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2010/11/10

Contra Punto-Anuncio de impuesto al patrimonio levanta polvo - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 El ex presidente colombiano, de derecha, le enseña al mandatario de izquierda cómo subirle los impuestos a los más ricos de El Salvador para que paguen la seguridad  

Por Nelson Rentería.10 de Noviembre. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR – La lista de mandatarios y líderes políticos que influyen en la gestión del presidente Mauricio Funes parece ir en aumento y con ello también las controversias.

El turno le correspondió ahora al ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), de quien, dijo Funes, retomó la idea de crear un “impuesto para seguridad”, pero que gravaría únicamente a grandes contribuyentes, es decir, a los más ricos.

Interesantes y controversiales las acciones de Funes, quien en sus recientes viajes a Brasil y Cuba (gobernados por partidos izquierdistas), recabó experiencias para hacer negocios; pero en Colombia, donde gobierna la derecha, aprendió cómo incrementar los impuestos a los más ricos para que paguen los costos de la seguridad.

“Yo ya le he dado instrucciones al ministro de Hacienda para que trabaje en una figura, como pudiera ser un impuesto a los grandes capitales, un impuesto al patrimonio, para financiar gastos de seguridad”, explicó el mandatario salvadoreño, el primero de izquierda en esta nación centroamericana.

Funes detalló que la iniciativa surgió luego de una entrevista que tuvo con el ex presidente Álvaro Uribe, quien le recomendó fortalecer los cuerpos de seguridad a través de un impuesto al patrimonio de los grandes capitales.

Entre los sectores más conservadores de la derecha salvadoreña, el ex presidente colombiano goza de una enorme simpatía por su postura neoliberal y de extrema derecha.

En dos ocasiones Uribe ha sido invitado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep) como orador magistral del congreso Enade, un encuentro en el que se analiza el desarrollo empresarial salvadoreño.

Funes recreó la conversación con el ex mandatario colombiano, quien le dijo que los recursos para mantener al ejército más grande Latinoamérica y a la policía más eficiente los sacó de “un impuesto que le puse a los grande capitales, a los patrimonios más grandes del país, porque no voy a cometer el error de hacer que los pobres financien la seguridad”.

“Ese error tampoco lo voy a cometer yo”, sostuvo Funes.

La derecha parlamentaria fue la primera en saltar con el anuncio presidencial, y le exigió generar mayor “confianza” y “prudencia” con sus declaraciones.

“Es realmente preocupante, el presidente de la Republica debería generar más confianza y debería de ser más prudente con sus declaraciones”, expresó el diputado de Arena, Guillermo Ávila Quelh en una entrevista televisiva.

Mientras tanto, el diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Mario Ponce, señaló que este anuncio generará el escape de nuevas inversiones del país.

“Cargar con más impuestos a este país, significaría de alguna manera, correr algunas inversiones que posiblemente estén por venir”, señaló Ponce.

Lo cierto es que El Salvador es uno de los países con menos inversiones extranjeras directas; por otra parte, los grandes negociosos salvadoreños invierten fuera de las fronteras locales, sabiendo la necesidad interna que existe, según han reclamado los actuales gobernantes.

Hasta el momento ninguna de las gremiales empresariales más influyentes ha sentado posición firme frente al anuncio del presidente Funes. Aunque algunos de los representantes de las gremiales han dicho que el tema de la seguridad no es de recursos, sino de “buen gobierno” y que por lo tanto, el gobierno debería meditar un poco más su medida.

Funes dio a conocer la propuesta del nuevo impuesto, también al anunciar que vetará un decreto legislativo aprobado recientemente que quita la obligación a los grandes capitales y capitalistas de declarar sus patrimonios.

Viejos reclamos

No es la primera vez que los sectores conservadores del país patalean ante el anuncio del presidente de impulsar proyectos de mejorar la fiscalización de impuestos y revisar la carga tributaria.

Históricamente los empresarios han rechazado cualquier intento de cobrar impuestos para financiar las políticas de los gobiernos de turno, por lo que ha obligado al Estado a buscar financiamiento de la banca internacional a través de millonarios préstamos, generando mayor endeudamiento público.

El más reciente tuvo lugar en diciembre de 2009 en donde los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una reforma fiscal que buscaba suprimir privilegios, inequidades y puertas de evasión y elusión en el país.

El gobierno buscaba con la medida incrementar la recaudación tributaria desde 2,802.4 millones de dólares previstos para este año hasta 3,053.7 millones.

La reforma fiscal fue duramente cuestionado por las gremiales empresariales y por el opositor derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quienes se retiraron de la plenaria durante la votación en desacuerdo por el contenido del proyecto de ley.

Tras un acalorado debate el paquete de reformas fue aprobado y en el se incluía la obligatoriedad referente al patrimonio de los grandes capitales.

Según el artículo 91 de la Ley, las personas naturales están obligadas a informar sus bienes, deudas y patrimonio mediante declaración. Excepto aquellos que sus ingresos sean inferiores a 145 salarios mínimos  ($30,102) y posean inmuebles con valor inferior a 438 salarios mínimos ($100,207.80) o que no posean inmuebles.

En octubre pasado los diputados aprobaron eliminar este requisito, porque aseguraron que la medida pondría en riesgo la seguridad e integridad de los contribuyentes acaudalados.

La medida valió los aplausos de los empresarios, quienes la calificaron como “acertada decisión”.

“La exigencia de una declaración patrimonial pone en peligro la seguridad personal de muchos salvadoreños, dado el auge de delitos como el secuestro y la extorsión, cuyo enérgico combate sigue siendo una deuda del actual gobierno”, indicó la Cámara de Comercio en un comunicado.

El presidente Funes anunció el veto presidencial de la medida y contragolpeó con el anuncio del nuevo impuesto al patrimonio.

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