Por Luis Enrique Amaya.29 de Noviembre. Tomado de El Faro.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como Convención de Palermo) define el crimen organizado como “todo delito transnacional grave cometido por un grupo de tres o más personas que actúe con el propósito de obtener un beneficio de orden material”. Con base en esta definición, el informe titulado La globalización del delito: evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional, presentado a mediados de este año por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), documenta “el enorme poder y el alcance global de las mafias internacionales”. Es interesante examinar algunos de los datos reportados en este informe, ya que como país nos atañen explícitamente.
Según la UNODC, la región centroamericana está siendo afectada sobre todo por dos delitos transnacionales: el tráfico de drogas –en especial de cocaína– y el tráfico de inmigrantes. Con respecto al narcotráfico se reconoce que la cocaína que sale de Suramérica hacia Estados Unidos pasa en gran parte por Centroamérica y el Caribe (por tierra, mar y aire). En esta ruta, se estima que el 70% de la cocaína es transportada a lo largo del océano Pacífico, y que sólo el restante 30% se conduce por el Atlántico y el Caribe. Con ello se cubre la demanda del mercado estadounidense, calculada en unas 196 toneladas de cocaína, valuadas en 38,000 millones de dólares en 2008.
En este contexto, es evidente que El Salvador ocupa una ubicación geográfica estratégica para el crimen organizado regional, por lo que reviste cierta importancia logística para sus operaciones, razón por la cual el Estado salvadoreño está obligado a dimensionar con justeza la amenaza que tiene enfrente, a fin de actuar rápida e inteligentemente.
Uno de los fenómenos que acompaña naturalmente al auge del crimen organizado es el incremento de la corrupción política. Estudios realizados en decenas de países confirman la correlación que existe entre ambos problemas, los cuales se comportan de modo directamente proporcional (cuando se agrava uno también lo hace el otro), debido a que se necesitan y alimentan mutuamente, guardando una relación simbiótica. Por ello, combatir el crimen organizado implica combatir la corrupción política, y viceversa, así como dejar pasar uno supone dejar pasar el otro.
El análisis técnico del crimen organizado identifica cinco niveles de penetración en el sector público, a manera de sistema de alerta. El primer nivel de alerta es la ocurrencia de sobornos (cohecho propio e impropio) ocasionales; el segundo nivel es la realización de sobornos continuos o sistemáticos, cuando los funcionarios públicos pasan a formar parte de las nóminas de grupos del crimen organizado; el tercer nivel es el aparecimiento de infiltraciones en agencias gubernamentales, de forma esporádica y en posiciones de rango medio; el cuarto nivel es el surgimiento de infiltraciones en agencias gubernamentales en los rangos más altos, pudiendo cooptar grupos de instituciones y sectores enteros del Estado; y el quinto nivel es la participación de grupos del crimen organizado en precampañas y campañas políticas, por medio de financiamiento directo, compra de votos, manoseo de procesos electorales, etc.
Como si se tratase del sistema de alerta que utiliza la Dirección de Protección Civil (pese a que el número de niveles no coincida exactamente), el país podría haber llegado ya al nivel de “alerta amarilla” en materia de crimen organizado, establecido a partir de su penetración en las estructuras del Estado. Esto se sostiene al visualizar varios síntomas o signos de corrupción política. Diversos ejemplos se pueden citar, ocurridos en los tres Órganos de Estado; sin embargo, por lo ilustrativo del caso, conviene recordar la presunta reciente aparición de una red de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.
A finales de septiembre de este año, Diario El Mundo presentó la noticia de que la secretaria de la Oficina Distribuidora de Procesos habría manipulado la distribución aleatoria de algunos procesos penales relacionados con lavado de dinero y crimen organizado, gracias a lo cual todos estos terminaron deliberadamente en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, donde obtuvieron una resolución absolutoria. Todos.
De confirmarse la existencia de la red, esta podría estar integrada, cuando menos, por los acusados (quienes habrían financiado la activación de la red); personal de la Oficina Distribuidora de Procesos y de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia (de esta última depende la primera); el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, y probablemente los abogados defensores (quienes habrían negociado la distribución no aleatoria de los procesos).
Por lo pronto, con base en lo publicado en los medios (en concreto en Diario El Mundo), es complicado distinguir si este caso sería resultado de un soborno sistemático a uno o varios funcionarios públicos (segundo nivel de alerta) o si, por el contrario, habría sucedido una infiltración del crimen organizado en posiciones de rango medio de las estructuras estatales (tercer nivel de alerta). De cualquier forma, por facilidad en el símil, diré que nos encontramos en “alerta amarilla”, por la posibilidad de estar entre los niveles 2 y 3, de los 5 que existen. Arribar a una “alerta naranja” supondría advertir que nuestros rangos más altos también han sido infiltrados (cuarto nivel de alerta), y no se ve que eso esté pasando… aún.
A cada nivel de alerta se asocian ciertas soluciones. La experiencia internacional indica que los primeros dos niveles deben ser tratados con medidas tales como elevar el estatus económico de los funcionarios públicos (sobre todo de los de más baja jerarquía), establecer fuertes penalidades frente al soborno, fomentar la denuncia, asignar personal íntegro a labores propensas a corrupción, etc. Los niveles 3 y 4, en cambio, deben atenderse con medidas como transparentar los procesos de nombramiento a cargos públicos clave e investigar el patrimonio de los candidatos a estos cargos (incluso el de sus familiares y allegados), entre otras. Y el nivel 5 debe ser tratado con medidas más audaces, como regular el financiamiento de precampañas y campañas políticas, aumentar el apoyo financiero a partidos políticos, crear y fortalecer instancias autónomas de inteligencia financiera, etc.
En El Salvador, no obstante, estamos dando algunos pasos errados en el combate al crimen organizado. Complicar la declaración patrimonial y demorar la aprobación de una ley de partidos políticos es muestra de ello. De acuerdo a experiencias de éxito de otros países, es esencial transparentar la administración pública y regular al sector privado, descentralizar y reducir la planilla estatal, crear marcos normativos que regulen las precampañas y campañas políticas, crear y fortalecer instancias de inteligencia financiera y patrimonial con autonomía (no metidas en ninguno de los Órganos de Estado), forzar al sistema financiero a monitorear y reportar transacciones irregulares, controlar la decisión judicial para evitar “compras de resoluciones de fiscales y jueces”, entre muchas otras medidas.
En una frase, necesitamos crear los sistemas de pesos y contrapesos que posibiliten que todos, absolutamente todos nos vigilemos unos a otros. Toda aquella persona o institución que se niegue a ser fiscalizada, incluyendo sus manejos financieros, debería ser objeto de sospecha e investigación, así sea la Empresa Privada o el Gobierno, el gran capital o los pequeños capitales, los medios de comunicación o los partidos políticos, los jueces o las ONG. En esta cadena de mutua fiscalización nadie puede quedar en el último eslabón, libre de observación.
Dado el carácter transnacional del crimen organizado, la Convención de Palermo –firmada por el Gobierno de El Salvador– asume que es más eficaz desarticular “múltiples delitos” que perseguir “grupos de delincuentes profesionales”, en el entendido de que la desmembración de las dinámicas delictivas conlleva, entre otras cosas, la efectiva detención de delincuentes, mientras que la sola captura física de personas y grupos criminales no necesariamente redunda en el desmantelamiento definitivo de los delitos.
En esta tarea, los mecanismos de amplia y recíproca fiscalización son, a la fecha, los instrumentos más poderosos, sabiendo que entre las principales “herramientas de trabajo” del crimen organizado figuran la violencia, la corrupción, la obstrucción de justicia y el blanqueo de capitales (no por nada la “doctrina” de Pablo Escobar era la de plata o plomo).
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