Como producto de los chantajes que mantienen las pandillas contra el sector transportista han sido acribillados 112 personas, entre conductores, cobradores, empresarios de las unidades y hasta pasajeros en lo que va del año.
15 de Agosto. Tomado de La Página.
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, afirmó hoy que no despedirá al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, como demandaron este viernes transportistas que protestaron por chantajes y crímenes.
Funes señaló que el fenómeno de las extorsiones y de la delincuencia en general es un problema muy grave que heredó su gobierno el primero de junio pasado y estás trabajando para combatirlo.
"Vamos a hacer lo mejor de nuestro esfuerzo, pero yo puedo aceptar que me pidan la cabeza de un funcionario cuando está poniendo mucho empeño", aseveró Funes al periodistas al defender a Ascencio, quien dijo es uno de los mejores policías.
El gobernante salvadoreño pidió paciencia y prometió que a la brevedad posible se tendrán resultados positivos e incluso adelantó cambios de algunos dispositivos de seguridad para hacerle frente a las extorsiones que han crecido en los últimos días.
Los transportistas de una ruta que conduce de la populosa ciudad de Soyapango a San Salvador, bloquearon el importante Bulevar del Ejército, en protesta por varios de sus empleados en los últimos días, en el más reciente ocurrido el miércoles.
Como producto de los chantajes que mantienen las pandillas contra el sector transportista han sido acribillados 112 personas, entre conductores, cobradores, empresarios de las unidades y hasta pasajeros en lo que va del año.
La modalidad de las pandillas es asesinar a los transportistas que se niegan a pagar el denominado "impuesto o renta" para tener derecho a circular.
Funes insistió que no hay negligencia por parte de la PNC para erradicar la delincuencia de El Salvador, pues ésta es una situación heredada de 20 años de gobiernos anteriores.
Reiteró que la tardanza que todavía sigue para elegir al fiscal general del país por parte del Congreso está afectando el desarrollo institucional del Ministerio Público, que por mandato le corresponde administrar, organizar y dirigir la investigación del delito.
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