Interferir la operatividad criminal

En la discusión política sobre la ola de criminalidad que nos azota no se ve sentido de urgencia ni unidad de propósito. Los diputados y los funcionarios del gobierno se la pasan echándose culpas y defendiéndose de los ataques del otro.

Viernes 21 Agosto. Tomado de La Prensa Grafica.

Ya sabemos que el problema viene de atrás y tiene raíces profundas. No hace falta repetirlo constantemente. Tampoco ayuda retar morbosamente al Gobierno a que muestre resultados espectaculares en unas pocas semanas. Lo que les pedimos a los tres órganos del Estado y al Ministerio Público es que se pongan de acuerdo en unas pocas medidas que puedan ejecutarse a muy corto plazo y ser efectivas para empezar a recuperar la seguridad que los delincuentes nos han arrebatado.

Es cierto que los altos niveles de criminalidad son un problema heredado, pero eso es solo una parte de la verdad. El nuevo gobierno también ha heredado una experiencia de lo que no funciona y de lo que puede funcionar, la cual puede ser muy útil si se analiza objetivamente, evitando caer en razonamientos simplistas que valen para la lucha política pero no para encontrar las mejores soluciones. Decir que las políticas de ARENA fracasaron porque aumentó la criminalidad equivale a afirmar que los paraguas son inservibles, porque no evitan que nos mojemos un poco cuando arrecia la lluvia.

El éxito de cualquier intervención gubernamental es siempre relativo y debe juzgarse conforme a otros parámetros, de forma que el análisis ayude a tomar buenas decisiones sobre lo que debe hacerse para producir mejores resultados. El propósito del análisis no debe ser criticar o defender a gobiernos anteriores o al nuevo gobierno, sino identificar los eslabones más fáciles de romper en la cadena del crimen, para concentrar en ellos el impacto de las acciones preventivas.

No se trata de cambiar por cambiar. Los gobiernos anteriores, por ejemplo, promovieron la denuncia ciudadana, por la sencilla razón de que no se puede prescindir de ella al perseguir crímenes que dejan poca o ninguna evidencia material. Eso fue una política buena pero mal ejecutada. La pregunta ahora es cómo lo hacemos mejor, qué haremos para ofrecer mayor protección a los testigos, qué perfil y entrenamiento deben tener los encargados de tomar las denuncias.

Si sabemos que el hacinamiento y la insuficiencia de controles en los centros penales favorecen la criminalidad, cae de su peso que debe darse prioridad a la construcción de infraestructura carcelaria adecuada a las necesidades y, sobre todo, poner todos los medios necesarios para una pronta evacuación de la mora judicial.

Si el teléfono es una herramienta importante para realizar secuestros y extorsiones, debe aprobarse cuanto antes una buena ley, no hace falta que sea perfecta, para poder activar las escuchas como herramienta de investigación. También se debe exigir a las compañías telefónicas que colaboren desactivando los teléfonos robados.

Si ocho de cada diez asesinatos se cometen con armas de fuego, es evidente que debe regularse más estrictamente la portación de armas, y mantener vigilancia constante para hacer cumplir la ley.

En una emergencia, no ayuda mucho insistir en la dimensión estructural de los problemas. Es más útil disectarlos y atacarlos en el nivel operativo, de manera que resulte cada vez más difícil la comisión de delitos. Al menos en eso, debieran ponerse de acuerdo.