Por Álvaro Rivera Larios.29 de Noviembre. Tomado de El Faro.
Corríjanme ustedes si me equivoco, pero ¿No fue Joaquín Villalobos quien afirmó que la menor magnitud del daño provocado por la insurgencia durante la guerra civil pudo deberse a que tenía menos hombres y peores armas? Después de Villalobos, otras personas han repetido y validado su argumento sin advertir que se trata de una mera suposición.
Obviamente, no hay que ser un genio para suponer que si un grupo dado posee más armas, y más hombres, puede causar mayores estragos. De los estragos que hablamos, sin embargo, son de aquellos que constituyen una violación recurrente de los derechos humanos y no de los daños que se estiman como un efecto admisible por las leyes civiles y por el derecho de guerra. Aquí estaríamos frente a un problema más complejo: el de la evaluación ética y jurídica de la violencia armada.
Por otro lado, el peso de la ley no suele caer sobre situaciones hipotéticas, sobre lo que pudo ser y no fue. Que yo sepa, Los jueces no condenan a nadie por lo que podría haber hecho si hubiese contado con 50 balas en vez de tres. Los tribunales juzgan los asesinatos perpetrados y no los que podrían haberse cometido en caso de que un factor X fuese mayor o distinto. En ese sentido, el razonamiento de Joaquín Villalobos puede valer como juego de historia-ficción, pero es un juicio hipotético de escaza entidad jurídica a la hora de juzgar los crímenes que cometieron los bandos enfrentados en nuestra guerra civil.
El razonamiento que atribuyo al viejo comandante, aunque sea débil jurídicamente, tiene poder retórico y un disfraz analítico que oculta su naturaleza moral (nada malo, si no se pierden de vista otras dimensiones del problema). Lo que nos viene a decir Villalobos, en resumidas cuentas, es que todos los combatientes fueron iguales y la distinta magnitud del daño que provocaron se debió a que unos contaban con más hombres y más medios que los otros. Y este, desde el punto de vista de la sociología y de las ciencias políticas, es un juicio más simplista de lo que parece.
Todas las guerras son crueles y la nuestra no fue un simple combate entre santos y demonios, pero intentar explicar las distintas cifras del daño que cometieron unos y otros por medio de una sola variable (el número de hombres y su potencia de fuego) me parece un clásico ejemplo de análisis reduccionista.
En un juicio como el que atribuyo a Villalobos se pretende escapar de las simplificaciones morales pero lamentablemente se cae en otra forma de simplificación. Se podría llegar a creer que “las fuerzas de seguridad” hicieron el daño que hicieron debido tan solo a que poseían más hombres y más armas. La potencia de fuego, sin embargo, es una variable que debe situarse en un modelo explicativo más complejo. El uso irrestricto, libre, salvaje, que haga un grupo de su poder militar puede deberse a la ausencia de contrapesos políticos, judiciales e informativos (una prensa más autónoma, por ejemplo, habría creado dificultades a la implementación fluida del terrorismo de Estado). Todo esto serán los historiadores quienes lo determinen a la hora de explicar la violencia armada que asoló el país durante los años 70 y 80 del siglo pasado.
Y hay otro aspecto no menos importante del problema y es el de la filosofía institucional que está detrás del uso dado a una determinada potencia de fuego. Todas las guerras son salvajes, pero en las guerras modernas la violencia tiene un alto grado de organización. Si se usa la tortura de forma sistemática no es debido a que se posean más picanas eléctricas y a que los ataques de sadismo sean más frecuentes e imposibles de controlar. No, la tortura puede incluirse en los protocolos fijados institucionalmente para la obtención de información o puede ser un arma psicológica dirigida contra los combatientes enemigos y la población que los apoya. El terror que se vivió en El Salvador de aquella época no se explica simplemente por la mayor o menor capacidad destructiva que tuvieron unos u otros. Hay que tener en cuenta la forma en que se utilizaron los hombres y las armas. Hay que tener en cuenta la dimensión cualitativa de la violencia y sus lazos con una filosofía determinada de la guerra.
La guerrilla privó de libertad y les quitó la vida a muchas personas desarmadas (una clarísima violación de los derechos humanos). Aunque tuvo capacidad para hacerlo, no llegó a poner en práctica las masacres regulares de civiles ni utilizó la tortura de forma sistemática. En los anales de la violencia guerrillera no hay ejemplos similares a los de El Mozote o el Río Sumpul (el caso Sibrián es más una perversión tolerada institucionalmente, que el producto de una doctrina militar asumida por toda la insurgencia; con esto no pretendo librar de su responsabilidad política a quienes eran los jefes del comandante asesino).
Podríamos especular sobre las razones por las que la guerrilla no recurrió de modo frecuente al asesinato en masa de civiles ni utilizó la tortura como arma psicológica contra sus enemigos. De haberlo hecho, y dado que tenía en contra a los grandes medios de comunicación, aquello le habría causado un serio daño en el terreno propagandístico. La guerrilla tuvo suficiente capacidad militar para dar un salto en su escalada transgresora de las leyes humanitarias, pero no lo hizo quizás por estimaciones de carácter moral y de cálculo político. En cambio, el ejército y los cuerpos de seguridad tenían a su favor toda una serie de apoyos (entre ellos un poderoso silencio mediático y la invisibilidad del poder judicial) que les permitieron manejar sin demasiados problemas su capacidad destructiva de acuerdo con los criterios de una filosofía que violentaba deliberadamente las leyes y el estatuto de los derechos humanos. Los grupos armados despliegan su poder en un sistema de coordenadas políticas e informativas que los afectan de modo diferente. El uso de la potencia de fuego, por lo tanto, es una variable que debe situarse dentro de un modelo explicativo más elaborado.
No pretendo exonerar a nadie, creo que cada quien deberá asumir el peso de sus horrores y en dicho peso no solo estará la suma de los actos sino que también su dimensión cualitativa (recuérdese el cuerpo macheteado del poeta y periodista Jaime Suárez Quemain). La guerra civil no fue un combate entre santos y demonios, por supuesto, pero es un error creer que todos los combatientes actuaron igual. En esa culpa común que Villalobos y sus adeptos establecen se difumina la particularidad de las responsabilidades de cada bando. Aunque parezca mentira, todo aquello aún está por explicarse y por juzgarse.
La gran magnitud de los horrores que cometieron el Estado y las clases dominantes no exonera a la izquierda de sus propias responsabilidades penales, morales y políticas… y viceversa. Aunque unos y otros no estén libres de culpa, no hay una lógica idéntica detrás de sus actos y del tamaño del mal que provocaron. Imputar la magnitud y la naturaleza de los crímenes a una sola variable como el número de hombres y su poder de fuego es un claro ejemplo de los análisis reduccionistas que debemos evitar si realmente queremos comprender lo que pasó.
Opinión - Crímenes y suposiciones - ElFaro.net El Primer Periódico Digital Latinoamericano
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