Resignación entre afectados de verdad

Dicen que la CEL no ha negociado con todos

Escrito por Jorge Beltrán. Jueves 20 de Agosto.

Supuestas promesas incumplidas y abusos departe de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), en la compra de tierras que El Chaparral anegará, parecen ser las razones de inconformidad de muchos de los afectados, aunque están conscientes de que el proyecto es algo que no pueden detener.
Desde los caseríos Cerrito El Chaparral y San Antonio La Iglesia, del municipio de San Luis de la Reyna, río arriba, pasando por caseríos del municipio de Carolina hasta el caserío El Bajío y Santa Rosa, de San Antonio del Mosco, los lugareños se quejan de que vendieron sus tierras a bajos precios. De lo que, ahora, algunos se arrepienten, y hasta afirman haber sido coaccionados por empleados de la Cel.

A otros, como Elena Guzmán y Filadelfa Martínez, les inquieta que la Cel aún no haya llegado a negociar sus tierras, que podrían quedar anegadas.

Pese a esas razones, la mayoría se ha resignado ya a abandonar sus propiedades al ver el evidente avance de la construcción y dicen estar conscientes de que el proyecto no se puede detener aunque haya marchas para presionar al gobierno.

Excepto quienes semanas atrás se han manifestado contra el proyecto, entre los lugareños afectados, los perjuicios que causará la represa se reducen a la plaga de zancudos que, imaginan, invadirá los caseríos que quedarán al margen del embalse.

Los argumentos de grupos opositores, como la destrucción del ecosistema, la inundación de tierras y el desarraigo que sufrirán muchas familias residentes en los más de ocho kilómetros a lo largo del río Torola que abarcará el embalse, no están en boca de los verdaderos afectados, según constató El Diario de Hoy durante un recorrido que hizo por los caseríos del norte de San Miguel que afectará la represa.

Claros Requeno, de 75 años, vecino del caserío San Antonio la Iglesia, cree que el problema más significativo es que la Cel no cumplió la promesa de construirle tres metros de un muro y hacerle una terraza en una loma en la que edificaría una casa.

Según Requeno, como él, hay muchos inconformes en su caserío porque donaron parte de sus terrenos para ampliar la calle de acceso pero no les dieron nada a cambio o no todo lo que les prometieron.

Los bajos precios que pagó la Cel por las tierras de sus vecinos o el desplazamiento de la fauna (compuesta en su mayoría por garrobos y tepezcuintles, según dice), no le importan a Requeno tanto como "la plaga de zancudo" de la que les han hablado los activistas opositores que han llegado desde Chalatenango a convencerlos de que se opongan a la construcción. Tampoco parece importarles las protestas que el cura (Antonio Confesor Carballo Hernández) de San Antonio del Mosco y otros clérigos de la región hacen contra El Chaparral.

Dos veces afectado

Alonso Posada tenía 10 años de residir en Estados Unidos. Pese a la lejanía de su familia, la vida le sonreía. Pero eso cambió cuando empleados de la Cel le comenzaron a llamar para negociar sus tierras a orillas del Torola en su trayecto por el caserío San Antonio La Iglesia, de San Luis de la Reyna.

Su mujer les dio un número de teléfono donde podían localizarlo. Desde entonces no pararon de llamarlo diciéndole que sólo él quedaba sin vender las tierras: poco más de siete manzanas.

Tras la insistencia decidió volver. Afirma que luchó porque le pagaran a siete u ocho mil dólares la manzana, pero fue infructuoso. Le pagaron cuatro mil 200, un precio que considera injusto, pues los precios en ese lugar andan arriba de los ocho mil.

Vender las siete manzanas donde cultivaba maíz y frijol ya era un trago amargo porque con el dinero que le dieron no podía comprar otro terreno igual. Pero el trago más amargo lo sintió cuando, a tan sólo un mes de haber regresado de Estados Unidos, le llegaron los documentos con los que obtendría la residencia legal allá.

"Me vine en mayo del 2004. Ya hubiera ganado el doble o más si mejor me hubiera quedado trabajando", asegura Posada con evidente desconsuelo.

El hombre parece estar resignado a ya no regresar a Estados Unidos. El costo del viaje y el incremento de los peligros lo han hecho quedarse junto a su familia. En vez de aventurarse nuevamente hacia el norte, Posada se ha planteado la idea de comprar una lancha para pescar y así aprovechar el embalse que llegará a unos 200 metros del patio de su casa, según sus cálculos.

No se saldrá

Elena Guzmán afirma sin tapujos que "un tal Nelson Villegas es un sinvergüenza" porque hace varios años, cuando andaba comprando las tierras en el caserío Cerrito El Chaparral, del cantón La Orilla, municipio de Carolina, les prometió que les iban a dar casa y tierras en otros lugares.

Pero la septuagenaria asegura que de eso no ha visto nada aún. Nadie ha llegado a negociar con ella, pese a que la Cel ya señaló hasta dónde llegará el embalse. De hecho, la casa de esta mujer es la más cercana a la construcción del dique.

Encaprichada y con evidente disgusto, Guzmán admite que ha participado activamente en las manifestaciones organizadas por Confesor Hernández, pues es importante que la Cel le dé una respuesta porque, de momento, no sabe para dónde se irá con la retahíla de nietos que tiene.

"¿Para dónde me voy a ir con todos estos mis nietos? Dijeron que iban a construir unas casas allá en Carolina pero eso no se ha visto claro", reniega esta mujer de 63 años cuya casa está muy cerca, a unos 10 minutos, de la frontera con Honduras.

Pero entre los lugareños también hay quienes ansían que el embalse se llene lo más pronto posible.

Tal es el deseo de Neftaly Ayala, un hombre de 77 años y vecino de Carolina, quien considera que el embalse lo beneficiará pues, una vez que se llene la represa, ya no tendrá que bajar el cantón Lomas de Copante hasta el río Torola para abrevar su ganado.

Ayala reside en el casco urbano de Carolina, pero es propietario de una extensión de tierra que llega hasta el Torola, de la cual recién vendió cuatro manzanas, en el despoblado cantón Lomas de Copante.

Pese al beneficio que le llevará la represa, Ayala también se siente afectado por los bajos precios que le pagó la Cel. Considera que lo justo hubiera sido que la autónoma pagara a todos por igual: ocho mil dólares, el precio que le pagó por unas 40 manzanas a Jacobo Martínez, quien antes de vender sus tierras era de los principales opositores a El Chaparral.

Siempre en Carolina, pero al otro lado del Torola, en el caserío El Terrero, del cantón Soledad, también puede apreciarse otro de los beneficios del proyecto. Niños y jóvenes reciben clases en una escuela totalmente nueva, ni la sombra de aquella donde hasta hace unos meses lidiaban con la incomodidad.

La antigua escuela, que quedará bajo varios metros de agua cuando se llene el embalse, tenía sólo dos aulas y una letrina. En esas aulas recibían clases los estudiantes del primero al sexto grado.

No falta quien se queje de que la Cel no hizo un acceso vehicular para la nueva escuela, pero también hay quien razona "¿para qué quieren eso?, si los niños todos llegan a pie".