanto a los lineamientos de una regulación moderna y proyectada hacia el futuro como también a las necesidades propias de la realidad que se vive en forma evolutiva. Entre dichas temáticas mencionamos las que se refieren al ordenamiento territorial, a la transparencia y rendición de cuentas, y al desempeño integral de los partidos políticos. Sobre todos esos asuntos tan relevantes y significativos hay iniciativas lanzadas y proyectos presentados, pero las resistencias interesadas del desorden hasta ahora han podido más que los argumentos regeneradores del orden; y esta es una constancia viva de que hay que ordenar básicamente al poder establecido.

En lo que corresponde específicamente a los partidos políticos, ya no es posible que éstos se mantengan en esa especie de libertinaje funcional, incompatible con una práctica democrática verificablemente saludable. Los partidos, como fuerzas políticas que aspiran en forma constante a la representación ciudadana y que, por eso mismo, se responsabilizan de las diversas expresiones de la conducción nacional, tienen que dar el ejemplo de actuación impecable en todos los órdenes; y esto no puede dejarse al arbitrio de las dirigencias de turno, es decir, de los intereses que las mueven, que con frecuencia son velados u oscuros.

El caso actual de lo que ocurre en el CD puede servir de muestra de recorrido en lo que a los manejos francamente cuestionables se refiere. Esto que ha salido a la luz por disputas internas en el liderazgo de un partido se sabe que ha sido norma perversa en el escenario partidario del país; y si por algo hay tantas reservas ciudadanas respecto del proceder de los políticos en activo es porque todo indica que las tentaciones del poder tienden irresistiblemente a ser más fuertes que los mandatos de la recta conducta tanto personal como institucional.

Es claro que tiene que haber más presión ciudadana, y desde luego analítica no de calle como se estila, para que las instancias correspondientes tomen verdaderamente en serio sus responsabilidades de regulación ordenadora. Y aquí hablamos en primer lugar de lo que le corresponde hacer a la Asamblea Legislativa, donde también habría que superar el inmediatismo de la suma coyuntural de votos, que se logra casi siempre por maniobras que tampoco salen a la luz, para pasar a la construcción de mayorías fundadas en el enfoque honesto, consistente y realista de las diversas cuestiones por atender y por resolver.

Una legislación suficiente sobre partidos políticos tendría que contener normas relativas a la democratización interna, al financiamiento institucional en todas sus formas, a la honradez de los diversos procederes y procedimientos, a la debida y eficaz formación de cuadros, entre otros temas no relegables. Se trata, pues, de contar lo más pronto posible con un marco legal regulador tanto del comportamiento ético como del comportamiento político y orgánico.

Hemos venido insistiendo, desde nuestra condición de medio realmente comprometido con la buena marcha de todos los procesos que configuran la vida nacional, en el imperativo de impulsar cuanto antes todos estos ordenamientos básicos. Ya no podemos seguir funcionando con la improvisación encubridora que ha sido práctica arraigada, y que deja crecientes efectos negativos.

Una buena ley de partidos políticos es vital para la democracia