ANEP rechaza el de Cuba y lo califica de violatorio de las libertades; Casalco admira el de Perú porque, dice, les ha llevado desarrollo.Según el gobierno, el asocio público-privado permitiría modernizar puertos. No se sabe si aplicará al de La Unión, en desuso y cuyo mantenimiento cuesta $83 mil al mes.
Mirella Cáceres.29 de Noviembre. Tomado de El Diario de Hoy.
Creen en el modelo de asocios público-privado como una vía hacia el progreso pero en uno transparente, despolitizado, despartidizado y que imponga reglas claras y garantice el respeto a los derechos de los inversionistas.
Ese el modelo que navega en la mente de algunas de las principales gremiales empresariales del país cuando se les pregunta sobre el anuncio del Órgano Ejecutivo de impulsar este modelo de inversión en el que Estado y sector privado unen sus recursos.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) es directa y clara: no quieren replicar el modelo cubano de asocios sino el de otros países y ponen de ejemplo el que impulsa Chile, del que, según destacan estudios, establece la flexibilidad contractual por acuerdo de las partes y ejerce contraloría a los contratos.
Carlos Enrique Araujo, presidente de la ANEP, dice que apoyan todo proyecto que se traduzca en beneficios para la nación, pero pone el requisito de la transparencia por delante y rechaza el cubano porque, según él, viola las libertades y tiene limitaciones.
"Obviamente, como empresa privada no estaríamos de acuerdo que un proyecto de esta índole copie el proyecto de asocio público-privado de Cuba, que prácticamente es una burla al concepto. Entendemos que en otros países como Chile la misma ley les ha permitido un desarrollo de la economía muy fuerte y con una transparencia muy grande", afirma Araujo.
El sector de los constructores representado en la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), prefiere no "estigmatizar" un modelo específico, pero al igual que la ANEP demanda uno responsable, transparente, basado en la confianza y no vea al inversionista como un "enemigo" sino como un socio estratégico.
Ismael Nolasco, director ejecutivo de la Casalco, dice que ejemplos a seguir hay varios y menciona los de Chile y Colombia, pero destaca a Perú, donde, según dice, ha alcanzado desarrollo económico y social a través de este modelo de inversión.
"Probablemente no estemos casados con ningún modelo, (pero) dudo que en un gobierno no democrático se den este tipo de asocios, por lo cual la visión nuestra siempre debe ir orientada a gobiernos progresistas, democráticos, de libre expresión, donde hay fomento a los sectores productivos", afirma Nolasco.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador ya ha sentado posición sobre el tema y ha demandado que si se va a impulsar este modelo se establezcan reglas claras donde todas las partes ganen. También ha rechazado el modelo cubano porque, aseguran, no hay un marco jurídico que garantice los derechos de los inversionistas y han puesto de ejemplo, el que los conflictos se dirimen en tribunales oficiales.
En Cuba, este modelo se rige por una normativa que, entre otras cosas, establece que es el gobierno el que elige a la empresa y es dueño del 50% de las acciones. Por otro lado es el que selecciona al personal local a contratar y también les canaliza los salarios en moneda nacional aunque la empresa pague en dólares.
Aún no se sabe si el gobierno copiará este modelo, mismo que en su visita a Cuba en octubre pasado, el Presidente Mauricio Funes lo calificó de "exitoso". En Atlanta, Estados Unidos, donde habló ante el Foro de Competitividad de las Américas, dijo que ya se trabaja en un marco legal con asesoría internacional.
Adelantó que ya tiene en mente algunos proyectos de infraestructura pública donde aplicar este mecanismo, tanto que el jueves anterior les pidió a constructores y demás empresarios trabajar de la mano para salir de la crisis y los invitó a presentar sus proyectos que conduzcan a "sentar las bases de este nuevo modelo económico y de desarrollo".
ANEP y Casalco esperan reglas claras y respeto a las libertades empresariales, sobre todo transparencia y responsabilidad.
reglas claras
El sector transporte también tiene sus expectativas y demandas. Rodrigo Contreras Teos, vocero de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte de Pasajeros (Casit), apoya esta "alternativa" pero hay que ver primero los detalles de cómo se implementará y discutirlos juntos.
"En un asocio las reglas se construyen juntos, por lo tanto esperamos desarrollar un trabajo conjunto donde estemos participando los transportistas, donde estén reflejados nuestros intereses... habría que ver cómo va a participar el transportista", acotó.
El dirigente dice que el tema se les ha planteado en la mesa de negociación que mantienen con el gobierno pero que ha sido en términos generales y que es un modelo que se puede aplicar al rubro de transporte y el portuario.
La Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales (Fusades) también mira con buenos ojos la iniciativa porque significa una oportunidad de desarrollo y propicia para un país como el nuestro con "restricciones fiscales y presupuestarias por los recursos limitados", por lo que una manera de realizar grandes inversiones en infraestructura es aprovechando este modelo.
Pero hay algo que sí advierte Álvaro Trigueros, analista económico de Fusades, y es que estos asocios no deben ser vistos como un asunto particular del gobierno ni de un sector privado sino como un tema de interés nacional y que se haga con transparencia, de manera técnica y "que haya lo menos posible intervenciones políticas o protagonistas políticos".
Y añade otra advertencia: "Ahora, eso no hay que verlo ingenuamente, porque ha habido miles de experiencias de asocios público-privados de los cuales algunas han sido positivas y otras negativas y han perjudicado la cartera del Estado... Bien hecho es una oportunidad para el país, mal hecho es un costo para el país".
Aunque el analista de Fusades dice desconocer qué resultados han dado estas sociedades en Cuba, destaca los resultados que ha tenido Chile, donde a la luz de estudios sobre contratos específicos como el portuario, se ha traducido en un eficiente servicio y bajo costo. Añade, el fin último es prestar el mejor servicio posible al menor costo posible. "A esto le tenemos que apostar", aconseja.
En ese mismo sentido va la visión de Casalco. Nolasco dice que ellos apoyan este mecanismo en la medida que permita lograr un "beneficio tangible para el país" y una "inversión privada en forma eficiente ágil" que garantice una recuperación de lo invertido.
Pero Trigueros dice que más que en la ley, la claridad de las reglas deben especificarse en las bases de licitación y los contratos, para evitar a posteriori reclamos al Estado que le supongan desembolsos adicionales, porque de lo contrario el acuerdo público-privado pierde su sentido.
Eso, dice, es parte de los factores de éxito.
Por el momento, la Secretaría Técnica de la Presidencia dice estar trabajando en el marco regulatorio de los asocios público-privados, misma que el Presidente Funes ha prometido presentarla antes del cierre del año.
Los empresarios agremiados en ANEP dicen haber recibido la promesa de que se les enviará un borrador y que será llevado a discusión al seno del Consejo Económico y Social (CES).
Y es hasta entonces cuando tengan en sus manos la propuesta final del gobierno en el tema de estas alianzas que gremiales como la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) afirma que se va a pronunciar.
elsalvador.com :.: Empresarios piden imitar el asocio chileno
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