Escrito por Juan A. Valiente.Martes 25 de Agosto. Tomado de El Diario de Hoy.
El período presidencial pasado terminó manteniendo enfrentados a los colegios privados y al Ministerio de Educación (MINED) por el proceso de categorización, el procedimiento de aumento de las colegiaturas y las repetidas denuncias por arbitrariedades administrativas y acoso institucional. En el tema de las colegiaturas, al menos, no está en el MINED ni la génesis del problema, ni su solución.
El problema se gestó hace más de un año en la Asamblea Legislativa, cuando el diputado Mario Ponce del Partido de Conciliación Nacional (PCN), decidió talvez de manera arbitraria, que la ley vigente a la fecha no protegía adecuadamente a los padres y madres de familia de posibles abusos de los propietarios de colegios privados y comenzó a proponer cambios a la Ley General de Educación. Desde 1997 la mencionada ley nos había servido bien. Esta ley regula entre otras cosas la creación, operación y supervisión de los centros privados de educación y establece que la "administración económica de los Centros Privados de Educación corresponde a los propietarios o encargados de los mismos". Las instituciones educativas privadas podían cobrar a los padres y madres de familia únicamente matrícula y colegiatura, para lo cual debían organizar de acuerdo a los lineamientos establecidos, en términos de oportunidad y convocatoria, una asamblea general de padres de familia, donde se informara de los cambios a aplicar para el siguiente año escolar.
Respetando las libertades económicas de los inversionistas en instituciones educativas privadas, esta medida permitió evitar cobros adicionales tan comunes en épocas anteriores en los colegios, obligando a las instituciones a realizar mejores presupuestos y dar a conocer con anticipación a los padres y madres de familia lo que la educación de sus hijos costaría el siguiente año escolar de una manera consolidada.
Es cierto que hubo casos donde en algunas instituciones irresponsables el porcentaje de incremento en matrícula o colegiatura fue desproporcionado, sin relación alguna con el incremento del costo de la vida o las necesidades de inversión siempre importantes en instituciones que desean mantener estándares de calidad. ¿Por qué para evitar estos abusos se cambia la ley otorgando poderes de decisión a los padres y madres de familia y menoscabando el poder de los propietarios a ser responsables de la administración económica de sus instituciones? Cerramos un hoyo y abrimos uno tremendamente más peligroso para el país.
¿Habrá sido populismo o revanchismo? Los diputados deben a estas alturas saber que no se puede quedar bien con los votantes arriesgando la educación. ¿Y por qué se arriesga la educación cuando se impide a las instituciones privadas funcionar como privadas? Porque al final perderán calidad o desaparecerán.
Cuando los padres y madres de familia decidimos poner a nuestros hijos en un colegio en particular, es porque estamos convencidos que en él recibiremos la mejor calidad educativa posible por el costo que podemos pagar. Siempre hay algunos que toman esta decisión trascendental para la vida de nuestros hijos de una manera más superficial o por razones que poco o nada tienen qué ver con la calidad educativa. Pero, en general, confiamos en que las autoridades de la institución tomarán las decisiones correctas en términos de docentes, currículo, recursos y tantos otros factores asociados al éxito escolar.
Si bien es cierto que queremos ser protegidos de cobros indebidos o en exceso, también es cierto que queremos libertad para mantener a nuestros hijos en el colegio de nuestra selección. Y esta libertad peligra cuando dicha institución arriesga su calidad o su existencia misma por el control injustificado sobre sus ingresos que les ha otorgado la Asamblea Legislativa a los padres y madres de familia.
La propuesta de modificación en manos de la comisión de educación de la Asamblea Legislativa permitiría una solución a esta situación crítica, restableciendo las libertades y garantizando que no se caiga en excesos. La Asamblea debe decidir, y pronto, si le conviene al país que los inversionistas privados mantengan la responsabilidad por la calidad de la operación de las instituciones educativas que dirigen, incluyendo la relativa a la sostenibilidad financiera de las mismas.
No es conveniente comenzar con controles de precios populistas que arriesguen la calidad y la existencia misma de las instituciones. Sólo veamos la realidad actual de algunas de las instituciones públicas que por hacer política barata con el costo de sus servicios están en quiebra técnica.
Queridos diputados: Les agradecemos su intención, pero la medicina ha resultado peor que la enfermedad. ¡Urge modificar la ley ya!
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