EDH-Los nuevos impuestos no reactivarán la economía

 Las medidas anunciadas por el Gobierno ponen en riesgo la seguridad de los contribuyentes y afectan a la clase media emergente, dicen analistas

10 de Noviembre. Tomado de El Diario de Hoy.

 

¿Cómo se puede pensar en aplicar más impuestos si la economía del país aún no se recupera? Esa es la pregunta que se hacen algunos analistas económicos y el sector empresarial del país, ante medidas como la que anunció ayer el Presidente de la República, Mauricio Funes, de cobrar un tributo a los grandes capitales para costear planes de seguridad.

Si bien, el proyecto se encuentra en estudio vendría a sumarse a la reforma tributaria implementada en diciembre de 2009, que a juicio de los economistas no ha hecho más que atrasar la reactivación productiva del país.

En cuanto al cobro de un impuesto a los grandes capitales para la seguridad, El ex ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds sostiene que al final quien paga el costo directo de cualquier tipo de impuestos es la población, porque las empresas lo que hacen es aumentar los precios.

"El grado de esclavitud de un país se mide por la cantidad de impuestos que se pagan por servicios de mala calidad. Eso no es un impuesto es un asalto", agregó.

Hinds se pregunta si quieren aumentar más impuestos para seguir comprando camionetas que valen hasta 100 mil dólares, incluso más caras que una casa.

El economista Francisco Molina valora que es muy pronto para estar hablando de nuevos impuestos, cuando los indicadores de corto plazo indican que la recuperación económica es leve, de apenas de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En su opinión, el aumento del salario mínimo a empleados del sector público y nuevos impuestos no son la fórmula correcta cuando en el escenario no se observa reactivación económica.

Claudio de Rosa, analista económico, coincide en que el Gobierno está aplicando todas las medidas contrarias para lograr una recuperación económica. "El presidente (Funes) pide al sector privado que invierta y tenga confianza para generar más empleo, pero resulta que con esos impuestos hacen todo lo contrario. Hay una contradicción, y todo sigue el criterio de los 'más ricos y los más pobres', comentó.

Según de Rosa, estas medidas tienen una consistencia intelectual, pues ya se sabe que cuando se aplican impuestos a las empresas, éstos se transfieren a los consumidores con precios más caros

Los analistas también critican la decisión presidencial que obligaría a presentar declaración patrimonial a todos los contribuyentes que tengan ingresos salariales superiores a los $75 mil al año o que tengan bienes inmuebles que superen los $300 mil.

La declaración patrimonial se exigiría a las personas naturales y contendrá las cuentas de activos, pasivos y patrimonio junto a la declaración de renta.

La tesis del Gobierno es que si una persona no declara todos sus bienes es proclive a evadir o al lavado de dinero, por lo cual la administración tributaria podría nombrar auditores para verificar que realmente se tengan solo los bienes declarados, entendiendo que tendrían que fiscalizar 'in situ', ya sea en la empresa o en la residencia del contribuyente.

El economista Manuel E. Hinds, sostiene que este tipo de medidas genera el riesgo de que la información se utilice o se filtre para otros fines, como extorsiones, secuestros u otros delitos, y a su vez, un impacto negativo en la economía, porque no habrá mayor inversión o ahuyentará parte de la existente. "Es una mala idea porque deprimirá más la economía", apunta.

No obstante, el fisco explica en su proyecto de decreto que se tomarán medidas para garantizar la confidencialidad de la información presentada.

Sobre la declaración patrimonial, de Rosa opina que no es más que parte de una ruta que se ha trazado el gobierno, que incluye las reformas fiscales de principios de año, (ver cuadros) y; como un último eslabón, el aumento del IVA en 1 ó 2 puntos porcentuales, que podría ocurrir después de las elecciones de diputados y alcaldes del próximo año.

"Es una sed insaciable para obtener más recursos, ya sea a través de impuestos o nuevos préstamos", dice, lo cual considera preocupante porque entre 2009 y 2010 el gobierno ha aumentado hasta 13 puntos porcentuales del PIB el endeudamiento, pero no la inversión.

El sector privado también se muestra preocupado. Jorge Daboub, presidente de la Cámara de Comercio, asegura que los salvadoreños pagan entre $400 millones a $500 millones al año en seguridad, además de los $300 millones que genera la delincuencia año con año.

"La delincuencia no hace diferencia entre pobres y ricos, eso solo la hace el Presidente y eso es irresponsable y populista porque divide a la sociedad. Es una falacia que solo el gran capital pagará el impuesto, la clase media y los pobres también terminan pagando", opinó.

La Cámara criticó además la falta de consulta del Gobierno con el Consejo Económico Social (CES), que desconoce los detalles de las medidas fiscales que se están impulsando: El alza salarial, nuevas plazas y nuevos impuestos. "Todo ha sido una sorpresa", afirmó Daboub.

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