El gobierno ultima la redacción de la propuesta de ley de rehabilitación que complementará a la ley de proscripción de pandillas. Pese a las buenas intenciones, expertos encuentran poco contenido en la propuesta
Por Fernando de Dios.10 de Noviembre. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR – Como complemento a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, en vigor desde el 18 de septiembre, el gobierno se encuentra ultimando los detalles para presentar a la Asamblea Legislativa una ley de retiro y rehabilitación. Deberá dar la oportunidad para salir de esos colectivos a las personas que estén en ellos y quieran cambiar y reinsertarse en la sociedad.
El planteamiento del Gabinete de Seguridad es que, una vez la ley represiva haya dado sus frutos y haya permitido capturar a los miembros de las pandillas, se pueda separar a los menos peligrosos y darles una salida con la ley de rehabilitación.
En opinión de expertos y funcionarios del ramo de la seguridad estas leyes deberían haberse aprobado juntas. También se plantean dudas sobre el borrador del proyecto que maneja el gobierno, que en esencia propondrá la creación de una estructura burocrática de considerable tamaño que, a primera vista, se antoja, como poco, lenta en la toma de decisiones.
Por otra parte, el proyecto no contiene acciones concretas, ni planes específicos. Es decir, no responde a la pregunta más repetida ante este proyecto: ¿Qué va a ofrecer el Estado a estos jóvenes para que decidan abandonar las pandillas?
Para otros expertos, tanto esta ley como la anterior son innecesarias, pues todo lo que regulan ya está legislado en el país. Sería cuestión de aplicar las leyes que castigan delitos como el asesinato, la extorsión, el tráfico de droga o la asociación ilícita, hacer cumplir las penas y que las cárceles y la sociedad dieran oportunidades de reinserción efectiva, como establece la Constitución de la República en su artículo 27.
Tras una década de ensayos represivos en el combate a la violencia, las pandillas han dejado de ser grupos de jóvenes marginales violentos para convertirse en parte del crimen organizado.
Por el camino, la acción policial y los discursos políticos y mediáticos irresponsables han estigmatizado a la juventud y han hecho que se pierda un elemento crucial para la reconciliación social y la reinserción de muchas personas jóvenes; la confianza.
Vivir entre dos fuegos
Vela de Jonathan, un joven de 16 años, en La Campanera, Soyapango. La noche anterior, tras salir de la misma iglesia en la que su familia le llora, fue abatido a balazos. Uno de ellos le acertó entre los ojos.
La Campanera es una de las comunidades que peor fama han ganado en El Salvador y a nivel internacional a partir, sobre todo, del documental “La vida loca”, realizado por el malogrado fotoperiodista franco español Cristian Poveda.
Sin embargo, sus habitantes afirman que la colonia ya no es lo que era, que está mucho más calmado y que hacía tiempo desde el último asesinato.
Jonathan pertenecía a la Mara 18. Desde hacía unos meses, acudía con frecuencia a la iglesia evangélica Últimos Tiempos junto a otro grupo de jóvenes. Sus amigos dicen que, como ellos, estaba intentando alejarse de la pandilla.
Recelosos, todos vestidos con pantalón negro y camisa blanca, los jóvenes van expresando algunas de sus sensaciones ante la muerte de su compañero de andanzas, fechorías y diversiones.
Uno de ellos, de unos 18 años, moreno, con pelo encrespado y bigote, asegura muy serio que a su amigo le mató un policía. Afirma que como norma general, si un agente les manda detenerse en la calle, tienen dos opciones; una mala, que es obedecer y a menudo ser insultado, golpeado y detenido; y otra peor, que es salir corriendo y arriesgarse a ser disparado.
Jonathan eligió huir, siempre según la versión de sus compañeros, y fue alcanzado por los disparos de la policía.
La PNC detuvo en horas de esa misma madrugada a tres sujetos acusados del asesinato del joven. La tesis policial es que eran miembros de la pandilla que le habían atacado.
Uno de los pastores de la iglesia en la que se vela el cuerpo de Jonathan señala repetidamente que los jóvenes que intentan abandonar las pandillas son víctimas de un fuego cruzado. Están en peligro tanto de ser apresados y maltratados por la policía como de ser ajusticiados por sus compañeros de la pandilla.
- No es fácil salir – dice otro de los amigos de Jonathan.
Alto, de pelo rizado y ojos claros, el joven señala que sus posibilidades para abandonar la senda de la violencia y la delincuencia a la que se abocaron desde que eran unos niños son muy pocas. Más allá de acudir a la iglesia, no hay más opciones. Los demás asienten con expresión ceñuda.
Pero como de rezos no se come, dice que necesitan estudiar y trabajar. Aprender un oficio, ganarse la vida.
- Queremos lo que cualquier joven. Queremos hacer cursos de capacitación, talleres. Queremos trabajar. Es lo único que pedimos – Dice con mirada implorante el joven.
- ¿Qué opináis de la nueva ley contra las pandillas del gobierno?
- Más represión, lo de siempre, es lo más fácil – dice escéptico el joven que habló al principio.
Delmy Chávez, líder comunitaria de La Campanera, afirma que viven en estado de excepción constante. Las personas que salen a la calle de noche, además de correr peligro por la delincuencia, son acosados sistemáticamente por la policía y el Ejército.
La noche anterior, dice Delmy, cuando un grupo de mujeres de mediana edad, ella incluida, salían de la vela del muchacho al filo de la medianoche, fueron minuciosamente registradas e insultadas por agentes de la PNC.
Para las personas jóvenes no es una opción salir a la calle en La Campanera tras la puesta de sol, sostiene Delmy. Su hijo, ilustra, que nunca se ha mezclado con la pandilla, ha estado detenido varias veces sólo por estar en la calle.
La nueva “mano amiga”
Tal y como ha anunciado el gobierno, en las próximas semanas, la Asamblea Legislativa recibirá el proyecto de Ley Especial de Retiro y Rehabilitación de Miembros de Pandillas, Maras, Agrupaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.
Según el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Henry Campos, la normativa tratará de dar una oportunidad para los miembros de pandillas y otras organizaciones criminales que quieran cambiar de vida y salir de esas estructuras para “reinsertarse a la sociedad”.
El funcionario dice que el objetivo fundamental de esta medida son “personas que no han sido procesadas por delitos graves; personas que han sido procesadas pero ya se encuentra extinguida la responsabilidad penal; también personas que aunque estén en prisión llenen los requisitos para poder optar a una medida de rehabilitación; y también se está considerando a los niños y jóvenes inimputables, así como aquellos que sean capaces de culpabilidad, es decir mayores de 16 y menores de 18, que convivan o tengan contacto perjudicial con pandillas u organizaciones de naturaleza criminal”.
Campos admite que hay una parte de las pandillas que no va a querer rehabilitarse, “el grueso de la dirigencia y aquellos que están acostumbrados a vivir del delito, y que para ellos la alternativa probablemente no sea este tipo de leyes, sino la aplicación de las sanciones correspondientes”.
El borrador que maneja el gobierno propone la creación de una estructura burocrática que estará integrada por representantes de distintas instituciones públicas y privadas y regido por el propio gabinete de seguridad.
La Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública será la encargada de coordinar la creación de un Programa Nacional de Rehabilitación. Tal instrumento será regido por una Comisión Nacional, en la que estarán representadas hasta 16 instituciones entre públicas y privadas, que se ocupará de diseñar las condiciones que deberán cumplir las personas para entrar al programa y de dar autorización a instituciones privadas, es decir, ONG que ya desarrollan este tipo de actuaciones, para entrar a formar parte del mismo.
También habrá una Dirección Ejecutiva que se ocupará de estudiar los casos concretos de las personas aspirantes a entrar en el Plan Nacional y que estará a cargo de PREPAZ.
El texto enumera una serie de condiciones, hasta 13, que deberán cumplir los aspirantes a ingresar en el programa. Si bien se especifica que son “no taxativas”, es decir, que no se deberán cumplir todas, algunas de ellas plantean dudas a distintos expertos en derecho.
Entre otras cuestiones, explica Henry Campos, los aspirantes deberán “someterse a un examen médico y psicológico, practicarse un examen físico, proporcionar datos, establecer condiciones de obligación de residir en determinado lugar, no visitar a determinadas personas, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o drogas y someterse a programas de desintoxicación, quitarse los tatuajes…”
Una vez se determine que el aspirante cumple con los requisitos, se le dará el estatus de beneficiario del programa, que deberá ser renovado cada seis meses. También se llevará un registro y se le extenderá un carné identificativo.
Aunque el programa será “de naturaleza pública”, se financiará, según el proyecto, con presupuesto estatal y apoyo privado, mediante la creación de un patronato que deberá buscar recursos, tanto privados como de cooperación internacional.
Por último, el borrador incorpora un artículo muy similar a otro que se eliminó del proyecto de ley de proscripción y que establece que los menores exentos de responsabilidad penal, es decir, los de menos de 12 años, que se encuentren en peligro de caer en las redes criminales, pasarán a estar tutelados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (Isna).Un cascarón vacío
Más allá de las cuestiones meramente burocráticas, la propuesta de ley no contiene ni detalla por el momento qué tipo de acciones concretas se llevarán a cabo, es decir, qué intervenciones se van a realizar, en qué van a consistir los programas de rehabilitación.
En otras palabras, qué les va a ofrecer el Estado a estos jóvenes para que decidan someterse a las numerosas condiciones que se les hará cumplir y embarcarse en un proceso en el que, dadas las reglas internas de las pandillas, correrá peligro su vida y la de sus familias.
Según el viceministro Henry Campos, el Programa Nacional “incluye (incluirá) varios subprogramas educativos, de capacitación, de asistencia a canasta básica, y eso va a suponer establecer también un entorno eficaz para la rehabilitación. (…) También, aquellas instituciones que ya están ejecutando programas para beneficio de la rehabilitación de estas personas, se les va a invitar a participar y registrar sus programas para que formen parte del Programa Nacional”.
El funcionario explica que se tratará de incidir en las comunidades de forma integral y que se van a estudiar los casos uno por uno para determinar en cuáles de ellos procederá el traslado de la persona a otra comunidad o algún centro tutelado por el Estado.
Por otra parte, asegura Campos, la idea del gobierno es que la PNC y la Fuerza Armada, con datos aportados por la FGR y en el marco de la nueva normativa antipandillas, vayan recuperando el control sobre ciertas zonas del país, con lo que se podrá garantizar seguridad a sus habitantes.
Pero para algunos analistas y personas cercanas a los procesos que se siguen contra pandilleros en la justicia salvadoreña, esta solución no se ve en un horizonte cercano dadas las carencias del sistema punitivo.
Mientras, según señala el juez del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, Leonardo Murcia, quitarse los tatuajes puede costarle la vida a un joven, pues sus ex compañeros en la pandilla lo interpretarán como una traición.
Otro peligro que señala el magistrado es que los participantes en el programa de rehabilitación deban portar con ellos el carnet que los identifica como tales.
Adilio Carrillo, miembro de la Coalición Centroamericana para al Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), ve esta propuesta como algo positivo, por sus “buenas intenciones”, pero dice temer que se limite a crear un a gran estructura burocrática para la expedición de salvoconductos para pandilleros arrepentidos y ONG que realicen programas de rehabilitación, con lo que no se avanzaría en lo esencial.
El experto señala que el tamaño de la Comisión Nacional hará difícil su operatividad, y que no ve cómo se va a agilizar la toma de decisiones.
También la jueza de la Cámara de Menores de San Salvador, Doris Luz Rivas Galindo, presidenta del Foro de Jueces Democráticos e Independientes, reclama más concreción en los planteamientos de esta normativa.
“Aquí todo realmente es bien en abstracto. Habla de la creación del programa, de su naturaleza, pero no le dice cuáles son los elementos. Habla de los órganos que se van a crear, el aparato que lo va a conformar. Esto es un monstruo y va a burocratizar el problema. Este tipo de situaciones requiere menos burocracia y más actividad, un dinamismo mayor”, dice la jueza.
Y concluye que “con leyes de este tipo, sin mayor contenido más de un montaje estructural, es como que queremos hacer pero no queremos hacer”.
Aunque la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es una de las instituciones que están contempladas para formar parte de la Comisión Nacional que regirá el programa de rehabilitación, el procurador adjunto de derechos civiles e individuales, Gerardo Alegría, afirma no han recibido ningún borrador de la ley ni han sido consultados para su elaboración.
Alegría considera que la mejor forma de dar seguridad y garantizar que quienes participan en estos programas son quienes deben hacerlo, es separar claramente los que han cometido delitos graves de los que no, para lo que es necesaria una investigación policial y fiscal más eficaz que la que hay en la actualidad.
En general, el defensor de derechos humanos considera que un programa de rehabilitación realista “debe contar con algunas opciones, con algunas posibilidades para que los muchachos y muchachas que pertenecen a pandillas encuentren oportunidades de trabajo, ocupación rentable”.
En definitiva, Gerardo Alegría verbaliza algo que de una u otra forma mencionan todas las personas consultadas:
“Habrá que ver si le va a tener más cuenta salirse de la estructura en la que está y qué es lo que el Estado le va a ofrecer. Por eso es un reto para el Estado, qué les va a ofrecer a estos jóvenes que no encuentren en las pandillas”.
La clave es la confianza
Aunque se ha eliminado ya de la propuesta, en un primer momento se barajó la posibilidad de que una de las condiciones para ingresar al programa de rehabilitación fuera que el candidato debía dar información sobre la pandilla.
Por ese camino, reconoce el viceministro Campos, no se iba a conseguir crear la confianza necesaria y se pondría en más peligro a estas personas.
Pero persisten elementos que a juicio de los expertos no ayudan. La jueza Rivas Galindo analiza las condiciones que se impondrán a los candidatos a ingresar en el programa con reservas, pues considera que se va imponer un control demasiado estricto de la vida de quienes se integren en él.
En especial, la magistrada analiza con preocupación una de las condiciones, que establece que los participantes en el programa deberán “admitir el ingreso de representantes de la Secretaría del Programa a los lugares en donde se encuentre el solicitante, así como la investigación personal, familiar o del entorno de la comunidad donde trabaje, estudie, habite o resida”.
“Hay un control bastante exhaustivo”, dice la jueza, que considera que se debe buscar más bien generar confianza mediante “acciones mucho más sencillas y mucho más concretas de acercamiento entre la sociedad, las víctimas, y ellos (los jóvenes pandilleros)”.
El padre Antonio Rodríguez, que lleva a cabo desde hace años un exitoso programa de rehabilitación de pandilleros en Mejicanos, también pone el acento en la confianza como elemento clave.
De hecho, su forma de trabajar con estos jóvenes, una vez han demostrado estar de verdad convencidos de que quieren salir de la pandilla, es ponerles ante su comunidad, hacerles mostrar arrepentimiento y realizar acciones para procurar la reconciliación con sus vecinos y vecinas.
Para la ex jueza de menores y presidenta del CNSP, Aída Luz Santos, experiencias como la del padre Antonio y otras desarrolladas por iglesias y ONG son un trabajo valioso que “no se puede desperdiciar”. Para ella, en el ámbito de la rehabilitación de jóvenes con problemas de delincuencia, “una cosa importantísima es el diálogo y la confianza”.
“Yo que conozco como funcionan las pandillas, le puedo asegurar que tenemos que hacer un gran trabajo de concientización como gobierno, por los códigos que las rigen”, afirma Santos.
¿Y las cárceles?
La Constitución de la República establece en su artículo 27 que el Estado procurará la rehabilitación y la readaptación de los delincuentes así como la prevención de los delitos.
Por tanto, cuando la ley habla de la rehabilitación de personas que han extinguido su responsabilidad penal con el Estado, dice la jueza Rivas Galindo, “esto es un derecho de todas las personas que se encuentran privados de libertad, no es necesaria una ley, tiene que ser un programa”.
Este principio constitucional, que debería ser el principal objetivo del sistema penitenciario del país, es una quimera dado el estado en que se encuentran las prisiones, con unos niveles de hacinamiento tales que no permiten ni encontrar el espacio físico para realizar talleres de empleo o capacitación.
“Las cárceles están tan abarrotadas de gente, hay un hacinamiento tan desmedido que es imposible que se puedan aplicar programas de educación, de trabajo, de rehabilitación para que una persona que esté en el sistema penitenciario pueda salir mejor de cómo entró”, denuncia Gerardo Alegría.
Otro aspecto es que el sistema penal se ha configurado sólo para castigar, negando el pan y la sal a los miembros de pandillas y delincuentes comunes, y haciendo que su salida de la prisión sea la antesala de su reincidencia en el delito.
El artículo 92A del Código Penal niega los beneficios penitenciarios para personas con delitos relacionados con las pandillas.
Tal como afirma Aída Luz Santos, “aquí es más fácil sacar a un gran lavador de dinero, es mucho más fácil beneficiar a éstos que han hecho tanto daño al país a través de la corrupción, que beneficiar a una persona que se robó un celular, porque tiene el estigma de ser pandillero”.
Por otra parte, señala la funcionaria, existe el problema de que las personas que salen de prisión conservan durante dos años sus antecedentes penales.
“Durante dos años tenemos una persona recién salida del sistema carcelario, donde no hubieron programas de rehabilitación y esta persona necesita sobrevivir y mantener a una familia. Esta persona 100 por cien seguro que va a reincidir”, dice la presidenta del CNSP.
Más que un gesto político
Los líderes políticos suelen reaccionar de forma impulsiva ante hechos dramáticos o que crean conmoción social. Un dirigente siempre ha de evitar que se extienda la impresión de que no ha hecho nada ante un acontecimiento de esa naturaleza.
En esa lógica, el presidente Mauricio Funes impulsó una nueva ley represiva contra las pandillas tras la quema de un microbús con sus pasajeros dentro. El hecho, ocurrido el pasado 20 de junio en Mejicanos, causó una enorme conmoción en la ciudadanía y una gran campaña de odio y venganza amplificada por los medios de comunicación, exagerando hasta el punto de pedir la instauración de la pena de muerte como solución.
Ante este clima, de poco servía la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana formulada en febrero de este año tras meses de conversaciones con sectores sociales, políticos y económicos. Un proyecto cuyos resultados, si se producen, se verán en el medio plazo.
El presidente debía hacer algo que no diera pie a que esos medios que pedían castigo máximo para el crimen le acusaran de inoperante.
Cambió la forma de actuar y se volvió a estrategias represivas que dieron como resultado una nueva ley represiva contra las pandillas. Fue un gesto político.
“La posición del actual gobierno, si bien es cierto que tiene algunas diferencias con los gobiernos anteriores, en lo esencial sigue siendo una visión muy represiva, de dar un rostro, una cara de dureza, de rigidez. Es siempre el enfoque de anteponer el poder que tiene el Estado para reprimir vía proceso penal, la ley penal y penitenciaria”, afirma el procurador adjunto Gerardo Alegría.
Otros analistas coinciden en que tanto la ley de proscripción como la de rehabilitación más parecen gestos de cara a la opinión pública que medidas efectivas, pues vienen a regular aspectos legales que ya estaban presentes en la legislación salvadoreña.
Más que las leyes, será la aplicación realmente efectiva de políticas enfocadas a la intervención integral, en todo el territorio y con un funcionamiento adecuado y coordinado de todas las instituciones, lo que dé al Estado posibilidades reales de éxito en la solución de un problema que hunde sus raíces mucho más allá de las pandillas y la juventud.
La “mano amiga”, de Mauricio Funes - Noticias de El Salvador - ContraPunto
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