Manuel Melgar, ministro de Justicia y Seguridad Pública: “Debería de proponerse a la Asamblea prohibir la portación de armas”

En un país en el que más del 80% de los homicidios se cometen con arma de fuego y en el que la portación es legal, al gobierno no se le ha ocurrido pedir al parlamento una reforma a la ley de armas. Y aunque el ministro de Seguridad dice estar convencido del beneficio que tendría la eliminación de la licencia de portación, admite que este gobierno no ha intentado nada para hacer la lucha. “De nada sirve llevar un decreto que no va a prosperar”. Y mientras las cifras de homicidio se mantienen prácticamente en una meseta -apenas abajo de 12 diarios-, Melgar sigue esperanzado en que las medidas anunciadas por Funes a mediados de junio reviertan las tendencias en un plazo que no puede precisar.

Escrito por Rodrigo Baires Quezada.10 de Agosto. Tomado de El Faro.  

El presidente de la República Mauricio Funes dio a conocer 10 medidas de seguridad pública el 18 de junio pasado en Casa Presidencial. Las enumeró una a una como parte de su plan global anticrisis, en cadena nacional. Junto a él compareció Manuel Melgar, ministro de Justicia y Seguridad Pública, para responder a las dudas que dejaba en el aire el presidente. Melgar pidió tiempo para echarlas a andar y para dar resultados. 40 días después, sigue pidiendo lo mismo, aunque asegura que hay avances.

La primera medida, en palabras de Funes, era aumentar la acción de la Policía Nacional Civil (PNC) en los seis municipios con mayor índice delincuencial: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Soyapango, Colón y Apopa. El presidente le llama “mayor índice delincuencial” al hecho de registrar mayor número de homicidios, no necesariamente tasas de homicidios. “Acá no hay medias tintas. Hay una decisión definitiva, que es terminar con la inseguridad y la violencia con políticas inteligentes y eficientes”, dijo el presidente.

Ahora, Melgar habla más de la prevención de la violencia que de cómo se está reaccionando contra ella; y muestra la creación de los Consejos Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) como la medida principal a hacerse. “Este es un concepto que pretende ser de nación y no de un gobierno”, dice Melgar en una exposición sobre la medida. “Se adoptó como fuente de esto las recomendaciones que había hecho anteriormente la Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social, del anterior gobierno… La idea es que estos consejos sean liderados por los alcaldes y las alcaldesas”.

¿Por qué dejar en manos de los alcaldes el modelo de prevención?
Porque ellos tienen un liderazgo local, han sido elegidos con base en una elección popular y, en ese sentido, tienen un nivel de legitimidad. Pueden perfectamente convocar al resto de instituciones -no sólo del gobierno central sino también de la sociedad civil- para estructurar un plan de seguridad. Una de las principales tareas que tendrían es el levantamiento de una especie de mapa de incidencia de la violencia, que se traslapa con el mapa de pobreza y cooperación nacional e internacional. Con este mapa se determina qué institución actuará y de qué manera lo hará en cada caso. Por ejemplo, si hay asaltos en una parada de buses entre las 5 y las 7 de la mañana, entonces se podría tener una patrulla de la PNC como un factor de disuasión. Si el problema es de deserción escolar, sería el Ministerio de Educación el que actuará; si es de alumbrado o recuperación de espacios públicos, serían la alcaldía, el FISDL o el MOP. Y también, en ese sentido, el accionar de la cooperación internacional.

Esta era la novena medida que anunció el presidente Funes...
… Sí, y ya hemos tenido reuniones con la cooperación internacional, que está muy dispuesta a enrumbar sus recursos a este esquema de prevención. Todo esto estaría muy vinculado a las Comunidades Solidarias –el anterior programa presidencial que se llamaba Red Solidaria- que anunció el presidente. Los Consejos Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) van caminando…

¿Han tenido buena recepción de las alcaldías?
Una gran receptividad de acaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos. Ellos están dispuestos a asumir el liderazgo. Hay experiencias positivas, algunas públicas y otras no; hay lugares donde ya se estaba haciendo un esfuerzo… Hemos encontrado mucha receptividad porque son los alcaldes los más interesados en que su municipio sea seguro.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública cuando empezó a intervenir espacios públicos tuvo un esquema parecido…
... La diferencia es que el CNSP, en períodos anteriores, realizó estas actividades sin la coordinación con las alcaldías. Muchas veces este esfuerzo entró en contradicción con los esfuerzos de los concejos municipales. La idea es que no haya contradicciones, sino coordinación. Por ejemplo, en Colón se tiene un proyecto del PNUD. Me he reunido con Guillermo González Huezo, un alcalde de Arena, y con el PNUD para orientar estos recursos en la prevención. A la alcaldía no le corresponde la parte de la seguridad y el orden públicos, pero perfectamente pueden hacer acciones de prevención social de la violencia y de hecho lo hacen.

Para algunos críticos de estas medidas, el gobierno pretende dejar la seguridad en manos de las alcaldías. ¿No es así?
Eso es falso. Asumimos la responsabilidad constitucional que tenemos. La Constitución dice que le corresponde a la PNC el mantenimiento del orden y la seguridad en lo urbano y lo rural. No se le está pidiendo a ningún alcalde que haga labores de represión e investigación, sino que labores sociales de prevención.

Si los planes de prevención parecen ir viento en popa, el Ejecutivo cosechó en las últimas semanas otras críticas a sus medidas de seguridad pública. Una de ellas: que se le ha dado mucha importancia a la prevención y muy poca a la represiva, cuando hay 12 homicidios cada día, extorsiones y el desafìo de las maras. Para gremios como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), pareciera que el Ejecutivo dejó de lado las primeras ocho medidas que Funes describió como “inmediatas”. Melgar lo sabe y asegura que por problemas logísticos solo se han podido comenzar a echar a andar poco a poco y que ya hay resultados.

¿Ya se aumentó la presencia policial en los seis municipios de mayor actividad delincuencial?
Se ha hecho el despliegue de 30 Grupos Conjuntos de Apoyo Comunitario (GAC, que anteriormente se conocían como Grupos de Tarea Conjunta o GTC) en San Salvador. Y tuvimos un pequeño retraso porque el mismo día que se hacía el anuncio de estas medidas la empresa privada de seguridad Serconse retiró sus servicios de varias instituciones del gobierno –ANDA, MOP, ISSS y Gobernación- y hubo necesidad de ocupar a elementos de la Fuerza Armada y de la PNC y de hacer un ajuste en los tiempos del plan. Ya se hizo el despliegue de un GAC en Soyapango y en los próximos días se hará muy probablemente en Colón. Así, en la medida en que tengamos personal, vamos a ir ampliando esta presencia.

¿Cuál es la diferencia entre los GAC y lo GTC?
El concepto. Recordemos que el nombre dice mucho de la actividad que van a desarrollar. El GTC es un concepto militar que es básicamente reacción ante una situación. Lo que proponemos es que estos GAC tienen como primera tarea ganarse la confianza y la simpatía de la ciudadanía. Estos grupos tienen que ver al ciudadano como una persona a la cual hay que ir a proteger y no como un enemigo potencial.

¿Cuál es la diferencia en la práctica si los GTC también nacieron como medidas de disuasión en la zona rural y luego se desplegaron en lo urbano?
Una diferencia es que existían en teoría, pero en la práctica no. Lo que hemos hecho es recuperar ese territorio.

¿Esta presencia ha cambiado los índices delincuenciales?
Fíjese que ha disminuido el comportamiento de los homicidios (Pasando de 12.45 diarios que había hasta mayo a 11.20 en junio y 11.24 en julio, según los datos que mostraría después de la entrevista). Puedo asegurarle que en la región metropolitana han disminuido los homicidios. ¿Desde cuando no hay un asesinato en el centro de San Salvador?

No lo sé, usted dígamelo.
Digamos, de lo que recuerdo, cuando asesinaron a unos vigilantes de una empresa privada de seguridad. Desde ahí hubo mayor presencia que arrancó con operación exitosa en el centro, en el que se capturaron 48 personas.

¿Y ya se echó a andar el plan de protección escolar que también sería “inmediato”?
Bueno, estas escuelas también están en estos municipios más problemáticos. En la medida en que vayamos haciendo el despliegue, también se atenderá las escuelas.

¿Y los equipos antiextorsión?
Hay un incremento de las unidades especializadas de investigación. Aunque no sé cuál es el número exacto de equipos antiextorsión, es un detalle que no conozco pero que maneja la dirección de la PNC.

La palabra “inmediata” acompañó las medidas anunciadas del presidente Funes de principio a fin. Melgar lo sabe, pero matiza esa inmediatez a la disponibilidad real de recursos económicos, logísticos y humanos. “Se ha ido lo más rápidamente posible”, repetiría una y otra vez cada vez que se le pregunta si la respuestas del Ejecutivo ha sido la mejor ante los problemas de delincuencia en general.

El 11 de junio, el presidente Funes habló de desplegar mil 300 agentes de la PNC. ¿No era así?
Hay alrededor de 500 policías de las promociones 95 y 96 del nivel básico que ya se graduaron y están en sus casas esperando sus plazas correspondientes. El Ministerio de Hacienda ya reservó los fondos para las plazas pero hace falta que éstas sean aprobadas por la Asamblea Legislativa.

¿Ya se presentó la solicitud a la Asamblea?
No sé si este día (jueves anterior a la vacación de agosto) ya fue presentado. Lo desconozco… Pero la idea era que se enviaran en esta semana. Si se aprueban estas plazas, inmediatamente llamamos a estos 500 miembros y se estarían incorporando al despliegue.

¿Son casi dos meses esperando el despliegue?
Sí, pero a ese nivel está la gestión. Ya están los recursos económicos y los policías, que son la parte que al Ejecutivo nos corresponde. Además, hay 300 plazas de policías que están pidiendo su reingreso pero la ley dice que tienen que ir a un curso de actualización en la Academia Nacional de Seguridad Pública,

Un curso que no ha iniciado. Entiendo eso que me explica, pero –y cito textualmente al presidente Funes- se dijo: “Se reincorporarán lo más rápidamente posible más de 1 mil nuevos agentes”…
… Sí, y esto es lo más rápidamente posible.

Esta era otra de las propuestas: “Reforzamiento logístico inmediato”.
Sí, ya está todo pagado, y no sé si ya sacaron el armamento y municiones de Aduanas. Algo se ha hecho en compras de materiales para mejorar las condiciones de los puestos policiales, pero sin duda sigue siendo insuficiente. Desearíamos que los puestos tuvieran condiciones más dignas.

El Ejecutivo ha optado por una veda de armas en ciertos municipios, en lugar de buscar una reforma legal que establezca la prohibición total de portación de armas de fuego, una propuesta antigua que el FMLN y Cambio Democrático apoyaron en varias ocasiones en la Asamblea Legislativa, donde Melgar era diputado. Si más del 80% de los asesinatos se cometen con arma de fuego, ¿cambió su visión de la solución del problema? No, dice el ministro de Justicia y Seguridad, pero se escuda en que en la Asamblea Legislativa no hay votos suficientes para prohibir la portación y, por lo tanto, es mejor no perder el tiempo y hacer las cosas asequibles.

¿Por qué la veda de armas y no la prohibición de la portación?
Lo que pasa es que la Ley de control y regulación de armas de fuego establece, en el artículo 62, que puede imponer vedas de armas y que esto debe de hacerlo en comunicación con los alcaldes y alcaldesas. Algunas cosas, por esta emergencia, ya se están aplicando como la veda durante las fiestas agostinas en ciertos lugares del país. En otros municipios estamos todavía platicándolo con las alcaldías para no entrar en contradicciones con la apreciación que ellos tienen.

¿Por qué no decretar por ley la prohibición de portación de armas a nivel nacional?
Eso no le corresponde al presidente de la República, le corresponde a la Asamblea Legislativa. Cuando es algo parcial en tiempo y espacio, el presidente tiene la facultad.

Pero el presidente tiene iniciativa de ley y puede proponerlo.
Sí, es una buena idea que deberíamos proponerla a la Asamblea. Personalmente estoy de acuerdo con que se debe de eliminar la licencia de portación de armas, pero es algo que tiene que platicarse con la Asamblea y ver el nivel de viabilidad que tiene, porque de nada serviría enviar un proyecto de ley si no tendrá éxito.

Los números hablan por sí solos: Ocho de cada 10 homicidios se perpetran con arma de fuego, y en ocho de cada 10 hechos delictivos donde hay un arma de fuego -incluso una legal- hay un herido o un asesinado. ¿Por qué no quitar la portación?
Es que si se quiere hacer a nivel nacional, tiene que hacerlo la Asamblea Legislativa. Esa es mi apreciación, pero habría que hacer un estudio legal. Le repito que soy de la opinión que debería de prohibirse la portación de armas, que debería de proponerse a la Asamblea Legislativa… Pero hay que tratar de conocer la viabilidad que tendría esto porque de nada sirve llevar un decreto que no va a prosperar; y usted sabe que en la Asamblea hay opiniones encontradas. Esto ya se ha discutido y nunca tuvimos la correlación para que prosperara. Hay una percepción dividida de la ciudadanía, hay personas que consideran que tener un arma es un factor de seguridad.

Las cifras muestran lo contrario, que tener un arma cuando se es asaltado multiplica por cinco el riesgo de morir...
Eso es lo que dicen las estadísticas. Pero como percepción, está dividida la ciudadanía.

¿Y por qué no proponerlo y generar una nueva discusión en la Asamblea?
Es importante y debemos hacer la reflexión para ver si se hace, para proponérselo al presidente y ver si hay una iniciativa de ley.

Mientras las medidas se están echando a andar poco a poco, las críticas no se han hecho esperar. Federico Colorado, presidente de la ANEP y una de las personas que aplaudió en su momento el anuncio de Funes, dijo a mediados de julio que habría que replantear el paquete de medidas de seguridad. “Lo que tiene que importar son los resultados y se hace necesario hacer un replanteamiento para que los índices puedan mejorar”, dijo.

Miremos las críticas a este plan de seguridad. Para muchos, estas 10 medidas no han sido lo suficientemente rápidas.
Es difícil erradicar en 60 días un problema que tiene decenas de años. Heredamos un país en crisis económica, fiscal, en valores y seguridad y difícilmente se pueden ver resultados inmediatos.

En el último quinquenio, sólo el 45% de los homicidios investigados por la PNC fueron resueltos. En otras palabras, sólo nueve de cada 20 homicidios investigados terminan con la captura de alguien.
Ese es el país que encontramos. Me está dando cifras de 2004 a 2009.

Son las cifras de las que ustedes tienen que partir y resolver.
Sí, pero ese es el país que encontramos. Y estamos trabajando bien con la Fiscalía para ello.

Para otros, pareciera que están más preocupados en la parte preventiva que en la represiva.
No, vamos a presentar unas estadísticas en donde los niveles de captura han sido superiores. La operatividad de la PNC no se ha detenido. Otra cosa es ya como la Fiscalía sustenta la acusación y la valoración de los jueces, que son cosas que salen de nuestra competencia.

¿Qué diferencias hay entre estas 10 medidas y otras similares que fueron propuestas por Saca en marzo de este año?
Mire, es el concepto. Ellos siempre hablaron de mano dura, supermano dura y después requetedura. Nosotros estamos hablando de un plan integral que tiene un énfasis en la prevención, sin descuidar la investigación científica del delito y la rehabilitación de todas aquellas personas privadas de libertad. Hay una diferencia fundamental de concepto y de énfasis. Lo que pasa es que ellos hasta hacían show de esto. Lo que nos interesa a nosotros es que aquella persona que haya cometido un hecho delictivo vaya ante la justicia y luego a la cárcel. Y esto hay que hacerlo con los niveles de fuerza que la ley establece.

¿Qué le diría usted a los críticos que están diciendo que no se está haciendo lo suficiente?
Que es una opinión y por ello estamos explicando lo que estamos haciendo.

Por ejemplo, la ANEP y la Cámara de Comercio están diciendo…
… Bueno, es respetable la opinión de ellos. Pero también hay opiniones de gente que dice que el plan sí va a funcionar. Es decir, está dividida la sociedad en esto. Ahora, el hecho de ser de la ANEP no difiere de la opinión de un campesino, de un obrero, de una persona que vive en una zona marginal… Es una opinión al final.

Pero la ANEP tiene peso social pues representa a una base importante de empresarios y dice:  “Sin seguridad no podemos generar más empleo”.
Igual podría decir yo: sin más empleos no hay seguridad.

Hasta donde entendí el anuncio del presidente Funes, en la medida en que todas las medidas se echen a andar, se tendrá soluciones. Por el contrario, si una de ellas falta, no las habrá. ¿Cuánto tiempo más se necesita para echar a andar todas estas medidas?
Mire, el presidente Funes fue electo con base a un programa para ejecutarse en cinco años. Eso no quiere decir que no se puedan pedir y dar resultados en términos inmediatos. Estamos trabajando en eso. La reacción de la PNC cada vez es mejor… Por ejemplo, el miércoles 29 de agosto hubo un secuestro y se resolvió en dos horas.

¿Y en cuanto tiempo bajará la cifra de 12 homicidios cada día?
Se va con mucha dificultad, pero va bajando. No puedo decir que en dos meses se establecerá una tendencia irreversible. Y estoy de acuerdo que es alto el índice de homicidios.

¿Me podría decir si en un año habrá una tendencia irreversible?
Bueno, hay que irlo viendo en el camino. Hay que ver qué ajustes hay que hacer al plan y estamos en la disposición de hacerlo. Nadie en esto tiene la verdad absoluta.