Manuel Hinds.12 de Noviembre. Tomado de El Diario de Hoy.
El informe de coyuntura que presentó anteayer FUSADES, muestra que el país se está deteriorando en todas las dimensiones. La economía se ha reducido a lo que era en 2007, la inversión en términos reales a lo que era hace diez años. El país ha caído en todos los indicadores de comparación internacional, incluyendo 6 puestos en la facilidad de conducir negocios, cinco puestos en competitividad, 13 puestos en libertades. Con respecto a 2005, hemos caído 22 puestos en transparencia, 16 en índice de desarrollo humano.
Todo esto se ve claro en el país mismo. Los servicios públicos están cada vez peores, a pesar de que el gobierno está gastando mucho más dinero que cualquier otro gobierno y se está endeudando desaforadamente. La inversión pública está deprimida; los hoyos de las calles y carreteras son cada vez más y más grandes; el crimen sigue sin abatirse, y perdimos el grado de inversión en nuestra deuda.
Una medida de lo mal que están las cosas es el aumento en el pago de intereses por la deuda, que están pasando de 682 millones de dólares en 2009 a 1,272 millones en el presupuesto de 2011. El aumento es de 590 millones más (87 por ciento más) que hace apenas dos años.
El problema no es sólo que a este ritmo vamos a reventar bien rápido, sino que los intereses están desplazando la satisfacción de muchas necesidades. El presupuesto total del ramo de Salud en el presupuesto de 2011 es de 470 millones, 120 millones menos que el aumento en los gastos de intereses. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que maneja el problema más serio del país, estaría recibiendo 316 millones, 274 millones menos que dichos gastos.
Este aumento en el pago de los intereses no sería problema si los préstamos que lo causan se hubieran invertido en actividades que generarán un rendimiento mayor para la sociedad salvadoreña. Lo peor del problema es que estos recursos se han ido en pagar crecientes gastos corrientes, que ni siquiera han logrado mantener el volumen y la calidad de los servicios públicos. Estamos pagando cada vez más intereses sin tener ningún beneficio por ellos.
En cualquier país, estos problemas motivarían al gobierno a acercarse más a la ciudadanía para buscar maneras de revivir la inversión, aumentar la eficiencia del gobierno, generar más empleo y lograr el crecimiento económico. Esto, sin embargo, no está sucediendo en El Salvador, en donde el gobierno no sólo no se acerca a la ciudadanía sino que toma como insulto cualquier observación, crítica o propuesta que pueda surgir de ésta. El hecho de que una idea haya sido propuesta por alguien que está fuera del gobierno, parece ser motivo suficiente para rechazarla.
El objetivo del gobierno ya no parece ser el beneficio del país sino el insistir en tener la razón en todo, en mostrar quién manda, aunque esto resulte en marginación de la sociedad entera que no está en el gobierno y en errores de omisión y comisión en las políticas del gobierno. Torna vacías las palabras unir, crecer, incluir del eslogan del gobierno.
Pero los problemas del país se están deteriorando tanto que su empeoramiento no se puede ignorar. Cuando esto sucede, es muy común que grupos que sienten que tienen la razón en todo busquen algo —unas personas, una ley, un sistema— para echarle la culpa del fracaso.
A año y medio de haber tomado el gobierno, el presidente y sus funcionarios siguen culpando a los gobiernos anteriores por cualquier problema, al sector privado, a los políticos que no están de acuerdo con ellos, a todos, con tal de no asumir la responsabilidad por sus acciones y la falta de ellas.
Pero esto no es suficiente. El gobierno también pone la culpa su inhabilidad de ejecutar la inversión pública en la ley de adquisiciones (LACAP), que es la misma con la que otros gobiernos ejecutaron con mucha mayor eficiencia y en mayor volumen.
Y como sistema, el gobierno culpa de todo a la dolarización, un sistema que ha realmente salvado al gobierno de un temprano y catastrófico colapso.
Si este gobierno hubiera tenido colones, y los hubiera manejado de la misma forma en que ha manejado lo fiscal, los hubiera impreso a gran velocidad y tendríamos ya una tasa enorme de inflación. La moneda se hubiera devaluado tanto que las tasas de interés serían altísimas y se habría generado una crisis financiera porque la gente no podría pagar sus deudas. La deuda pública (que por supuesto sería en dólares como es en toda Latinoamérica), ya habría duplicado su peso como porcentaje del PIB como resultado de las devaluaciones. El peso de la deuda sería excesiva sin haber tomado ningún dinero prestado. Nadie le prestaría nada al país.
El presidente Funes ya no podría hacer nada más en todo lo que le resta del período, que tratar de bajar la inflación y estabilizar al país. Argentina tardó casi tres años en estabilizarse. Aquí sería peor. El gobierno debería de dar gracias a Dios de que encontraron el país dolarizado. Debido a esto es que no ha habido una crisis gravísima, que estaría destrozando al país más de lo que está.
Todos los problemas del país tienen solución con trabajo duro, eficiencia y cohesión social. Para lograr esto, el gobierno necesita dejar la costumbre de echarle la culpa a otros por cosas por las que él es responsable y abandonar el objetivo de mostrar quién manda, sustituyéndolo con el objetivo de trabajar en equipo con el resto de la sociedad para sacar al país adelante.
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