Editorial. Publicada el 17 de Agosto. Tomado de El Faro.
La crisis de seguridad pública y el deterioro de la situación económica han impuesto las prioridades de la actual administración desde su llegada al Ejecutivo, hace dos meses y medio.
La pobreza alcanza ya a más del 40 por ciento de la población, y no es casualidad que esto suceda justo mientras aumenta el desempleo y las remesas sufren su primer retroceso desde que se lleva registro (cayeron más de 10 por ciento en el primer semestre de 2009).
El gobierno anunció un plan de medidas contra la crisis y negocia nuevos préstamos por $750 millones de dólares, y si bien las medidas emergentes son plausibles para sobrevivir a la actual crisis son insuficientes para apuntalar las bases de un desarrollo sostenible en El Salvador.
Algo similar sucede con la violencia, la delincuencia y el crimen organizado. Con doce asesinatos diarios en promedio, y con el narcotráfico y el crimen organizado amenazando la institucionalidad del país, El Salvador requiere medidas urgentes para evitar seguir los pasos de Guatemala y México.
Los cambios en la Policía Nacional Civil pueden ayudar a frenar el infiltramiento del crimen organizado en las estructuras de seguridad pública, pero deben ir acompañados de otras medidas que permitan un verdadero combate al crimen en El Salvador, entre ellas la designación de un fiscal independiente, probo, valiente y eficiente.
Tiene razón la actual administración cuando aclara que ha heredado esta situación de los gobiernos anteriores. Y ciertamente no podemos esperar que una situación acumulada durante años de políticas ineficientes en material de seguridad pública, y de políticas poco amigas de una distribución más equitativa del ingreso nacional, sean revertidas de la noche a la mañana.
Ambos problemas con complejos porque no solo tienen que ver con medidas dictadas desde el Ejecutivo ni pueden ser abordados de manera abstracta. La educación, la salud, la creación de empleos, la disminución de la inequidad, la transparencia en el ejercicio público, la justicia, la eliminación de privilegios para unos pocos y la atención a los sectores más vulnerables son necesarios para revertir una situación que está afectando a toda la población.
Pero ello requiere del acompañamiento y el compromiso de todos los sectores de la vida nacional, dispuestos a hacer sacrificios para el bienestar de la mayoría. El Salvador necesita un pacto económico y social en el que se involucren el Estado en todos sus niveles, empresarios, trabajadores, partidos políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil en el que se establezcan las pautas y los compromisos de cada uno para sacar adelante la actual situación.
El curso del Estado ya no puede ser visto como el resultado de un pulso entre diferentes poderes. O como los de abajo simplemente asumiendo las consecuencias de las decisiones de los de arriba. El Salvador necesita, hoy, el involucramiento de todos. Esa sería la mejor forma de aprovechar la crisis para establecer nuevas dinámicas nacionales, nuevas bases para la gobernabilidad y el desarrollo nacional. Para un verdadero cambio en El Salvador.
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