Falta de control lleva a más estafados con venta de lotes ilegales

Escrito por Mirna Jiménez. Jueves 13 de Agosto. Tomado de Diario Co Latino.

En 1999, Julio César Poca Sangre, les ofreció lotes a la familia de Miriam Concepción Rivera Hernández. Ellos sabían que él se dedicaba a eso y por la cercanía con el papá, que se suponía eran amigos del mismo pueblo, decidieron ir a ver los lotes.

«Ellos eran amigos de hace tiempo, nunca nos imaginamos nada raro, entonces, fuimos 7 familiares los que decidimos tomar una parcela en la Finca Las Mercedes, municipio de San Julián en Sonsonate», comenta Miriam, de 48 años de edad.

Más confianza tuvieron cuando una abogada, incluso, elaboró el contrato de compra venta, donde se comprometía a dar toda la documentación y hacer la venta final cuando estuvieran todas las letras canceladas.

«Pagamos $150 por el contrato, vimos a la abogada. Los precios eran diferentes entonces, se le empezó a pagar primero a Julio César, luego se le pagaba en el Banco Cuscatlán donde trabaja la esposa de él», relata.

Después de 4 años exactos de estarle pagando cuotas que variaban de unas a otras, Pocasangre le hizo un llamado por teléfono al papá de Mirian, diciendo que tenía un problema con la lotificación y que, por el momento, no pagaran al banco.

«Mi papá insistió en estarle preguntando qué pasaba, y él no aclaraba bien que pasaba, ni tampoco llegaba donde ellos, así que fuimos a buscarlo, nos atendió y dijo que tenía problemas de medidas, problemas con los permisos, entonces, pasó el tiempo y todavía le creimos», explica Miriam.

Pero la sorpresa fue que luego de un año, Pocasangre los evitó totalmente y no los quiso atender, cuando ellos se cansaron, el grupo familiar le pidió que mejor les devolviera el dinero y que todo quedara tranquilo sin complicaciones y a lo que Pocasangre accedió.

Luego, al pasar un año, otra vez no quiso atenderlos, entonces se fueron al Registro de la Propiedad, donde les explicaron que esas tierras, que les había vendido, fueron donadas por la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA) y les explicaron que se dieron las parcelas para un programa que se llama « Para Bien de Familia» y que esas tierras son intrasferibles.

No conformes, Miriam Hernández junto con otros parientes viajaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de Sonsonate, donde «lo citaron tres veces, pero no llegó», afirmó Miriam y agregó que también se fueron la Fiscalía General de la República (FGR), donde sí le hicieron una audiencia y pasó 4 días preso.

Pero esto de poco les sirvió, porque la jueza, que por cierto era vecina de Pocasangre, lo sacó y les dijo que fueron ellos los culpables, porque “habían dejado de pagar”. Si embargo, Miriam y su familia dicen que seguirán con la lucha para que se les devuelvan sus fondos, los cuales ascienden a 15 mil dólares.

El poder y corrupción afecta siempre al más desposeído
Los españoles y la oligarquía expropiaron de sus tierras a los indígenas, sobre los cuales lograron tener el poder. En la actualidad, muchas personas siguen siendo estafadas con ventas de lotes ilegales, lo cual solo recuerda la triste historia, donde el que tiene la influencia y el dinero, pisotea al que no puede defenderse.

Según datos proporcionado por el gobierno de la Administración de Elías Antonio Saca, existen 61 mil 288 familias estafadas con ventas de este tipo , según el último censo conocido, ya cancelaron su pedazo de tierra, pero no cuentan con una escritura de propiedad y no hay nadie que haga algo por ellas.

Las complicaciones van desde, parcelas hipotecadas y vendidas hasta dos veces, parcelas que por razones desconocidas han sido vendidas varias veces, así también algunos tienen gravámenes (impuestos), que son tan altos que no los puede pagar el dueño, entre otros.

Aún cuando es un problema que afecta a muchas personas, sobre todo a las de escasos recursos económicos, hasta ahora las instituciones involucradas como Alcaldías, Registro de la Propiedad y la Fiscalía General de la República ha hecho poco para terminar con estos abusos.

El pasado 5 de julio, la empresa «Jumbo Ingenieros», propiedad de unos extranjeros, se timaron a un aproximado de 30 familias con el dinero. A todas estas comunidades ni la alcaldía ni el gobierno central les puede dar ayudar con agua u otros proyectos por estar ilegales. Ante esto, algunos opinan que lo primero que se debería de hacer en El Salvador es ordenar el territorio.