En septiembre, los diputados deshicieron la reforma de diciembre pasado. Aunque en teoría un criterio era "castigar" al contenido alcohólico, terminaron optando por la desigualdad. El Faro siguió la pista a los productos beneficiados con la rebaja, y halló detrás de ellos a una pequeña red de compañías y, detrás de estas, a un reducido número de nombres que se replican de empresa en empresa.
Edith Portillo.29 de Noviembre. Tomado de El Faro.
Los argumentos a favor de incentivar a la industria local pesaron sobre los razonamientos con un enfoque de salud pública. Los licores de empresas nacionales y de países vecinos, aunque con mayor graduación alcohólica, resultaron pagando un impuesto significativamente menor que otras bebidas con menos alcohol, favoreciendo así a un imperio licorero poco conocido, pero cuyas piezas reunidas dan cuenta de un sector tan monopólico como el de la cerveza.
El último movimiento en esta pugna impositiva en torno a las bebidas alcohólicas ocurrió el pasado septiembre, cuando la Asamblea Legislativa aprobó, por segunda vez en nueve meses, reformas a la ley que establece los impuestos con los que se grava a estos productos en El Salvador. Finalmente se había aprobado una reforma que se apegaba más a los deseos del fisco, que con estos impuestos busca que los consumidores de bebidas alcohólicas paguen parte del costo social que le implica al Estado la atención de pacientes con enfermedades producidas por el consumo de alcohol.
“Lo que hay no es un incremento a los impuestos, sino que hay un ajuste, una nivelación en los impuestos específicos y el impuesto ad valorem. Y es solamente para corregir las necesidades públicas que ya se tienen que pagar por beber”, decía entonces el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que abogaba además por que el trato en el pago de impuestos por grado alcohólico fuera equitativo para las dos industrias de bebidas alcohólicas: la cervecera y la licorera.
La guerra que libraron ambas industrias alrededor de esta discusión acaparó amplios espacios en los medios de comunicación. Estos reflejaban cómo, por un lado, los cerveros, a través de la dominante del sector, Industrias La Constancia (ILC), protestaba porque mientras el impuesto al grado de alcohol de la cerveza era de 9 centavos de dólar, el cobrado al mismo grado de alcohol de los vodkas, rones y aguardientes era solo de 5 centavos o menos; y, por otro lado, los licoreros protestaban porque el impuesto a sus principales productos había aumentado en diciembre en más del 100% respecto del que tenían anteriormente.
Las bebidas alcohólicas pagan dos tipos de impuestos: uno ad valorem, actualmente del 8%, que como su nombre lo indica, es sobre el valor final del producto; y otro específico o alicuota, que se cobra, en teoría, en función del contenido alcohólico de las bebidas. Por cada 1% en volumen de alcohol por litro de bebida, esta paga determinado impuesto.
Pero ese impuesto por grado alcohólico, aunque el mismo grado de alcohol cause el mismo daño a la salud independientemente de en qué esté contenido, no es igual para todas las bebidas. En el caso de la cerveza, esa alicuota solía de ser de 0.0825 de dólar y ahora, desde el pasado septiembre, es de 0.0900. Para los vodkas era de 0.0325 antes de diciembre y ese mes pasó a 0.0850; y en el caso del aguardiente era de 0.0150 antes de la reforma de diciembre, cuando fue aumentado a 0.0400.
Efectivamente, como lo planteaba la industria licorera, si se toma como punto de partida el impuesto específico que tenían sus productos antes de la reforma de diciembre de 2009, los licores como el vodka y aguardiente de hasta 37% de contenido alcohólico sufrían un aumento sustancial. Los vodkas experimentaban un incremento del 162% en su alicuota, y el aguardiente del 167%. La cerveza, en cambio, por unas modificaciones de último minuto en diciembre, no aumentó en su impuesto específico, sino que lo hizo hasta septiembre pasado, cuando Hacienda “corrigió la plana” que los diputados habían hecho a finales de 2009.
“Las ventas de la industria nacional están cayendo entre un 35 y un 40%. Se castigó más a bebidas nacionales como el aguardiente y los vodkas pupulares”, lamentaba en agosto pasado José Mayorga, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Destiladores y Licoreros (ASDYL).
El impacto, visto así, era perjudicial para la industria licorera y favorecía a la cervecera, que en El Salvador está ampliamente dominada por ILC, subsidiaria de la transnacional SABMiller. Pero en septiembre, Hacienda también se auto corrigió su plana y, argumentando que la recaudación de los licores populares había bajado porque su consumo había disminuido con los aumentos en las alicuotas, volvió a bajarles. Esa vez, el impuesto específico de los vodkas bajó entonces de 0.0850 a 0.0500 y el aguardiente de 0.0400 a 0.0325.
Lo cierto, pues, es que con impuestos específicos de 5 centavos o menos por grado de alcohol – a diferencia de los 9 centavos de la cerveza – los vodkas nacionales, aguardientes y rones, que por lo general superan el 25% de grados alcohólicos volumétricos, pagan siempre menos. Y esos que pagan menos, al consultar en el Registro de Comercio, resultan ser los productos de al menos seis empresas dirigidas por el mismo grupo de personas y que, juntas, dominan alrededor del 70% del mercado de licores en el país.
Todos los caminos conducen a...
En agosto, en pleno debate por la nueva reforma que impulsaba Hacienda en la Asamblea Legislativa, el presidente de ASDYL insistió en cómo los diputados habían favorecido a Industrias La Constancia. “El monopolio habla de salud, de equidad, y de inseguridad jurídica, pero las evidencias muestran que el verdadero interés es defender los privilegios que consiguieron en diciembre de 2009 para poder aumentar el consumo per cápita de cerveza en El Salvador”, dijo José Mayorga.
Lo que Mayorga no reflejó en su discurso fue que la industria a la que él representaba tenía, en cuanto a dominio del mercado salvadoreño, similares características que las del monopolio cervecero al que criticaba. No reflejó que el 70% de esa industria era abarcado por el grupo de compañías para el cual trabaja, que según se desprende de los documentos en el Registro de Comercio, y hasta del mismo personal de las empresas, son al menos seis: Distribuidora Salvadoreña (DISAL S.A. de C.V.), Grupo Liza, Distribuidora de Licores (DILICO), Inversiones Montecarlo, Licores de Centroamérica y Destilería La Salvadoreña.
De estas, DISAL es el paraguas más grande de todo el grupo, que cubre a Liza y a DILICO. De hecho, al intentar concertar sin éxito por más de un mes una entrevista con el gerente de operaciones de Liza, Ricardo Martínez, su misma asistente confirmó que él era la persona para hablar en nombre de las tres empresas.
-Necesito una entrevista con el señor Ricardo Martínez, en su calidad de gerente de operaciones de Liza, pero también necesito hablar con algún representante de DISAL...
-Con él mismo sería también.
-¿DISAL y Liza son la misma empresa?
-Sí, son lo mismo, por eso con él sería también.
-¿Y DILICO?
-También, las tres son lo mismo.
DISAL es, según su sitio web, “la casa de los mejores licores y vinos del mundo en El Salvador”, y entre todos sus productos ofrece al menos 35 variedades de populares vodkas nacionales o regionales, como los Botrán, Smirnoff y Petrov; y rones guatemaltecos y nicaragüenses como los Flor de Caña, del Grupo Pellas, de Nicaragua.
Además distribuye en el país cuatro distintas marcas de vinos chilenos y argentinos, el whisky Jhonny Walker, tequilas José Cuervo y cuatro cervezas importadas.
Lo curioso, a la luz de los impuestos que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, es que el 55% de los rones y vodkas que DISAL distribuye en El Salvador entran en la categoría de “con grado alcohólico volumétrico hasta 37%”, esa en la que el impuesto específico baja a 0.0500 de dólar en el caso de vodkas y rones.
Que sus productos regionales sean todos de las Industrias Licoreras de Guatemala, de la familia Botrán, y del Grupo Pellas, de la familia Pellas, en Nicaragua, también resulta llamativo, pero no es casual. Y es que la salvadoreña DISAL se ha asociado estratégicamente con ambos vecinos, que también tienen una fuerte presencia en sus respectivos mercados nacionales.
Un informe de 2008 del nicaragüense Grupo Pellas da cuenta de ello, cuando presenta a una de las 16 empresas de su grupo: Calicor/Salicor. Con un logo que muestra la silueta de una botella combinando los colores negro, blanco y rojo, Calicor/Salicor comparte la misma imagen que DISAL pone como su logotipo. Y estas, dice el documento de Pellas, fueron empresas formadas por una alianza estratégica, con inversiones de Licorera de Guatemala y LIZA, S.A. de C.V. (parte de DISAL, en El Salvador). “Ambas empresas distribuidoras”, continúa, “manejan casi el 70% de del mercado del licores en ambos países”.
El restante 30%, en el caso de El Salvador, es ocupado por unas trece destilerías y licoreras más, como Ilopania, La Central, Productos Mediterráneos y Muñeco, en su mayoría ubicadas en la zona paracentral del país.
Las hermanas menores
Pero el imperio licorero del que participa DISAL, con Liza como el asociado de Pellas y de Industrias Licoreras de Guatemala, no termina ahí. Al observar distintos documentos en el Registro de Comercio, los nombres de sus administradores, gerentes y accionistas, comienzan a hablar por sí mismos, repetidos en las actas de otras tres empresas más: Destilería La Salvadoreña, Licores de Centroamérica e Inversiones Montecarlo.
Rafael Murillo Araujo, por ejemplo, participa en cuatro de las empresas: en DISAL y en Liza como secretario de la junta de accionistas, en Destilería La Salvadoreña como segundo director propietario y en Inversiones Montecarlo como administrador único. Esta última empresa, Inversiones Montecarlo, incluso tiene la misma dirección física que Liza, en Santa Tecla.
Otros casos son los de los administradores propietarios y suplentes de Liza, que, en el orden, son los conocidos empresarios Ricardo Kriete Ávila, quien también ha sido directivo de la aerolínea TACA y de AFP Confía, y Gerardo Balzaretti Kriete, actualmente uno de los directivos de la Bolsa de Valores de El Salvador y presidente también del centro de estudios políticos del partido Arena.
Ambos, además de administradores de Liza, tienen cargos en al menos una más del grupo de seis empresas. Ricardo Kriete Ávila es presidente de Destilería La Salvadoreña, mientras que Gerardo Balzaretti Kriete es secretario de la junta de accionistas de Licores de Centroamérica y primer director propietario de Destilería La Salvadoreña.
José Mayorga, presidente de la Asociación Salvadoreña de Destiladores y Licoreros (ASDYL), figura también entre los representantes de DISAL y Licores de Centroamérica, como “ejecutor especial designado” por la junta de accionistas. Todos los documentos más recientes de estas empresas en el Registro son, además, levantados ante la misma notaria: Flor de María Rodríguez Peña.
De las tres hermanas menores de DISAL, que entran ya también al mercado del aguardiente, también hay productos que gozan del privilegio de una alicuota por debajo de los cinco centavos de dólar por grado alcohólico. De estas empresas son las aguardientes Tropicaña y Caña Rica, los vodkas Troika y Estrella Verde, y el ron Bacardi Castillo. Los cuatro primeros, al igual que la mayoría de vodkas de DISAL, son de los beneficiados: con un impuesto específico de 0.0325 en el caso de Tropicaña y Caña Rica, y de 0.0500 para Troika y Estrella Verde.
Si sumamos estos cuatro a los productos de Liza con alicuotas menores de cinco centavos de dólar, el porcentaje total de licores del conglomerado que resulta beneficiado es del 60%.
Pero si el porcentaje se toma, en cambio, en relación con la cantidad de marcas disponibles en el mercado, este es aún mayor. El Faro hizo un relevamiento de la oferta en los estantes de cinco diferentes supermercados de la zona metropolitana y, al menos en ellos, lo que se observó fue que de todos los vodkas, rones y aguardientes beneficiados con el impuesto específico diferenciado, un 75% son de DISAL y sus empresas hermanas. Esto no resulta sorprendente si se toma en cuenta el 70% de dominio que, según el mismo socio de DISAL, el grupo Pellas, asegura que la distribuidora salvadoreña tiene sobre el mercado nacional de licores.
El Faro también intentó conversar sobre estos números con un representante de las empresas, que se nos señaló debía ser el gerente de operaciones de Liza, Ricardo Martínez. Casi un mes después de intentarlo sin éxito a través de contactos telefónicos con su asistente, esta brindó la dirección de correo electrónico del gerente y sugirió que mejor se le escribiera directamente. La respuesta fue que, lastimosamente, se encontraba fuera del país hasta la siguiente semana, por lo que pedía disculpas por no poder atendernos.
De cualquier forma, frente a la evidencia de los números, la pregunta es inevitable. ¿Por qué entonces, si la industria licorera local está ampliamente dominada por un fuerte conglomerado regional, se aprobaron impuestos específicos bajos para estos licores? Un documento del año 2008 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se atreve a arrojar algunas conclusiones sobre este esquema tributario, que desde entonces ya establecía alicuotas aún menores para estas bebidas.
El diseño del impuesto, dice el documento del BID, apunta, “al menos en teoría”, a corregir la externalidad negativa del consumo de alcohol, gravando en función del contenido alcohólico de las bebidas, es decir, a más alcohol, más daño, y por tanto, más impuesto. Uno de los problemas, sin embargo, es que “el importe fijo por grado alcohólico varía en función de la bebida. Por ejemplo, mientras que el ron tributa 5 centavos de dólar por grado alcohólico, el vino debe pagar 7, la cerveza 8.25 y el whisky 14”.
Estos valores, razona entonces el BID, “premian el consumo del ron, tanto respecto de las bebidas de similar contenido alcohólico (como el whisky) como de las bebidas de menor contenido alcohólico (como la cerveza), constituyendo una protección efectiva para el ron nacional”.
El enfoque de salud pública que recoge el BID, y que en teoría es el que sirve de base en El Salvador para gravar a las bebidas alcohólicas, busca justamente que aquellos que consumen alcohol paguen por la misma atención que demandan al Estado. Esa, de hecho, fue la visión que compartió el Ministerio de Salud Pública en la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, cuando fue consultado sobre el tema. En su presentación, el ministerio apuntaba a la necesidad de “aumentar los niveles impositivos en función del contenido alcohólico”, en aras de disminuir el consumo de estas bebidas.
Pero en la Asamblea Legislativa, donde los partidos FMLN, CD y PCN aprobaron la última reforma a la ley de comercialización de bebidas alcohólicas, los argumentos que pesaron fueron los exclusivamente tributarios, siguiendo el razonamiento de que como gravar más a los licores populares reducía su consumo y hacía migrar al “alchol de farmacia”, el fisco salía afectado porque recaudaba menos impuestos de dichos licores.
Douglas Avilés, de CD, asegura que su visión sobre el esquema tributario ideal se acerca más a la que plantea el documento del BID, con alicuotas iguales por grado alcohólico para todo tipo de bebidas, pero que en vista de las correlaciones en el pleno, no queda más que votar por “lo posible” y siguiendo, como diputados de la comisión de Hacienda, un enfoque tributario. “Nosotros expresamos que lo que se había aprobado era en el margen de lo posible, pero que no era lo que se necesitaba realmente. De cualquier modo, el análisis fundamental nuestro no está establecido sobre la base de intereses particulares, al menos no en mi caso, sino sobre la base de un enfoque estrictamente tributario y financiero, que partía de la necesidad de aumentar los ingresos tributarios”, sostiene Avilés.
El diputado pecenista Francisco Merino opina en la misma línea, pero además resta relevancia a quiénes resultan beneficiados de tener un impuesto específico menor, porque aunque sean fuertes a nivel regional, no se trata, dice, de una multinacional como SABMiller. “Aquí hay que ponerse los lentes para ver correctamente la realidad. No es que estemos hablando de empresas que pueden dominar el mercado siquiera de la región centroamericana. Ellos están compitiendo con una empresa de nivel global. Estas son empresas fuertes, pero de mercados pequeños”, justifica.
La efemelenista Norma Guevara, consciente de los beneficiarios y con evidente molestia por el cuestionamiento, se limita a reconocer el beneficio a un monopolio, pero insistiendo también en que lo que se hizo sí fue pensando también en salud pública: “El de la cerveza es monopolio, el de los licores también es monopolio, y hay que luchar contra los monopolios, pero la guerra entre licoreros y cerveceros no es nuestra guerra. Nuestra guerra es la salud de la gente y el tributo correcto, y por eso votamos”.
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