Editorial. Miércoles 19 de Agosto. Tomado de Diario CoLatino.
En su artículo “Acceso a la información y a la corrupción”, publicado en nuestra edición de ayer, Pedro Antonio Salamanca, hace unas oportunas sugerencias que deben tomarse en cuenta, no sólo por el gobierno, sino por todos aquellos que han expresado su interés en el tema de la corrupción y sobre el derecho a la información.
Durante la toma de posesión, en su discurso, el Presidente Mauricio Funes expresó que iba a trabajar con transparencia, lo que implica a su vez el combate a la corrupción “y de todas las formas de despilfarro y desvíos del dinero público”.
Días después, tras denunciarse la existencia de plazas fantasmas en el Centro Nacional de Registros, y otras instituciones, el Presidente Funes anunció la creación de una Comisión Presidencial de Peritos, para canalizar y sistematizar todos aquellos casos que tienen que ver con actos de corrupción del gobierno o los gobiernos anteriores.
Según Salamanca: “el Gobierno actual, sus funcionarios, hoy tienen el poder y la oportunidad de conocer los actos de corrupción en sus respectivas instituciones, porque tienen la facilidad y los medios para documentarlos, darles seguimiento y presentarlos ante la Fiscalía General; o también, solicitar a la Corte de Cuentas que los investigue a fondo y deduzca responsabilidades, determine los indicios de responsabilidad penal y los presente ante la Fiscalía; por estas dos vías el nuevo gobierno, puede intentar que se esclarezcan los ilícitos de las autoridades anteriores”.
Más adelante, Salamanca recuerda que: “en este último caso, debe hacerlo cuanto antes, porque la Corte de Cuentas, tiene tiempo limitado para auditar años anteriores”, por los límites que pone la ley.
El artículo 95 de su ley: “Las facultades de la Corte para practicar las acciones de auditoría, para exigir la presentación de información financiera juntamente con la documentación sustentatoria y para expedir el informe de auditoría, caducarán en cinco años, contados a partir del uno de enero del siguiente año al que tuvieron lugar las operaciones por auditarse”.
El llamado es para el Presidente Funes y al Ministro de Hacienda, quien además encabeza la Comisión Presidencial de Peritos, para que tengan en cuenta la finalización de los tiempos.
Creemos, además, que es pertinente tomar en cuenta esta otra sugerencia que hace el articulista en mención: “si un sector de la sociedad promueve el acceso a la información del 1 de junio en adelante y otro sector quiere que se combate la corrupción de esta fecha hacia atrás, es bueno conjugar estas dos visiones e intereses en la Asamblea Legislativa, y pronto se apruebe la Ley de Acceso a la Información, pero a su vez, se aprueben las reformas pertinentes a la Ley de la Sección de Probidad y se exija a los organismos correspondientes, el cumpliendo hacia atrás y hacia delante, de todas aquellas leyes aplicables al enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos”.
Esperemos, que tanto el gobierno como todos aquellos hombres y mujeres que están interesados en que se combata y castigue la corrupción del gobierno anterior, tomen nota de lo expresado por el señor Salamanca.
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