¿Policía política?

Me decía un oficial de la Policía Nacional Civil, quien ha logrado navegar con éxito en la corporación sin vestirse de colores políticos, que las disputas partidarias o sectoriales solapadas empiezan a hacer mella en el interior del castillo, la sede central de la PNC. Si lo que dice este hombre es cierto, resulta entonces que no solo será necesario depurar a la Policía de elementos relacionados con el crimen organizado, sino también de oficiales que responden a las órdenes de grupos de interés, sean estos políticos o privados.

Escrito por Héctor Silva Ávalos. Domingo 23 de Agosto. Tomado de La Prensa Grafica.

Asunto vital este de la limpieza policial. No hoy, siempre, pero con más urgencia desde el segundo semestre del año pasado, cuando la inmersión de la administración anterior en el proselitismo político hizo que las autoridades correspondientes descuidaran los índices de homicidios y extorsiones. Está claro, sin embargo, como recientemente lo dijo el procurador de Derechos Humanos, que lo pasado pasado está y que hoy toca a las autoridades nombradas por el presidente de la República en el ramo asumir, sin la excusa ya cansina de lo no hecho por otros, el combate a la inseguridad pública.
Los primeros pasos dados tienen tonos claroscuros. Empecemos con la flexibilización de medidas carcelarias anunciadas por las nuevas autoridades de Penales. Escuché al actual director de cárceles decir, en una radio, que un pilar fundamental de su política sería procurar los derechos humanos de los reos. Muy bien. Lo que, me parece, jamás estará bien es que con esa premisa se descuiden realidades tan aceptadas por la criminología local e internacional como la organización de extorsiones desde los centros penitenciarios. Una persona relacionada con el proceso judicial que se sigue contra Reynerio Flores Lazo, acusado de narcotráfico, decía, por ejemplo, que sus abogados se pueden comunicar con él vía teléfono celular a cualquier hora hasta el penal de Zacatecoluca. Si esto es cierto, tampoco sería tan grave la propuesta de Penales de revaluar la necesidad de que en El Salvador exista un reclusorio de máxima seguridad. Digo, si el servicio telefónico ahí es tan bueno, imagínese en un penal como el de Gotera o el de Ciudad Barrios, desde los que según la misma Policía se ordenan miles de extorsiones.

El tono claro, en este caso, es que la intervención política oportuna del presidente Funes obligó a Penales a retractarse. Y, hasta donde sé, ha agilizado la gestión con las empresas telefónicas para bloquear las señales de celulares en las cárceles (algo que aún no sucede).

Pero volvamos a la Policía: dicen los analistas políticos, por lo bajo, que el FMLN se atrinchera en la PNC para ejercer balances en su compleja relación con la oposición y con la misma Casa Presidencial. Mala cosa si esto es así. Fue desde el mismo Frente que llegó la acusación de que la administración arenera anterior había convertido algunas unidades, como la DECO, en reductos partidarios. He visto, de hecho, escritos elaborados por antiguos activistas areneros en los que se hablaba de “inclinar” el balance político de la Policía hacia la derecha ¿Entonces, qué sentido tiene que ahora, con administración nueva, ocurra lo mismo solo que con un signo partidario diferente? Un sentido perverso que compromete a la Policía.

La PNC no puede ser de ARENA ni del FMLN ni de sectores privados; debe ser de los ciudadanos. Ahora, como nunca, la Policía debe funcionar bien; recuperar la confianza del país y de los inversionistas que puedan ayudarla, entre otras cosas, a investigar los 12 ¿o 14? homicidios diarios. Como en el caso de Penales, la intervención del presidente Funes parece indispensable.