Miguel Lacayo.26 de Noviembre. Tomado de El Diario de Hoy.
El presupuesto presentado por el Ejecutivo debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa para que esta ejerza uno de los mecanismos de pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución para evitar el abuso y el despilfarro del Ejecutivo.
La elaboración, presentación, discusión, y aprobación del “Presupuesto” es un instrumento institucional que busca promover la transparencia y la buena gestión de los órganos del estado. Pero recientemente “los partidos de Gobierno” se prestaron para que el Ejecutivo se burlara de este instrumento, siendo estos diputados partícipes de esta guasa a los salvadoreños.
El presupuesto aprobado para el 2011 es una burla a la inteligencia. Es una burla al compromiso con el pueblo que los diputados, electos para defender e impulsar los intereses de las mayorías, deben de exhibir, ya que han aprobado, sin ninguna lógica, un presupuesto montado sobre premisas insostenibles y sin la rigurosidad de análisis y de transparencia que este demanda. Aprobaron un presupuesto que es más truco óptico que una herramienta seria.
Aunque este artículo llora sobre leche derramada, pues el presupuesto ya se aprobó, considero necesario reiterar lo que economistas serios han expresado al respecto hasta el momento. El presupuesto incorpora elementos que pueden ser considerados inconstitucionales ya que abre la puerta al manejo de “imprevistos” y le permite al Ministerio de Hacienda repartir a discreción lo que no se gaste en distintas carteras de estado.
¿Si los ahorros de cajón se los puede “fumar o beber” Casa Presidencial, adonde está el concepto de eficiencia y transparencia entonces? Adicionalmente, proyecta un crecimiento en la recaudación de ingresos tributarios de más del 13% en relación al 2010; esa tasa de crecimiento no se ha logrado en la última década, y nadie se explica cómo esperan lograrlo cuando la economía está arrastrando los pies. El presupuesto está “desfinanciado”. Es decir, los ingresos no van alcanzar para cubrir los gastos e inversiones y tendrá que recurrirse a más préstamos. Cuando se requiere de préstamos para que el presupuesto cuadre, se requiere también el aval de la Asamblea Legislativa, con mayoría calificada, para aprobar conjuntamente los préstamos respectivos, cosa que no se dio en este caso. En otras palabras, más deuda y más impuestos son “ficha cantada”.
Los diputados han aprobado un presupuesto que oculta gastos en lugar de exigir transparencia en las cuentas. Como ejemplo citemos el hecho que no está incluido el costo de los uniformes escolares, de los incrementos salariales a los empleados públicos, del incremento de las pensiones anunciado por el Ejecutivo, ni el costo completo de los subsidios de energía, gas, y transporte colectivo. Nada menos, millones que hacen falta y que el país no tiene.
El Ejecutivo gastará en remuneraciones en el 2010 $170 millones más que en el 2008 y ahora, encima de esto, se incorporan 14,500 plazas al gobierno central. Al mismo tiempo que se permite el incremento del presupuesto, se tolera que los hospitales no tengan medicina, que la policía se quede sin gasolina ni mantenimiento para sus vehículos y la inseguridad se incremente, que las carreteras sean inmanejables por que ya no caben los baches, y que ni siquiera puedan ejecutar la obra pública a la que se han comprometido, aun contando con todo el presupuesto que han querido y con todos los préstamos aprobados. Teniendo este gobierno la mayor cantidad de recursos en la historia del país, los diputados cómplices del Gobierno no consideraron necesario exigirle eficiencia al Ejecutivo; han aprobado un presupuesto que es “licencia para despilfarrar” los impuestos que pagamos.
Tampoco se exige priorización del gasto. No alcanza el presupuesto para las cárceles aunque se permiten incrementos salariales y gastos desmedidos en Casa Presidencial. No caben los presos en las cárceles pero si alcanza para los viajes y las bebidas finas de Casa Presidencial. Para que llueva sobre mojado, los diputados no reclaman y ni se preguntan porque con $93 millones más que en el 2007, Seguridad Pública, no logra contener, no digamos disminuir el crimen, la violencia, y la inseguridad en el país. Más gasto pero sin exigir resultados y sin exigir cuentas claras.
Es una lástima que los diputados de gobierno, que le han dado licencia indebida al gobierno para mal gastar los impuestos de los salvadoreños, no hagan el trabajo que les compete y que la Constitución les demanda. Solo ARENA, el único partido de oposición, se pronunció en contra de esta guasa.
Lástima también que el populismo tiene costos y que como todos bien sabemos, “no hay almuerzo gratis”. Las consecuencias de este mal versado presupuesto, con sus falsedades tanto en el gasto como ingreso, las pagaremos todos los salvadoreños.
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